Qué celebramos hoy

El 23 de enero de 1958, las Fuerzas Armadas depusieron al general Marcos Pérez Jiménez (en realidad a la dictadura militar que él encabezaba). Muchos imaginan que el golpe fue violento. Sin embargo, el acto de desconocimiento de su autoridad no lo fue. No hubo, de hecho, un solo tiro. Otra cosa fueron los saqueos posteriores, el asalto a la Seguridad Nacional y linchamiento de esbirros. Pero ese es otro tema. Volvamos a lo nuestro.

A partir de la Carta Pastoral de monseñor Arias Blanco, se iniciaron los encuentros entre los líderes políticos y los hombres de armas. Una realidad trágica había sido desnudada. Los diversos sectores de la nación comenzaron a considerar la necesidad de un cambio drástico de rumbo. Y si bien es cierto que soldados hurtaron las urnas el 30 de noviembre de 1957, también lo es que el 1° de enero siguiente hubo un alzamiento militar, otro el 11 de ese mismo mes y, por último, el golpe de Estado del 23, que puso fin a diez años de dictadura (de los cuales, solo cinco fueron dirigidos por Pérez Jiménez).

Hubo pues, un golpe de Estado militar, que, al igual que otras veces, convocó a los civiles para asumir la conducción nacional. La Junta de gobierno inicial devino en otra cívico-militar por objeciones del liderazgo político a dos de sus integrantes (Abel Romero Villate y Roberto Casanova), hombres muy vinculados al régimen depuesto. En octubre, vista imposibilidad de un candidato unitario, AD, Copei y URD suscribieron un acuerdo que todos conocimos como el Pacto de Puntofijo (llamado así porque ese era el nombre de la casa donde se firmó, la de Rafael Caldera), acuerdo que permitió no solo crear un programa común de gobierno, sino además, y acaso más importante, ofrecer un mínimo de gobernabilidad a la naciente democracia. En diciembre de ese mismo año, hubo elecciones directas, secretas y universales, que, como bien sabemos, ganó Rómulo Betancourt. Se daba inicio a nuestra democracia, celebrada en su tercer aniversario con la sanción de la Constitución de 1961, uno de las mejores que hayan regido en este país. Eso es lo que hoy celebramos: el avenimiento de la democracia en Venezuela.

El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares se alzó en armas con el único propósito de adelantar una revolución socialista a espaldas del sentimiento popular de rechazo de los venezolanos, expresado claramente en las votaciones logradas por la izquierda radical y los grupos perezjimenistas desde 1958 hasta 1993. Herederos de otras sediciones anteriores, que sin  fundamentos de hecho comprobables que en efecto demostrasen la existencia de un régimen esencialmente injusto y contrario a los principios democráticos, intentaron deponer el régimen instituido en 1958. El golpe fracasó, y aunque Chávez venció en las elecciones de 1998, la nación no deseaba abandonar el modelo democrático, y mucho menos la involución de todo tipo que ha significado esta malhadada revolución. Otra cosa que es que demandaran transformaciones  para corregir vicios y errores. . Quería otro tipo de cambios. Cambios que sin dudas se estaban desarrollando desde el propio poder, como la elección directa de las autoridades regionales y locales, a pesar del profundo rechazo de AD (entonces partido de gobierno), aunque el discurso del establishment no los reconociese.

Hoy por hoy, plantear el desconocimiento de la autoridad es prácticamente un sacrilegio para los sectores opositores; y para el gobierno, un delito. Cabe señalar, no obstante, que sin las acciones del 23 de enero, no hubiese sido posible la transición hacia la democracia que en esta fecha celebramos. No se trató entonces del desconocimiento en sí mismo, sino de los hechos que lo justificaron moralmente, y que en efecto, desnudó en su momento la Carta Pastoral de monseñor Arias. Y si hoy volviesen a darse esas mismas condiciones, de nuevo la moral justificaría una acción semejante.  

Unas breves consideraciones sobre el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional

El pasado 9 de enero, la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro.

El artículo 233 de la CRBV prevé como faltas absolutas del presidente las siguientes:

1.      La muerte.

2.      La renuncia al cargo.

3.      La destitución.

4.      La incapacidad física o mental.

5.      El abandono del cargo.

6.      La revocatoria de su mandato.

Sobre las causales señaladas en los punto uno y dos no hay mucho que aclarar. Son obvias e indiscutibles. Tampoco sobre la revocatoria (salvo la concurrencia del CNE, que es el ente llamado a realizarlo, y una vez hecho el cómputo de las boletas, declarar si hubo o no revocatoria del mandato).

