La gente quiere cambios

Mchael Penfold en un artículo (publicado por Prodavinci.com, cita los ejemplos de Libia y Egipto precisamente para destacar qué hace falta para que ocurra un estallido social. La primavera árabe se desató por una brecha insalvable entre el costo de la vida y lo que ganaban las personas. La escalada inflacionaria es de tal magnitud que no importa lo imprescindible que sea un producto, la persona sencillamente no puede pagarlo. El caso venezolano se acerca peligrosamente a ese punto de quiebre, que a mi juicio es un momento en el que se suman varios elementos: imposibilidad de pagar las cuentas básicas (me refiero a no poder, por ejemplo, comprar carne o pollo durante largos períodos, porque no lo hay y si se consigue, es demasiado caro), la destrucción gradual de empleos (que ya es elevada) y por último, un evento que prenda la mecha.

Todas las encuestas apuntan no solo a una victoria electoral opositora (que eventualmente podría no darse por variadas razones, como por ejemplo las maniobras tramposas para que menos votantes tengan más diputados o las amenazas de violencia de ganar las elecciones), sino al deseo general de cambios, sobre todo económicos. El gobierno enfrenta pues, su peor reto: un panorama hostil y de inmenso rechazo sin dinero para alegrar a la gente con dádivas (que cada vez se pagan menos).

Si no se producen cambios, el estallido vendrá. Podrá incluso gobernar la oposición, pero si no se dan los cambios, lo más probable es que tenga lugar una explosión social. Las elecciones pueden ser – y de hecho, creo que lo son - una válvula de escape. Si la oposición logra una mayoría importante en la Asamblea, habría opciones y la gente aguardaría razonablemente para que reorganizados los factores de poder, ocurran los anhelados cambios. Si las pierde y las cosas siguen igual, o bien habrá un estallido, o, para preverlo, otros actores se anticiparán a los posibles eventos caóticos (que de darse, lo más probable es que de todos modos desemboquen en una sustitución de gobierno, solo que en circunstancias mucho más complicadas).

Creo pues, que ante un profundo rechazo al gobierno y una oposición que sin serlo realmente, mucha gente la percibe como mediocre y pusilánime, puede surgir un (indeseado) "tercer camino", de ésos que en América Latina ya han surgido antes y han puesto orden por las malas y a juro. Al menos, así lo veo yo. Puedo estar equivocado, desde luego. 

No somos idiotas

            

Estamos inmersos en una profunda crisis, en la que convergen un plan totalitario, una incapacidad avasallante y un dogmatismo que no solo ciega sino que además, embrutece. No he sabido de un gobierno más malo que éste en toda la historia republicana de Venezuela. Desde la terrible de escasez de productos necesarios hasta la inseguridad que padecemos a diario los ciudadanos, nuestra calidad de vida ha mermado hasta ser hoy, poco más que una precaria existencia.

            Los grupos, grandes o pequeños, que aún defienden a este desatinado régimen no pueden endilgar culpas a quienes no las tienen ni poseen la capacidad para causar los problemas que agobian a la ciudadanía. La escasez y la inflación son responsabilidad de unas políticas que han asfixiado al aparato productor venezolano, haciéndonos dependientes de importaciones, las cuales dependen a su vez de las divisas recibidas por la menguada industria petrolera. El resultado ha sido una élite enriquecida sin aportar nada a la economía nacional y una población sin dinero ni productos que comprar. Decir que es una guerra económica es de hecho una de las idioteces más descaradas que yo haya escuchado.

            No hay en este gobierno vocación democrática. Hay sí, una ambición desmedida de poder, de ejercer la autoridad hegemónicamente, para que unos cuantos jueguen sin pudor ni un mínimo de responsabilidad a construir la utopía posible, y para que otros, los de siempre y unos cuantos nuevos, se aprovechen y amasen fortunas al margen de la decencia. Los ciudadanos, de todos los credos políticos, la estamos pasando mal. Muy mal.

            Basta pues, de endulzar la píldora. Es mi derecho, como ciudadano, decir que este gobierno es una mierda. Es el derecho de todos los ciudadanos exigirle al gobierno que se siente en una mesa a dialogar soluciones con todos los factores nacionales, porque sobre el socialismo ya nos pronunciamos, y se sabe, dijimos que no.

