Algunas consideraciones sobre el Estado de excepción y emergencia económica

Al igual que los mentores del 350 (derecho a la rebelión consagrado en la Constitución de 1999 únicamente para excusar el golpe del 4 de febrero de 1992), el Estado de excepción debe fundarse en hechos, cuya existencia debe constatarse. Las opiniones que sobre fantasmas y duendes tienen los voceros del régimen no son suficientes para justificarlo.

El primer considerando del decreto, al igual que el anterior, parte de una opinión que sobre las causas de la crisis económica tienen los voceros del gobierno, y no sobre hechos concretos (como una conmoción civil o un intento de golpe de Estado como ocurrió en 1989 y 1992). Alegar que desde la muerte del presidente Chávez vienen arreciando los ataques contra el gobierno por parte de actores políticos internos aliados con potencias extranjeras es una acusación muy grave que merece ser demostrada. Tal cosa jamás se ha hecho.

Lo mismo ocurre con los demás considerandos, salvo el caso del fenómeno de El Niño, que si bien ha contribuido a agravar la crisis del sector eléctrico, bien sabemos que no es esa la causa de los apagones, sino la falta de mantenimiento e inversiones para fortalecer el sistema hidroeléctrico nacional que por razones demográficas ya resulta insuficiente. En todo caso, el decreto de basa en opiniones y no en circunstancias constatables, lo cual tiene a mi juicio una consecuencia indiscutible: el decreto es nulo, por fundarse en un falso supuesto. Obviamente, los autores responderían política y penalmente por las eventuales violaciones a los derechos humanos, entre los cuales está la legitimidad de origen que detenta la actual Asamblea Nacional y el respeto a la voluntad expresada el 6 de diciembre del año pasado.

Distinto de lo que manifestaba ayer Herman Escarrá en el programa de Vladimir Villegas en Unión Radio (Actualidad 90.3), el artículo 339 de la Constitución vigente prevé la obligación de presentar el decreto a la Asamblea Nacional (o la Comisión Delegada) para – y cito textualmente la norma constitucional -  su consideración y aprobación. Deberá presentarse además ante el Tribunal Supremo de Justicia para que este se pronuncie sobre su sujeción a las normas constitucionales. Dicho de otra forma y para que quede claro: la decisión de aprobarlo o no recae exclusivamente sobre la Asamblea Nacional y no al TSJ, cuya participación se limita a las consideraciones formales del mismo. Decir, como lo dijo, que el rol de la Asamblea es solo de carácter pasivo y que se limita a la «eventual responsabilidad de las autoridades por la violación de derechos humanos» supone desconocer no solo el texto constitucional ya referido (cuya redacción es clara y no se presta a interpretaciones bizantinas), sino la cualidad del poder legislativo, otorgándole poderes dictatoriales al Ejecutivo que ciertamente no están previstos en la Constitución.

Como lo reseñara anoche Nelson Bocaranda por la 99.9, en compañía de Mariela Celis, este nuevo decreto de Estado de excepción y emergencia económica es muy grave. No olvidemos que esta figura equivale a la suspensión de garantías prevista en la Constitución de 1961. Sobre todo porque vista la inconstitucionalidad del decreto (por fundarse en un falso supuesto), pareciera que la élite dominante persigue crear un tinglado pseudojurídico para imponer una dictadura y gobernar por decreto. La del general Páez (1861-1863) ya fue infeliz, y entonces, el país sí estaba inmerso en una guerra civil. 

¿Qué parte del cuento no entienden?

«Mamá tenemos hambre», dice sollozante la hija mayor de una igualmente llorosa trabajadora doméstica. Su patrona rompe en llanto de inmediato y con lo que puede, le completa una bolsa de comida para que la lleve a casa. Un obrero, ubicado en la parte posterior de un metrobús, arremete contra el presidente y aun lloroso, vocifera que tiene hambre. No son estas, fábulas que se escuchan por ahí sino anécdotas relatadas por testigos presenciales. Por ello, 97 % del país considera que vive peor, según Datanálisis.

Hay profesionales que no comen tres veces al día porque no pueden pagarlo. Hay empleados que trabajan para pagar el pasaje. Los anaqueles están vacíos. El New York Times publicó un reportaje sobre la salud venezolana que debe avergonzarnos. La inseguridad en las calles desborda lo razonable. Desde el exterior nos ven como si nuestras ciudades fuesen cualquier villorrio de un western hollywoodense. Venezuela recuerda los fallidos Estados africanos que describe Robert Kaplan en «La anarquía que viene».

El gobierno, o mejor dicho la revolución, endilga culpas a medio mundo: la derecha apátrida, el imperio y un sinfín de entes difusos, ciertamente imposibles de definir. Mientras tanto, el resto del país – o por lo menos una inmensa mayoría – ya comprende que solo hay un responsable: la élite que hoy domina el poder político. Para esa élite, la solución de los problemas será siempre la excusa pueril de endosar a otros sus propios errores y desde luego, garrote para la gente.

El problema no es otro que la incapacidad de esa élite para comprender la realidad. Como otros autócratas en el pasado, creen que pueden controlar la emergencia y que reprimiendo más, la gente se aquieta. Pero no ha sido esa la regla. Por el contrario, la mayoría de las autocracias en los últimos años han caído. Si nos atenemos a las matemáticas, la teoría de Nash nos dice que lo más probable es que la revolución caiga. En este juego, esa es la salida menos riesgosa para la mayoría de los actores.

