La celada

Los diputados «adjudicados» por el CNE poseen un documento que los acredita como vencedores en las elecciones correspondientes. Ese documento, que es el resultado del conteo de los votos, reviste el carácter de un acto administrativo, es decir, una expresión de voluntad del poder político, en este caso uno investido con rango constitucional. Ese acto, sin dudas, puede ser impugnado ante las autoridades administrativas y judiciales. Sin embargo, hasta tanto un tribunal competente no se pronuncie, ese acto tiene validez y eficacia en el mundo jurídico.

Hay casos en los que se puede solicitar la suspensión de los efectos de un acto impugnado. En este caso, no obstante, no se cumplen los extremos de ley, porque en primer lugar, el querellante no corre riesgo alguno de que su pretensión no se concrete. En todo caso, el cargo no va a desaparecer y de resultar favorecido, no se le concedería al accionante el cargo, sino que habría una nueva elección. En segundo lugar, hay en juego un interés mayor, porque en modo alguno puede arrebatársele a una comunidad (el circuito) su participación en la Asamblea Nacional para favorecer el eventual derecho de algunos particulares, que como ya dije, o asumirían los cargos, sino que deberían participar en unos nuevos comicios. Priva pues, el interés general sobre el particular. Las aspiraciones de ocho candidatos perdedores no pueden estar por encima de la población en esas circunscripciones. Eso es un principio general de derecho que guía – o debe guiar - la forma como ha de sentenciar el juez.  

Cabe destacar además, que en atención a la falta de riesgo de hacer ilusorio el derecho del querellante, esta emboscada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia levanta muchas sospechas ¿Por qué no interponer el recurso de impugnación una vez reiniciadas las actividades judiciales en enero? Y si bien no puede afirmarse a priori pecado alguno, al menos despierta suspicacias. Se puede pensar, con razonable justificación, que más que el fondo de la causa (la nulidad de los actos de adjudicación), que llevaría a la celebración de unas nuevas elecciones en esos circuitos, se desea la medida cautelar que en algunos casos puede acompañar a los recursos de nulidad. Pero, ¿por qué? ¿Impedir que la bancada opositora ejerza el control absoluto sobre la Asamblea Nacional?

A mi juicio, la gravedad de esta celada estriba en lo que parece una atención que por la puerta de atrás hiciera la Sala Electoral al PSUV, con lo cual demostraría una subordinación del poder judicial al Ejecutivo, y eso es violatorio de la separación de poderes y por ello, del orden democrático consagrado en la Constitución. Sería pues, un golpe de Estado, porque omitiría la institucionalidad y sobre todo, el mandato popular expresado el pasado 6 de diciembre.

En horas de la tarde de hoy, 30 de diciembre de 2015, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió la impugnación de las elecciones en Amazonas, dejando sin representación a esa entidad federal. Eso es muy grave. Gravísimo. Según refiere el portal Noticiero Digital en horas de la tarde, las impugnaciones ascienden a diez ¿Qué buscan? No lo sé. Podría especular pero sería solo eso. Sobre este particular debo decir que en todo caso, la impugnación electoral no debería ser objeto de amparo porque existe un procedimiento expedito para ello en la ley y como ya se dijo, en modo alguno se corre riesgo de que la materialización del petitorio termine siendo imposible de ejecutar. Más allá de esto, hay un acto de gobierno de dudosa legalidad y sin dudas, ilegítimo, ejecutado por dos de los poderes, el judicial y el ejecutivo.

Este 5 de enero del 2016 debe instalarse la Asamblea Nacional como quedó conformada de acuerdo a la adjudicación hecha por otro de los poderes públicos, el electoral. Así las cosas, este martes deberían concurrir 112 diputados de la MUD y 55 del GPP, e instalar el nuevo parlamento, porque a pesar de la sentencia ilegal del TSJ que permite extender el mandato, éste solo puede prorrogarse mediante una enmienda o reforma constitucional. Ya algo semejante – e igual de grave – tuvo lugar en el 2013, cuando se prorrogó de facto el mandato del poder ejecutivo a través de un fallo del TSJ, desconociendo groseramente la Constitución. En todo caso, las impugnaciones pueden seguir su curso y solo de resultar favorables a los accionantes, se desincorporarán de sus cargos.