La destitución corresponde al TSJ. La incapacidad requiere el concurso de una junta médica designada por el TSJ y la aprobación de la Asamblea Nacional.

Sobre el abandono del cargo, el texto constitucional es muy claro: la declaratoria corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional. No requiere del concurso de ningún otro poder. La redacción no admite discusión alguna.

El tema no es pues, si la Asamblea Nacional puede o no decretar el abandono del cargo, sino qué puede calificarse como tal.

En este asunto convergen dos elementos: uno jurídico y otro político. Sobre el primero cabe decir que el quid se plantea sobre la definición de abandono del cargo, como ya se dijo. En cuanto al segundo, cabe decir que es una decisión otorgada exclusivamente al Poder Legislativo porque el constituyente quiso darle carácter político.

La Constitución no define qué puede entenderse por abandono del cargo. Abandonar un cargo o servicio no se limita sin embargo a la mera ausencia física del funcionario público, sino que implica la dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es titular el servidor público. Es pues, un asunto que debe probarse. ¿Ha dejado el presidente Maduro de ejercer sus deberes y responsabilidades en forma voluntaria definitiva? ¿Se corresponden los hechos con lo previsto en la norma?

Las atribuciones del presidente están previstas en el artículo 236 de la CRBV. Nos interesan sobremanera los numerales 1 y 2, que corresponden al debido acatamiento de la ley, propio de todo estado de derecho; y desde luego, al acto de gobernar. Sobre el primero, abundan las ilegalidades en el ejercicio de su mandato, como obviar la necesaria aprobación presupuestaria por parte de la Asamblea Nacional o ampararse en sentencias abiertamente contrarias a derecho para anular de facto al Poder Legislativo. En el segundo, la situación es ambigua.

Nos encontramos de nuevo ante una disyuntiva semántica: qué significa gobernar. Viene al caso entonces recordar el carácter político de la Asamblea Nacional y de por qué el constituyente le atribuyó exclusivamente a la Asamblea Nacional la potestad de decretar el abandono del cargo por parte del presidente de la República. La razón pareciera ser clara: el constituyente entendió el abandono del cargo como un tema político.

Si analizamos análogamente el derecho a rebelarse, entendemos, como bien lo señala el texto de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que no deriva de una norma previamente sancionada por un cuerpo legislativo, sino de principios fundamentales e inherentes a todos los seres humanos, que no necesitan ser previamente reconocidos por ley alguna. Sin embargo, esas condiciones que justifican el derecho a desconocer la autoridad deben demostrarse, o, dicho de otro modo, deben señalarse los hechos que autorizan el ejercicio de ese derecho. Asimismo, el abandono del cargo, aunque sí está previsto normativamente, se deriva igualmente de  hechos concretos, y es la Asamblea Nacional la única competente para decretarlo, previa comprobación de los mismos.

Ahora bien, la crisis venezolana no es una opinión (que no son jamás verdaderas o falsas). Es un hecho palmario, cotidiano; que se manifiesta a diario en carestía y escasez de alimentos y medicinas, en la inseguridad campante, la mendicidad creciente, la ausencia de servicios básicos eficientes, y en algunos casos, hasta la inexistencia de una autoridad que asuma sus atribuciones conforme a la ley. Podría hablarse pues, de lo que periodistas y comentaristas políticos han denominado como Estado fallido.

El presidente Nicolás Maduro ha fallado claramente en la entrega de los servicios básicos que se espera de todo gobierno.   

La Asamblea Nacional no solo tiene su origen en el voto popular, al igual que el presidente; sino que, siendo un cuerpo colegiado que reúne a las diversas colectividades que conforman la nación, es el órgano político por excelencia, y por ello, distinto de las otras instancias (el TSJ, el CNE y los órganos que constituyen el Poder Moral), son sus integrantes responsables en lo que concierne a la toma de las decisiones políticas. Y como ya se dijo, la falta de control de los otros poderes sobre la declaratoria de abandono del cargo del presidente supone el reconocimiento  del carácter político de ese decreto.