            Creo que nos atañe a todos plantarnos, no para hacer barricadas en las calles, que sin dudas, no van a conducir a nada verdaderamente provechoso, sino para hacer sentir la voz de una nación que con todo el derecho que le conceden su propia constitución y una infinidad de instrumentos internacionales, le exige a sus gobernantes asumir la responsabilidad que les fue encargada. Estoy convencido que como pueblo, debemos demandarle al gobierno que cese su maniático empeño por experimentar modelos probadamente fallidos, no por una inadecuada instrumentación de las políticas, sino por razones estructurales.

            Tengo todo el derecho de decir lo que digo, porque pese a que soy opositor de este desatinado gobierno y de haber adversado al difunto presidente Chávez y su proyecto, sigo siendo venezolano y el gobierno está en el deber de atender los derechos que la constitución y las leyes me conceden. No, no me hacen un favor. Seré opositor, y puede que muchos en el gobierno crean que no soy gente, pero la realidad es que como ciudadano, yo también gozo y sobre todo ejerzo como cualquiera otro, esa soberanía que de acuerdo al texto magno, reside en la ciudadanía.

            Ni yo ni quienes adversamos a este gobierno somos por ello idiotas, en el sentido griego, claro, que no es otro que carecer de derechos políticos.   

La naturaleza ontológica del golpe de Estado

            

            Ante la noticia de un golpe de Estado, pensamos primero en un alzamiento militar o, cuando menos, uno armado. Esa es, sin dudas, una forma de desconocer el Estado de derecho, que siguiendo el espíritu de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, es legítima solo en determinados casos, cuyas causas están sujetas a pruebas concretas y no a la cháchara de un caudillo o de un grupo de personas.

            La verdadera esencia de un golpe de Estado no está en el desconocimiento de las autoridades constituidas, que, como ya se ha dicho, estaría justificado en algunos casos, como por ejemplo, la dictadura de Pérez Jiménez. La esencia fundamental de un golpe de Estado está en el desconocimiento del Estado de derecho, y éste puede darse o bien por parte de un grupo que pretende acceder al poder violentamente, o bien por parte de quienes ejercen el poder, aun legítimamente.

            El primer caso es el más corriente. Lo experimentamos por última vez en Venezuela con el alzamiento del 27 de noviembre de 1992. Un grupo, en este caso una facción de las Fuerzas Armadas, al parecer infiltradas por los reductos de la izquierda que no se acogió a los términos de la pacificación en 1969, desconoció el Estado de derecho y arrogándose ilegítimamente la voluntad popular, intentó tomar el poder político por la fuerza. Sabemos, fracasó.

            Importa mucho más en este momento, el desconocimiento que del Estado de derecho hacen quienes detentan el poder. Hay ejemplos.

            El primero lo perpetró la desaparecida Corte Suprema de Justicia en 1999, cuando allanó una reforma constitucional que ciertamente no estaba prevista en el texto derogado. La prórroga que lograron los oficialistas para no llevar a cabo el referendo revocatorio a la mitad del período sino después, en el 2004 (la mitad del período era en julio del 2003 y donde no distingue el legislador, no distingue el intérprete). Luego, en el 2007, con la fallida reforma constitucional propuesta por el régimen (fundamentalmente para perpetuar en el poder al fallecido presidente Chávez). Sobre este particular me permito aclarar que rechazada la reforma electoralmente, los temas tratados en ella no podían volverse a tratar en el mismo período, cosa que se hizo con la enmienda de 2009.  Además, rechazadas las reformas en consulta popular, mal podían prosperar leyes que desarrollaban esos temas. La ciudadanía las había rechazado (y por ello, todas las leyes con contenido socialista son inconstitucionales).

            Seguimos con más ejemplos. El contralor general de la República no vino a ser sustituido sino años después, cuando debió elegirse uno nuevo 30 días después de su fallecimiento en el 2011. De hecho, todo el poder moral, el poder electoral y unos tantos magistrados del TSJ siguieron ejerciendo sus funciones después del vencimiento de sus términos, cuyos plazos tienen rango constitucional y no pueden alterarse sin cumplir los requisitos de una reforma o enmienda constitucional.

