Todas
las encuestas, aun ésas vinculadas con el oficialismo, apuntan a una derrota
semejante a la sufrida por el régimen militar polaco del general Wojciech
Jaruzelski en 1989. Hay razones suficientes para creer que por primera vez, el
chavismo está contra la pared y encara una derrota que sin dudas, puede
costarle el poder.
Sabemos
que la vía democrática al socialismo planteada por Salvador Allende en Chile fue
una estafa. Lo único democrático fue la victoria electoral. Lo dice bien Carlos
Alberto Montaner en un artículo sobre Maduro y sus conmilitones, la revolución
no será entregada jamás. Dicho de otro modo, el poder no será cedido y las
elecciones son solo una fachada para ocultar la verdad sobre esta revolución: es
una dictadura socialista. Sí, ¡una dictadura socialista como ésa que rige en
Cuba!
Hay
además, mucho miedo sobre el porvenir. Las noticias que logran difundirse a
pesar de la censura no auguran tranquilidad para quienes podrían verse
sometidos a procesos penales por la comisión de delitos de lesa humanidad e
incluso, de delitos comunes. Necesitan mantener el poder, aunque visto el grave
deterioro económico y el creciente descontento popular, eso ya no parece
posible.
Supongo
que el alto gobierno conoce su precariedad. Su discurso retórico es aun lógico.
Desean animar a la gente que alguna vez creyó en ellos. Maduro carece no
obstante del carisma de su predecesor y sobre todo, de la descomunal renta petrolera
que favoreció a Chávez. Maduro en todo caso, recoge las consecuencias de tamaño
despilfarro.
El
gobierno parece tener dos planes, al menos por lo que puede recogerse en los
medios. Uno sería hacer trampas para sumar votos. Desde el uso abusivo de los
bienes del Estado para fines proselitistas y la cedulación de extranjeros,
hasta la ubicación de centros electorales en los edificios de la Misión
Vivienda (que dicho sea de paso, sus habitantes no poseen la titularidad sobre
el inmueble) y el reacomodo de los circuitos electorales para lograr más
diputados con menos votos (gerrymandering). El otro ya lo confesó Maduro:
desconocer los resultados y gobernar con una junta cívico-militar,
supuestamente con el apoyo popular, aunque debería decir con el reducto popular
que aún les cree.
¿Pueden
ellos pagar el precio? Pueden creerlo posible pero no supone ello, que lo sea.
Quien acude a un brujo para curar sus males cree que en efecto, sanará. Otra
cosa es que en verdad sane.
No
avizoro un venturoso año 2016. Por el contrario, los indicadores económicos
apuntan a la profundización de la crisis mientras no se adopten los correctivos
necesarios y éstos ejerzan sus efectos. Digamos, en todo caso, que ése es un
trago amargo inevitable. Esto incide no obstante en la conflictividad planteada
para el año entrante.
El
gobierno enfrentaría una catástrofe si la oposición obtiene mayoría absoluta en
la Asamblea Nacional. Los actuales reacomodos en el TSJ parecen obedecer a una
estrategia post-electoral. La Sala Constitucional podría ser el comodín del
gobierno para anular las iniciativas opositoras en la Asamblea. Este escenario
luce muy probable. No obstante, el reacomodo de fuerzas, sobre todo ante un
colapso al parecer inevitable, puede anular las aspiraciones totalitarias del
régimen. Los diversos factores de poder pueden aliarse con una eventual nueva
élite. Y no podemos descartar al sector militar, desde luego. Huelga decir las
razones y lo que esto implica.
El
año entrante promete ser catastrófico para el gobierno de todos modos. La gente
comenzará a inquietarse cada vez más por la escasez y carestía de productos y
servicios, como consecuencia de políticas económicamente inviables. Los
conflictos entre los poderes públicos no van a resolver la crisis. Por el
contrario, la van a empeorar. Es muy probable que cierren empresas y se
destruyan empleos. Las manifestaciones van a colmar las calles, y, no lo dudo,
el gobierno usará las fuerzas del orden público para reprimirlas. Pero cabe preguntarse,
¿están los militares y los jueces dispuestos a obedecer ciegamente? Queda claro
algo, la carta del secretario general de la OEA y las investigaciones
adelantadas por organismos extranjeros en contra de funcionarios venezolanos se
ciernen como una espada de Damocles sobre los más débiles en una estructura de
poder cada vez más frágil.
¿Qué
le queda al gobierno entonces? Depurar sus cuadros y luego, concertar con la oposición
una transición del modelo económico, de modo que se recupere el mercado interno,
mejorar la capacidad adquisitiva de la gente y lo más importante, crear un
clima favorable para las inversiones, que es, sin dudas, la vía más expedita
para repuntar la economía.
La
rectificación política y económica luce inevitable. Puede ser un camino arduo y
doloroso, si la tozudez se impone. No obstante, sin falsas promesas, puede ser
mucho más llevadera si todos los factores de poder deciden actuar ahora. No
propongo un golpe de Estado. Suelen ser atajos muy peligrosos. La idea es
anticiparse a la complejidad política y económica del año entrante y desde ya
dialogar con el mayor número de actores posibles, incluso con la disidencia
dentro del PSUV, que de su existencia no tengo la menor duda.
Una
mesa de diálogo en la cual se concilien soluciones podría ofrecer soluciones
viables en el corto, mediano y largo plazo. Desde luego, hay que decirlo, los
principios liberales son la piedra angular de esas negociaciones. Pero eso es
tema de otro texto.