Encuestas más, encuestas menos, la mayoría (se habla de un 90 %) desea cambios en la dirección del país. Los padecimientos cotidianos de la gente y la indolencia del gobierno para rectificar las políticas, que a juicio de la mayoría de los expertos es la génesis de los problemas; bien puede asemejarse al abandono del cargo. Su declaratoria constituye una salida conforme a derecho para solventar la crisis, vista la plausible negativa del gobierno a contarse en unas elecciones u ofrecer cualquier alternativa de cambio. Se evitaría de ese modo, una ruptura del orden institucional y constitucional (no hay cambio de instituciones ni violaciones al contrato social), siendo una medida encausada dentro de la institucionalidad y el Estado de derecho; y, permitiría garantizar un mínimo de gobernabilidad a Venezuela, que, como ya se dijo, hoy luce como un Estado fallido.  

Ahora bien, como toda decisión política, para que sea efectiva y realmente se traduzca en una transición, requiere el consenso de los factores de poder, y en estas tierras, especialmente el de los militares… cabe preguntarse entonces, ¿lo hay?

Llamar al diablo

Puedo decir, sin querer ofender a nadie, que en el pasado, muchos clamaron por una bota militar, creyendo en pajaritos preñados, o aun peor, añorando mentiras, y vino. Como el refranero popular sabe, sin embargo, no es lo mismo llamar al diablo, que verlo llegar. Y lo llamarón sí, y apareció, con su tufo, sus trampas. Lo llamaron, sí, y llegó. Pero dice el refranero popular, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar.

Acusaron a quién no debían de los errores, y hoy, esos errores han crecido como el monte en los terrenos baldíos, que es lo que somos ahora. Uno montaraz, al que de paso, le cayó bachaco. Más por ego, por soberbia y afán de figurar, muchos ayer, vendieron su alma al diablo, porque ese es su pecado favorito, la soberbia. Y hoy, el diablo, que jamás olvida sus acreencias, cobra. Y nos cobra con saña.

Le creyeron a un felón. O lo que es más reprochable, quisieron creer en él o acaso, mucho más feo, que cual monigote, lo manejarían a su antojo. Y a un hombre con su poder, no lo mangonea nadie. Y el felón se rodeó de felones. Y aun así, les creyeron a todos y les siguen creyendo. Porque creer lo increíble a veces duele menos.

Nos quejamos, pero en lugar de actuar, nos quejamos. Y todos, creyéndose mesías de una nación depauperada espiritualmente, solo escuchan el ruido sordo de sus propias voces. Mientras, los demás, usted y yo, solo escuchamos el ruido del hambre, que como las trompetas de Jericó, puede que su estruendo derribe los muros de la tiranía. Pero, vista la idiotez reinante, no dudo que caigan para que en su lugar crezca hierba mala y monte, y en sus escondrijos, las alimañas aniden a sus críos.

No quiero ofender, pero llamaron al diablo, y el diablo vino. Ahora toca ver quién exorcizará a los demonches, que emergidos de sus sentinas malolientes, deambulan por nuestras calles y nuestras vidas, haciendo lo que hacer saben los demonches.

¿Hay con qué?

Ayer, la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro Moros. Alejandro Martínez Ubieda escribió en su muro de Facebook una crítica muy dura sobre esa «medida desesperada». Y sin estar del todo errado, dijo que una decisión como esa sería un pésimo precedente.

Ahora digo yo, no se trata del precedente, que podría ser fatal ciertamente, sino de las motivaciones de hecho – las pruebas – para justificar el derecho a desconocer la autoridad del presidente o de un gobierno; porque con ese argumento, el derrocamiento del general Pérez Jiménez sería igualmente un mal precedente (que en efecto emularon muchos después).

Existe ese derecho, desde luego, como lo expresa la Declaración de Independencia de los Estados Unidos; pero no cabe la menor duda de que ese acto de rebelión debe justificarse. Es por eso que esos llamamientos al artículo 350 de algunos extremistas son solo cajas sonoras.

La pregunta entonces no es si es conveniente jurídicamente, como si se tratara de una gestión gubernamental deficiente. Y bien sabemos todos que ese no es el caso. Se trata de si hay con qué tirarse esa parada. Yo no lo sé. Intuyo que no, pero no lo sé.