Imagino que no pretenderán prorrogar de facto, acumulando impugnaciones, a los actuales diputados, cuyo mandato termina el ´4 de enero de 2016, apelando a la sentencia – violatoria la constitución – que permite semejante aberración. Cabe señalar que así como se admitió una de las impugnaciones, otras seis fueron declaradas improcedentes. Por ello, parece mejor no adelantar especulaciones.

Estamos presenciando otro golpe a la constitucionalidad y al ordenamiento jurídico, porque mal puede ningún órgano del poder público reformar la constitución sin seguir los procesos establecidos en ella misma. Ignorar la voluntad popular expresada el pasado 6 de diciembre y abusar de la ley para favorecer a una tendencia política es un atentado al estado de derecho y por ello, un golpe de Estado. Constituye un acto de tal gravedad que ni sus socios de la UNASUR ni la misma Cuba no podrán avalar. Sea lo que sea, en todo caso estas celadas dicen mucho de la necesidad de mantener la unidad.  

Cuando el pescado hiede

Nicolás Maduro no comprende la gravedad de la crisis. Su proceder estos últimos días ha sido desatinado e incluso, irresponsable. Más allá de su incapacidad para reconocer la derrota y sus consecuencias, no atiende la raíz del profundo descontento popular. La economía venezolana colapsó y mientras tanto, el presidente se ocupa de «proteger el cuartel de la montaña por cien años» o de ordenar que a diez mil taxistas favorecidos por el convenio con China les quiten sus vehículos (y su sustento). Mientras gente duerme en cartones frente a un supermercado o una farmacia esperando productos como pollo, café, leche, papel higiénico o toallas sanitarias, el TSJ atiende al PSUV por la puerta de atrás, y otros convocan a los colectivos para impedir que los diputados electos por el voto popular tomen posesión de sus cargos.

Venezuela necesita atender problemas muy graves. La postergación de las medidas económicas necesarias, más que una idiotez, es un suicidio. Uno que de paso, nos arrastrará a todos por procesos muy dolorosos. Impedir con trucos cada vez más baratos la voluntad de cambio que expresó la ciudadanía el pasado 6 de diciembre en lugar de atornillarlos en el poder, acelera su caída. Nicolás Maduro podría culminar su mandato, siempre que abra los ojos, abandone el dogmatismo y rectifique realmente sus políticas. Si no, las élites no van a suicidarse con él y no dudo que como en el pasado, aun su propia gente le dé una patada impíamente. Cuando el pescado hiede, nadie lo quiere cargar.    

A Nicolás Maduro se le acabó el tiempo (y los reales). Su taita político no pocas veces huyó hacia adelante. Y le funcionó. Podía hacerlo. Contaba con el dinero para ello. Sin embargo, su sucesor heredó solo deudas, y en su «huida hacia adelante» se topó con un muro al final del callejón. 

De la pérdida de la razón y el pensamiento acrítico

            Edzar Ernst publicó un trabajo después de veinte años de investigaciones, desmotando creencias y mitos de la medicina alternativa. Su trabajo, «A Scientist in Wonderland» («Un científico en la tierra de la maravillas»), prueba a través del método científico, que la medicina complementaria no solo es un fiasco, sino que además puede resultar peligrosa. La sustitución de tratamientos convencionales, aunque sean muy duros (como la quimioterapia), por otros alternativos pueden costarle la vida al paciente, aunque se disfracen de «sabiduría milenaria».

            En su libro expone la feroz oposición que sobre sus estudios hizo mucha gente, incluso el príncipe de Gales, al parecer un defensor a ultranza de la homeopatía. Sin adentrarnos en los chismes, el autor concluye que su esfuerzo sirve para demostrar la ineficacia de las terapias alternativas, pero no para convencer a sus defensores, para quienes «la medicina alternativa parecía haberse transformado en una religión, una secta cuyo credo central debe ser defendida a toda costa contra el infiel».

            No pretendo polemizar sobre la eficacia o no de esas terapias. He usado el trabajo de Ernst para exponer un mal que no solo afecta a las ciencias, sino que se arraiga en el alma del hombre, nublándole la razón y por ello, cegándole la inteligencia. Podría compararse quizás, con las teorías conspirativas, sobre las cuales no se ha aportado evidencia alguna que avale concienzudamente esas afirmaciones. Insisto, parte de la esencia de su trabajo, y que podría ser profundamente beneficiosa para el mundo de hoy, es el profundo daño que puede causar el dogmatismo, que sin duda hace de personas inteligentes, unos verdaderos idiotas.