La élite puede ahorrarnos muchos problemas. Su disposición al diálogo será la medida para definir la solución a la crisis. El statu quo no puede seguir como está. Eso es obvio. Otra cosa es que el cambio no sea exactamente como lo esperan las partes. No lo digo yo, lo dice el Wall Street Journal (en español), citando a expertos estadounidenses, a quienes, sobra decirlo, les importan un bledo los bandos en Venezuela.

La soberbia no ayudó a otros autócratas. Tal vez crean que la fórmula cubana – hambrear para sojuzgar – es infalible. Olvidan no obstante, que ha fallado más veces de las que triunfado, y que la dictadura cubana es, sin dudas, una excepción. Es, si se quiere, el resultado de pecados pasados. Sin embargo, la historia reciente es un espejo en el que deben mirarse los líderes revolucionarios venezolanos. Desde la caída estrepitosa del comunismo en la extinta URSS y en Europa del Este hasta la reciente Primavera Árabe, son más las dictaduras defenestradas que las que todavía permanecen vigentes. Entonces, ¿qué parte del cuento no entienden? 

La anomia como norma

Esta aseveración es un oxímoron. Pero ocurre. Existe en Venezuela una nueva sintaxis social: la regla imperante es la anarquía. Eso es muy grave. Pero ya lo saben. O al menos intuyo que así es.

Desde que la MUD obtuvo una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional (más de 7 millones y medio de votos que le concedieron 112 diputados), la “revolución” ha ido dejando sin efecto la voluntad popular, porque distinto de otra veces, el soberano no los acompañó. Por el contrario, eligió un contrapeso que sirviera de muro de contención a las aspiraciones hegemónicas del régimen.

La retórica oficial sigue exaltando al pueblo y su rol protagónico. Sin embargo, desde la designación apresurada de magistrados (cuyas calificaciones no son idóneas para ejercer esos cargos) en diciembre del 2015 hasta desconocer todas las actuaciones del poder legislativo (como anular todas sus actuaciones) dejan claro que el pueblo es solo ese que apoya a la revolución (creo que debe dejar de hablarse de gobierno porque no lo es, y llamarlo por su verdadero nombre: un régimen que busca otros fines distintos de los que la ley venezolana le impone). Los más de siete millones y medio de venezolanos que votaron por la MUD no lo son. Son tan solo parias. Esto nos aclara dos cosas: este régimen es autocrático (una élite se arroga la voluntad soberana) y se asoma la existencia de un apartheid. En Venezuela no manda el pueblo. Eso es una verdad tan grande como lo es la cordillera de Los Andes. Manda una élite que busca ejercer el poder hegemónicamente (no lo digo yo, lo dijo Aristóbulo Istúriz). 

Al régimen revolucionario no le interesa un Estado de derecho. Le conviene la anomia que hoy nos agobia. De ese modo legitima (si es que acaso eso se puede) todas sus actuaciones. Así su voluntad (que no es desarrollar una sociedad próspera y libre sino la imposición de un modelo probadamente fallido y rechazado mayoritariamente por los venezolanos) puede erigirse como la única ley.

Una vieja conseja siciliana

La MUD, a trvés de los diversos partidos que la integran, recolectaron casi dos millones de firmas para activar un referendo revocatorio. Voceros del Psuv, como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, han dicho que las autoridades deben auditar todas las firmas. Una medida como esa solo puede entenderse como un medio para retrasar la consulta. Voceros del CNE, por su parte, han declarado más o menos en ese mismo sentido.  

No dudo que el interés del gobierno sea justamente demorar el revocatorio para que, de celebrarse y eventualmente perderse, cambien los nombres mas no el statu quo. Esta actitud es muy grave. Revela la ceguera oficial frente al verdadero problema: las causas de la crisis.

No entremos a considerar números y encuestas. Casi todas, y todas las serias, reflejan un rechazo no solo hacia el presidente Maduro, sino hacia el legado de Chávez. Consideremos más bien las consecuencias que tal ofuscación puede generar, y que, sin dudas, afectarían por igual a chavistas y opositores.

Nadie quiere nombrarlo. Sin embargo, ese fantasma asecha en los cuarteles. Negar los cuernos no lava la honra del cornudo. Creer que la desesperanza y la desesperación va a cejar con un mero cambio de nombres no es estúpido. Es, sin dudas, un suicidio. Que Maduro deje la presidencia no es solución. Es, en todo caso, la superación de un obstáculo para atender la crisis. De hecho, si Maduro escuchara a los técnicos y emprendiera las reformas necesarias, su salida de Miraflores sería innecesaria.

La posibilidad de un estallido social es más que plausible. El pueblo padece hambre y miserias, y su voz valió muy poco porque no apoyó al gobierno en las elecciones parlamentarias de diciembre. Tozudamente se hace el sordo ante las quejas. Sin ninguna prudencia extingue toda posibilidad de producir localmente. Autoritariamente reprime toda voz disidente. Impúdicamente protege y avala conductas censurables… Cabe preguntarles pues, ¿qué creen que pueda pasar? 

La ceguera dogmática – y tal vez otras causas – le impiden a muchos ver la fragilidad política e institucional. Todo intento por mantener el statu quo propicia su ruptura, aun de formas indeseables. El chavismo debería atender a una vieja conseja siciliana: Si quiere que todo siga como está, es necesario que todo cambie.