La mesa de diálogo es, sin lugar a dudas, una trampa caza-bobos. El gobierno jamás ha tenido intención de dialogar. Solo desea correr la arruga a ver si aumentando sueldos y buscando formas de endosar sus culpas a otros recupera la popularidad que Maduro ha perdido de forma pasmosa. Casi puede decirse que echó por el caño la popularidad de Chávez (que arropaba al proyecto, verdadera causa de esta desgracia). El diálogo debe ser constante con todas las llamadas «fuerzas vivas», para que colectivamente se decida la transición del actual intento de imponer ilegítima e ilegalmente un modelo socialista a nuestra tradicional democracia representativa.

No se busca esa transición porque Maduro y su régimen sean deficientes. Otros ya lo fueron antes y ciertamente, no se justificaba un golpe de Estado, como lo pretendió el movimiento del que Chávez era parte. Se busca recuperar la República y su institucionalidad democrática. Se pretende evitar que un grupo secuestre a la nación para impulsar un modelo que además de probadamente fallido, lo ha rechazado la mayoría de los venezolanos desde hace mucho, como en efecto lo advirtió Rómulo Betancourt en la década de los ’30 del siglo pasado.

Insisto, «el abandono del cargo» no sería menos robusto que las causas baladíes por las cuales destituyeron a Carlos Andrés Pérez en 1993. No obstante, una medida así requiere del apoyo de todos los sectores nacionales (incluida buena parte del Psuv). Me pregunto, ¿tienen con qué tirarse esa parada? 

Entre la mesa de diálogo y caerse a tiros

La transición es un tema complejo. No admite análisis simplistas. Saber, como sabemos, que la élite no entregará el poder fácilmente no define la forma como Venezuela transitará de este régimen a uno verdaderamente democrático. Ese viraje, por lo demás necesario, depende de las correlaciones de fuerza entre las diversas expresiones de poder. Los factores económico, militar, eclesiástico, político, sindical y otros que no alcanzó a enumerar son los que en definitiva podrán articular alguna alternativa.

La transición no está planteada únicamente entre la mesa de diálogo y caerse a tiros. Existen otras vías para el cambio. Muchas. Todo depende de cómo se planteen las necesidades de los grupos de poder y su fortaleza real para imponerse. Es una verdad de Perogrullo que si llegan a unirse varios de esos factores, la presión sobre los otros puede excitar un punto crítico que impulse las transformaciones. Sobre todo en uno que ha sido protagonista en los giros políticos de Venezuela y América Latina: el ejército.

Algún grupo radical dentro del chavismo podría dar un golpe de palacio e imponerse sobre los demás. O una alianza de distintos grupos de poder podría dar cauce a una transición consensuada… Hay, sin lugar a dudas, un amplio espectro de posibilidades para el futuro. Es cierto que en el proceso puede generarse violencia. Sin embargo, no sería necesariamente la forma como se concretaría una eventual transición. Aún más, me atrevería a afirmar que un estallido social podría presionar lo suficiente para impulsar cambios, pero en sí mismo no es garantía de que estos sucedan. Por el contrario, podría degenerar en una masacre inútil.

En medio de esta amplitud de escenarios, existen dos elementos trascendentes: la severa crisis y la necesidad de encontrarle una solución estructural. No hablo de lo que debe ser, sino de lo que normalmente ocurre en estas circunstancias. Sobre todo porque este próximo 10 de enero Nicolás Maduro pasa ser una ficha prescindible. La élite no perdería el poder en caso de renunciar el presidente, que pareciera ser incómodo aun para su propio partido. Y podría compartirlo eventualmente con la oposición como una forma de alcanzar un mínimo de gobernabilidad. No luce descabellado.

Así como la MUD es una alianza de partidos con agendas diversas, dentro del Gran Polo Patriótico también convergen distintos intereses. Creer que son un calco del proyecto cubano me luce desacertado. Prueba de ello es la creciente disidencia de factores que hasta recién apoyaban al proyecto chavista.

No sé cómo habrá de plantearse la transición. Ni siquiera si esta llegue a materializarse este año. Resulta obvio, no obstante, que la nación exige cambios; por lo demás, urgentes. Con la actual dirigencia estos son improbables. Pero, en medio de todo, resulta muy posible, sin embargo, que el próximo 10 de enero, sea el propio Psuv el que impulse la renuncia de Maduro. Quién lo suceda en el cargo dependerá en gran medida de cómo se planteen las correlaciones de fuerzas.