            No malinterprete mis palabras, amigo lector. Creer en algo no convierte a nadie en un imbécil. Aun si cree con fervor. Ese no es el problema. Lo es, sin dudas, cuando se pierde la capacidad autocrítica y un mínimo de objetividad y por ello, se ignoran infinidad de evidencias concretas para defender dogmáticamente lo indefendible. Al fin de cuentas, eso termina siendo tan solo soberbia.

            En el ámbito político ocurre con tanta frecuencia que en abundan el mundo los malos gobiernos y las llamadas revoluciones, causantes de profundos estragos. Lo que sucede en Venezuela es prueba de ello. Ante el caudal de evidencias irrefutables sobre la pésima gestión de este «proceso revolucionario», sus cabecillas, como los defensores a ultranza de los tratamientos alternativos, se aferran a sus dogmas y recurren al discurso prevaricador, pero en modo alguno logran derribar una realidad demostrada con hechos.

¿Reeditar el 13 de abril?

           

La incapacidad de Maduro para aceptar la derrota ya es riesgosa. Dada su investidura como presidente, sus bravatas dejan de ser graciosas. Desnudan un talante antidemocrático que podría conducirnos a todos por derroteros muy peligrosos. No, no es una actitud loable. Por el contrario, es un acto de malcriadez inaceptable.

            Muchos dirán que no importan sus fanfarronadas de camorrero de barrio, que sin dudas, rebajan la majestad de su cargo. Pero en ese discurso pugnaz subyace un modo de ver y comprender la realidad. Para Maduro, y muchos de sus conmilitones, «pueblo» son solo los cinco y medio millones de ciudadanos que votaron por los candidatos oficialistas, pero los más de siete millones y medio de venezolanos que optaron por los candidatos opositores, no lo son y, en todo caso, son el enemigo a vencer.

            Si Maduro no acata la decisión del electorado, que sin ambages está demandando una rectificación del modelo, el año entrante va a ser muy complicado para todos. Es obvio, para Maduro, tanto como lo era para su taita político, la meta no es la mejora de la calidad de vida de las personas, sino el socialismo en sí mismo, y poco importa que cada vez más ciudadanos se opongan a ese modelo. Hablamos de un acto de soberbia imperdonable. Lo he creído desde que llegaron al poder estos señores hace 17 años, el cual aspiraban conquistarlo mediante un golpe de Estado que de paso, no cesan su empeño por justificar y celebrar.

            Creo que el PSUV, del que emergen voces sensatas reconociendo las causas de su derrota el pasado 6 de diciembre, debe exigirle a Maduro respeto por los casi ocho millones de venezolanos que no votaron por sus candidatos, porque tan «pueblo» son ellos como los cinco y medio millones que sí lo hicieron. Creo que la nación está en el deber de imponerle a Maduro su decisión y lo más importante, límites a su mandato. Él es el presidente de la República pero no está autorizado para hacer lo que le venga en ganas. No lo estaba su predecesor, que contaba con una popularidad mucho más robusta.  

            Su intolerancia para digerir la derrota puede impulsarlo a tomar medidas desesperadas que si bien podrían producir un golpe de Estado, dudo que las condiciones sean suficientes para lograr una reedición del «13 de abril». Un gobierno desprestigiado por escándalos de corrupción jamás vistos, una escasez inédita y una inflación descontrolada no va a encontrar sustento para salir airoso de una aventura intragable como la que se lee en las arengas de Maduro y otros voceros oficiales.

            Quiera Dios que se imponga la sensatez.  

Leyendo el mensaje

            

El discurso desacertado de Maduro, al saberse el triunfo opositor, dejó en claro que no entendieron lo sucedido. No es solo el control que sobre la Asamblea Nacional ahora tienen los opositores, sino el caudal de votos que lo hizo posible. Atribuir a la «guerra económica» esta victoria es una demostración de la ceguera oficial para leer la voluntad ciudadana.

            La ciudadanía está cansada de una conducta propia de un camorrero de barrio, que se impone a como dé lugar, sin importarle nada más que sus propios intereses. El escenario cambió y Maduro, por incapaz o terco, no lo comprende. El apoyo que tuviera Chávez en la región ha mermado considerablemente y para colmo de males, y tal vez causa de lo anterior, se espera una caída mayor del precio del crudo en los próximos meses. Maduro no entiende pues, que carece del carisma de su predecesor, de «su dinero» y del apoyo regional.