Hubo en todos esos casos, golpes de Estado. Se desconoció el Estado de derecho. Y se hizo además, porque en ese momento, las leyes no favorecían al gobierno de turno.

            El más grosero, no obstante, tuvo lugar el 10 de enero de 2013, cuando el período constitucional 2007-2013 venció y por ende, el ejecutivo en pleno quedaba cesante, hasta tanto el presidente electo, Hugo Chávez, prestara nuevamente juramento para un nuevo período, el 2013-2019. Consecuentemente, el vicepresidente Nicolás Maduro y el Gabinete quedaban cesantes de pleno derecho y por ello, estaba incapacitado para ejercer interinamente la presidencia porque ya no era vicepresidente. Es por esta razón que el constituyente previó que en ese caso particular, el interinato recae sobre el presidente de la Asamblea Nacional. Maduro pasó a ser pues, un gobernante de facto a partir del 10 de enero del 2013, porque no había asidero jurídico que legitimase su presidencia interina más allá de esa fecha. Hubo pues, desconocimiento flagrante del Estado de derecho.

            No estoy de acuerdo con los golpes de Estado y considero que de darse, debe ajustarse a casos muy específicos. Creo que han sido la razón por la cual hemos tenido 26 constituciones y aún no tengamos país. Sin embargo, pienso igualmente que por las buenas, esta gente no va a rendir su causa ni a rectificar su fallida ideología. Es muy probable que continúen violando el Estado de derecho para ejercer el poder hegemónicamente.

            El escenario político les es desfavorable, no obstante. La crisis económica es de tal magnitud que más pronto que tarde, la gente no tendrá dinero para comprar, porque aun habiendo productos en los anaqueles, sus ingresos serán insuficientes, incluso para cubrir la canasta alimentaria. Podrán decir lo que les venga en ganas, pero la brecha entre lo que gana el ciudadano común y lo que le cuesta la comida (sin nombrar lo demás) es sencillamente explosiva. 

            Por ello, urge tratar temas mientras transitamos este calvario hacia unas elecciones que prometen ser muy complicadas. A mi juicio, lo primero es trazar, de nuevo, un pacto para la gobernabilidad del país, uno que incluya a todos los sectores del país. Un nuevo pacto de Puntofijo pues, que bajo una ideología – al parecer, la democracia representativa –, se planteen ideas razonables para mejorar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos a través de la reinstitucionalización del país y una profunda transformación económica. Esto supone pues, empezar a hablar de transición.

            Hablar de transición en este momento significa forzar el diálogo con factores del PSUV dispuestos a dialogar y encontrar puntos coincidentes para impedir que otros factores, que deben estar al acecho, como en otras ocasiones, desconozcan el Estado de derecho. Dialogar y exigir del gobierno reformas y cambios no es contrario al Estado de derecho. Por el contrario, la tozudez del gobierno para escuchar a la ciudadanía sí lo es, pero eso es tema de otro texto, como lo es también qué debería incluir ese acuerdo para la gobernabilidad.

            Cabe terminar afirmando que los sediciosos siguen siendo los mismos. 

¿Qué esperan que pase?

En estos días pasados leí en las redes que, de acuerdo a un “patriota cooperante”, las elecciones parlamentarias se celebrarían en marzo del 2016. Unos creen que eso es impensable, que sería un golpe de Estado. Otros, que harán trampas y por ello, ganarán. No soy experto, pero me voy a permitir analizar el escenario político en puertas, con claras posibilidades de errar, desde luego.

En primer lugar, hay que establecer algunos condicionantes fácticos. Hoy por hoy, no cuentan con las cifras necesarias para ganar, porque el descontento y la intención de votar en contra superan su capacidad de movilización. Hay una vocación significativa de cambio, que según las encuestas, busca manifestarse en las urnas electorales, con un contundente rechazo la gestión del gobierno. Otro elemento a considerar es el modo como pueden hacer trampa. Hay que decir, una vez emitido el voto, éste no puede voltearse sin el consentimiento de la MUD. Por ello, sus prácticas tramposas son mucho más simples, como la de los magos. Son éstas pues, el ventajismo, el amedrentamiento, algunos votantes ficticios… Y sobre ese colchón de votantes fantasmas cabe decir que de existir, como creemos tantos, no pueden ser tantos. La MUD se daría cuenta de la inflación del padrón electoral. Asimismo, la modificación de los circuitos tampoco parece cubrirles el faltante. No hay pues, en este momento, números suficientes para robarse las elecciones. No se requiere mucho talento para advertirlo, porque de otro modo, ya habrían sido convocadas.

