Puntofijo: un acuerdo para la gobernabilidad

Ayer se cumplieron 55 años de la firma del Pacto de Puntofijo (se escribe así porque debe su nombre al punto más alto de la carretera entre Nirgua y San Felipe, nombre dado a la casa donde se suscribió el acuerdo por encontrarse indispuesto de salud su propietario y uno de sus firmantes, Rafael Caldera). Su único propósito era establecer unas bases mínimas para la campaña electoral y las elecciones a celebrarse el 7 de diciembre de ese año, dada la imposibilidad de una candidatura de consenso; así como crear un frente nacional de defensa de la democracia y proponer las bases de un programa mínimo de gobierno a cumplirse, indistintamente de quien resultase favorecido electoralmente (como lo fue Rómulo Betancourt, con el 49,18% de los votos).

Era una declaración institucional en defensa de la naciente democracia venezolana que bien puede resumirse en la aceptación de los resultados electorales por los candidatos, su compromiso – y el de sus partidos - con un gobierno de unidad (en el que las fuerzas políticas hacían un frente único ante las amenazas ciertas contra el nuevo orden democrático y reconocían a favor de la democracia todos los votos sufragados por cualquiera de los tres candidatos), así como la aceptación de unas bases comunes para fortalecer la naciente democracia por aquél que llegara a presidir ese primer gobierno democrático, incluyendo la redacción de un nuevo texto constitucional (el más longevo que hasta ahora hayamos tenido, 38 años), sancionada unánimemente por el Congreso Constituyente el 23 de enero de 1961 (incluido el PCV).

Si bien no fue suscrito por el PCV, mal puede decirse que el PCV quedó excluido del pacto de Puntofijo. Al cierre de la campaña electoral de 1958 fue complementado por una declaración de principios y un documento contentivo del programa mínimo común (esas bases mínimas aceptadas por todos los participantes como el programa de gobierno a seguirse indistintamente del resultado electoral), suscritos por los tres candidatos, Rómulo Betancourt por AD, Rafael Caldera por COPEI y el entonces presidente de la Junta de Gobierno Wolfgang Larrázabal (separado de la misma por su postulación y sustituido por Edgar Sanabria), por la alianza URD-PCV, por lo que el PCV aceptaba implícitamente los compromisos del pacto suscrito el 31 de octubre de 1958.

El Pacto de Puntofijo tenía previsto regir solo el primer período democrático (1959-1964), como en efecto sucedió. Luego cada organización fue asumiendo posturas más duras y desde luego, surgieron otras nuevas (como el MAS, el MEP, la Causa R y muchas más). Sin embargo, el III Congreso del PCV declara en 1961 que la lucha en Venezuela no puede ser pacífica y asume una postura beligerante, ratificada posteriormente por el Comité Ampliado del PCV en abril de 1964. Al suscribir la declaración de principios y el programa mínimo común complementarios, el PCV reconocía y aceptaba la idea esencial del pacto: crear un frente común para la defensa de la democracia y de la voluntad popular expresada electoralmente frente a salidas de facto, como la que ofreció de hecho el PCV con su propuesta de lucha prolongada de guerrillas. El PCV violó ese acuerdo de convivencia pacífica y justamente por esa razón terminaron excluidos. Solo el reconocimiento que hicieran primero algunos líderes subversivos militantes del PCV (como Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez) a fines de 1965 y luego el propio PCV, en 1967, sobre la imposibilidad de un triunfo militar de la guerrilla y la consecuente conveniencia de retomar la civilidad democrática permitió su reinserción plena en la política venezolana.

Sobre el pacto de Puntofijo se han creado muchos mitos. La verdad es que tan solo fue un acuerdo necesario para resguardar la democracia de amenazas violentas procedentes de la rancia casta perezjimenista (creyentes de las patrañas difundidas en estas tierras por la Escuela Militar de Chorrillos) y de la pequeña izquierda subversiva (influenciada por Marx y animada por el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959), como lo fueron las insurrecciones militares de los años siguientes (en las que podrían sumarse las de 1992). Cumplió su cometido, y por primera vez en el siglo pasado, un presidente popularmente electo entregaba el poder a otro electo bajo las mismas condiciones, y en 1969, AD aceptó el triunfo de Rafael Caldera a pesar de existir una mínima diferencia de votos (27 mil votos) con su contendor adeco, Gonzalo Barrios. Por primera vez un presidente electo por medio del voto directo, secreto y universal (Raúl Leoni) entregaba el poder a un presidente del partido opositor (Rafael Caldera), igualmente electo en las urnas.

Cabe señalar como conclusión y, sobre todo como enseñanza, que urge hoy un nuevo pacto para la gobernabilidad democrática de la República. Urge un consenso entre los factores democráticos dentro y fuera de la MUD, así como en el seno de la alianzas de partidos que conforman el gobierno, para dar cabida a un modelo verdaderamente democrático, que incluya a todas las corrientes del pensamiento comprometidas con los valores democráticos, pero no unos cualquiera que venga a ocurrírsele a alguien sino aquéllos aceptados por la doctrina.