            Nicolás Maduro sigue siendo hoy, el presidente, Jorge Arreaza su vicepresidente y sus ministros, los ministros del despacho. El TSJ sigue integrado por los mismos magistrados, y también los poderes Moral y Electoral. Pero 113 diputados, de confirmarse este número, no son precisamente conchas de maní. Mucho menos el caudal de votos. Las élites, supongo yo, sí lo saben. Y también mucha gente en el seno del PSUV. Coincido pues, con Carlos Raúl Hernández: Maduro y Cabello podrán suicidarse pero no por ello, lo va a hacer el partido.

            He aquí el meollo de este asunto. La ciudadanía ya se expresó. Ahora corresponde a las élites interpretar esa contundente manifestación. Al parecer, por los chismes, el ejército ya lo hizo. Supongo que el empresariado emergente también. Bien se sabe, el dinero es sumamente cobarde. Y no dudo que en el TSJ haya un ánimo «institucional» inédito ¿Y también en el poder moral? Cabe recordar pues, otro dicho popular, el miedo es libre como el viento. Si bien Maduro puede intentar torpedear las iniciativas legislativas, abusando de las facultades de la Sala Constitucional del TSJ, no están ganadas las circunstancias para intentar profundizar en un modelo que ayer fue apaleado.

            Dios quiera que se imponga la corriente sensata del PSUV y en vez de suicidarse con los radicales, se acerque a dialogar una solución para los venezolanos y no solo una parcialidad. 

Clave para entender lo que ocurre en Venezuela

            Un mal gobierno no es inédito en estas tierras. La ineficiencia y corrupción de éste sí lo es, cuando menos, desde que el general Gómez desbancó a los Liberales Amarillos. Entender lo que ocurre hoy requiere una comprensión del fenómeno «chavista».

            En primer lugar, no existe un movimiento «chavista». Hay, en todo caso, la agrupación de intereses alrededor de un caudillo, que en su momento se llamó Hugo Chávez. Pero no hay un pensamiento que realmente sirva de amalgama. Solo la oportunidad que la popularidad del caudillo ofrecía. En el «chavismo» se reúnen bajo la bandera del «socialismo del siglo XXI» a buscadores de fortuna y comunistas dogmáticos. Una alianza así no puede considerarse jamás un «movimiento». Es una suma de intereses, como ocurre con las alianzas políticas, pero desde perspectivas aun antagónicas.

            El problema se presenta pues, cuando los buscadores de fortuna – y las élites, en general - ven sus intereses afectados. Eso es lo que está sucediendo. Indistintamente de quién logre la mayoría en la Asamblea Nacional en las próximas elecciones, las élites, sobre todo ésas que se forjaron al amparo del «chavismo», sienten  que sus intereses corren peligro. La crisis trascendió a lo meramente económico y los riesgos son muchos y en extremo peligrosos. Hay una corrupción de tal magnitud que el Estado está en vías de «africanizarse». Salvo las tribus (llamadas así solo para emular a Robert Kaplan), nadie tiene interés alguno en una desintegración del Estado y de la nación venezolana.

            Todos los analistas presagian un año 2016 muy complicado. El barril de petróleo no parece acercarse al «precio justo» que necesita Maduro. La comunidad internacional ya no ve con buenos ojos esa conducta de «enfant terrible» que caracterizó a Chávez. Por el contrario, la inminencia de una guerra contra el terrorismo empieza a exigir definiciones de los países. Jugar con fuego en este momento resulta muy mal negocio. Las élites lo entienden y, aún más, saben de qué lado deben ubicarse.

            Maduro está obligado a enmendar. Si no lo hace, todas las fuerzas vivas, incluyendo a su propio partido, van a darle la espalda como en 1993, se las dieron a Carlos Andrés Pérez. La política es negociación y consenso, aunque para los dogmáticos, tal cosa sea lo más parecido a una herejía. Un gobierno hegemónico y déspota como éste no puede perdurar, sobre todo si los fracasos son tantos que puedo uno empezar a hablar de un Estado fallido.

            El voto masivo por las fuerzas democráticas es necesario pues, no para impulsar los cambios, sino para llevarlos a cabo del mejor modo posible.