¿Qué les queda? Sobre este particular infiero que hay posiciones encontradas dentro del PSUV y la élite gobernante. Gente sensata la hay en todas las aceras. Lo lógico sería negociar con la oposición una transición del modelo político y económico, en la que el PSUV y las fuerzas opositoras adelantaran un plan de reconstrucción nacional. A mi juicio, luce improbable. Hay fuerzas reales, agentes de poder que podrían ser incluso meta-institucionales, para quienes negociar con los grupos opositores o de ser el caso, una eventual derrota electoral no son opciones. Para ellos, solo resta aplazar las elecciones, para lo cual harán lo imposible por desestabilizar al país y comprar una excusa para suspenderlas. O, en caso de no pisar ese peine los opositores, optar por un dictamen que justifique semejante desatino. No nos engañemos, cuentan con las instituciones para ello, y de paso, ya lo han hecho antes (caso de la prórroga ilegal del poder moral o el golpe de Estado perpetrado el 10 de enero del 2015, para citar solo dos).

Se sabe, no obstante, nadie gobierna solo. Siempre hay que negociar con diversos agentes de poder, más allá de las instituciones. Cabe preguntarse, ¿políticamente, puede el PSUV aplazar las elecciones?

El creciente descontento busca canales de expresión a través del voto castigo, pero si ese camino se cierra, buscará otros, aun caóticos, si se quiere. Desde ya les digo, soy solo alguien que avizora los riesgos que comporta esta tozudez para ver la realidad. No hay razones pues, para dudar que grupos de poder, indistintamente de si son instituciones constituidas o solo factores de poder, no teman ese eventual estallido social. No son escasas las firmas encuestadoras que así lo creen. En ese caso, pueden darse dos escenarios. El primero, que en efecto tenga lugar el estallido social, aupado o no por el gobierno, con el cual pueden darse dos efectos probables: se afianza el gobierno (lo cual no luce factible, a mi juicio) o cae como consecuencia del colapso por la ingobernabilidad manifiesta. El otro es que, vista la obstinación del gobierno para transitar el cambio (exigido), se adelanten a ese eventual colapso los factores de poder, entre los cuales no podemos excluir a las fuerzas armadas, e impongan una agenda de cambios, como ya ha ocurrido en el pasado.

Alguna vez escuché a un economista afirmar que la pobreza no tumba gobiernos. Eso es verdad hasta cierto punto. Uno de los temas álgidos de la pastoral de monseñor Arias en 1957 era el del creciente desempleo y la imposibilidad de esa gente depauperada para ejercer su derecho a protestar, como se atestiguó con la masacre de Turén. Sin embargo, la anomia (aunada a la precariedad de las personas) sí precipitaría el colapso del gobierno. Es más, en un estado de anomia como éste, la desesperación es, de hecho, un combustible altamente explosivo. Muchos comparan a Venezuela con Cuba, y si bien es cierto que estamos a las puertas de ese modelo desdichado, hay una enorme diferencia entre los regímenes de La Habana y Caracas. Éste último no es capaz de asegurar el orden.

La población expresa un profundo rechazo hacia la gestión del gobierno. El PSUV nunca dejó de ser una plataforma para exaltar el culto de la personalidad de Chávez y por ello, no logró calar como una organización política con futuro. Maduro carece de liderazgo y credibilidad en la base chavista. Las arcas están exhaustas y no se avistan mejoras en el precio del crudo, por lo que la diplomacia petrolera puede fracasar (y por ello, perder el gobierno sus alianzas). Casi un centenar de expresidentes del mundo han manifestado su rechazo al gobierno de Maduro, el cual definen como tiránico (basta ver las recientes declaraciones del expresidente costarricense y premio Nobel de la Paz Oscar Arias). No cabe duda de ello, hay anomia y desesperación popular, y el gobierno de vez de fortalecerse, se debilita cada vez más. Me robo pues, una frase de Luis Vicente León (dicha con ocasión del incremento brutal del paralelo), ¿qué esperan que pase?