La malcriadez del gobernante

Hugo Chávez inició su luengo mandato en 1999 apoyado por una inmensa mayoría. En el curso de su gobierno hasta su muerte en abril de 2013, ingresaron al erario público sumas inimaginables de dinero. Hoy por hoy, al cumplirse un año del gobierno de su sucesor, las arcas del Estado están exhaustas. A pesar de haber ingresado en estos 15 años más de un billón de dólares, Venezuela se encuentra quebrada.

¿Cómo se explica esto? El gobierno, a veces inflando números, a veces mintiendo, culpa de la crisis al sector privado. Pero cabe preguntarse si parece razonable que los empresarios arruinen sus negocios solo para fastidiar al gobierno. La excusa es demasiado idiota como para tragársela. Al sector privado no le interesa vender menos, le interesa vender más. Y para ello necesita gente con capacidad adquisitiva.

Gobernar es un arte. No cualquiera puede. Un país se compone de diversos de intereses que sin enemistarse, pueden ser eventualmente opuestos. En una sociedad de servicios como es la contemporánea, los trabajadores, por ejemplo, demandarán mejores sueldos, que no pocas veces los empresarios no podrán satisfacer, por el peso que supone una nómina abultada en la estructura de costos y su impacto en el precio final (que terminaría castigando al trabajador, al verse impedido de poder pagar por bienes y servicios). Algo semejante ocurre con los ambientalistas, cuyo objetivo es rescatar al planeta. Pero a veces esas medidas verdes tienen un impacto negativo en la economía doméstica y por ende, en la relación entre los ingresos y los egresos de los ciudadanos.

En el mundo contemporáneo la democracia es un complejo equilibrio entre los intereses que cohabitan en una nación. A veces, el gobierno debe ayudar al empresariado para poder generar empleos bien remunerados. Otras, al trabajador, para que devengue un salario razonable. Por mucho que parezca, el gobierno no puede estar con algún bando. Su trabajo es defender a todos los ciudadanos, sean pobres, ricos, profesionales, obreros, ecologistas o empresarios, y armonizar las relaciones entre las partes para que todas ganen. Al gobierno le compete que las relaciones entre los distintos intereses sean de ganar-ganar.

La actitud del gobierno es malcriada, empeñado en una defensa de los pobres que cada vez luce más falsa. Sordo y ciego se emborracha con su propio discurso, desconociendo no solo la existencia de una multitud que rechaza su proyecto, sino además la crisis que ese desconocimiento ha ido generando, con víctimas fatales de lado y lado. Si de verdad desean una solución, deben empezar por aceptar que cediendo ganan y que aferrándose al poder pierden. Si comprendieran que todos deben ganar, ellos ganarían la estabilidad que por ahora su tozudez corroe como las termitas, una silla.  

Alcabalas innecesarias

Ser abogado en este país se ha vuelto frustrante. Ya lo era. Pero este gobierno, que ha enardecido nuestros vicios, ha hecho de esta profesión un calvario de peticiones absurdas y, sobre todo, ajenas al derecho. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y otra más, sancionada por ellos, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, son hoy papel higiénico para quienes, en su afán contralor, inventan recaudos que la ley no exige y por lo tanto, no pueden solicitar.

Abogados y público en general se enfrentan frecuentemente una violación flagrante a la Ley de Procedimientos Administrativos: la negativa a recibir solicitudes por falta de recaudos (Art. 45). La ley prohíbe expresamente rechazar la admisión de cualquier solicitud por falta de recaudos, que, en caso de faltar, deben ser requeridos por la administración mediante un oficio debidamente motivado, con el objeto de garantizar el derecho a la defensa. Puede darse el caso, y de hecho se da frecuentemente, que el funcionario receptor, cuyo único trabajo es recibir los recaudos y estampar el sello correspondiente, se niegue a recibirlos, dejando al administrado en franca indefensión.

Así mismo, con frecuencia exigen presentación de un poder notariado para efectuar trámites administrativos, cuando la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos solo exige una autorización firmada por el interesado (Art. 25), sin requisitos de autenticación. Supone esta práctica una alcabala innecesaria en el trámite administrativo y una violación al principio de legalidad administrativa: la ley no exige ni autoriza al funcionario a requerir mandatos del interesado con formalidades distintas a las previstas en la ley, violando lo dispuesto en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos  (Arts. 10 y 13).

Otra práctica común en estos días es pedir poderes (notariados) para solicitar información asentada en registros públicos, como lo son los registros civiles, principales y mercantiles, así como los documentos autenticados. Esa información es de carácter público y por lo tanto, cualquier ciudadano puede pedir copia de su contenido, violando otra vez lo previsto en los artículos ya citados.  

Quienes ejercen cargos públicos deben tener presente dos cosas: la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos establece claramente la presunción de buena fe de todo ciudadano, como lo prevé la Constitución (y por lo tanto, susceptible de ser tutelado por medio del recurso de amparo), y el deber de omitir la solicitud de recaudos innecesarios a los ciudadanos, por lo que impone el deber al funcionario de ajustarse a esas normas por imperio del principio de legalidad administrativa.

Termino estas breves reflexiones recordando que los funcionarios que menoscaben o nieguen derechos a los particulares son responsables de acuerdo a la ley. La negativa a recibir recaudos por falta de documentos es de hecho, una violación de la ley, que no solo puede acarrear sanciones administrativas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, sino también civiles y penales, si fuere el caso, así como responsabilidad de la Administración por los daños causados.

Maduro en su laberinto

El Gabo, fallecido recientemente, relataba los días últimos del Libertador en su obra “El general en su laberinto”. Delirando por las fiebres, Bolívar, ya moribundo, va y viene en sus recuerdos, y, testigo del fin de su gran proyecto político, se aferra a una quimérica campaña militar. Quiere reunificar la Gran Colombia. Es una obra hermosa que dibuja al Libertador desde una visión más humana.

Viene al caso el texto de García Márquez porque, guardando las incomparables diferencias entre el genio del Libertador y la ineptitud de Maduro, el heredero de Chávez deambula en su propio laberinto. Su ceguera para entender la imposibilidad de llevar a cabo la delirante empresa del caudillo barinés le mantiene preso en una maraña de intereses y amenazas, dominado por dogmáticos y sinvergüenzas, de los cuales difícilmente pueda librarse sin sufrir heridas.

Bolívar se entrampó solo en su laberinto porque nunca dejó de soñar con esa patria grande que, para su desdicha, ni neogranadinos ni venezolanos deseaban y que tanto Páez como Santander sí entendieron. Chávez dejó entrampado a sus herederos en una gran patria socialista que, vista la experiencia en otras naciones, se comprende solo como un desvarío pretérito, que, quiérase o no, sus dolientes no desean sufrir de nuevo.

Bolívar no pudo consolidar la utopía grancolombiana. No por la tuberculosis que lo llevó al sepulcro, sino por la negativa de ambos pueblos a fundirse en uno solo. Chávez por su parte no comprendió y Maduro aún no entiende lo que sí Betancourt a principios de los ’30: el socialismo no tiene cabida en nuestra idiosincrasia. Por ello, el líder adeco creó un movimiento que, distinto del marxismo, abrió las puertas por igual a ricos como a obreros pata en el suelo, quienes llegaron a escalar posiciones tanto políticas como en el cambiante ámbito socioeconómico venezolano, compartiendo el convite con la clase más rancia de la sociedad venezolana.

El reto de Maduro es ése. Entender a los venezolanos. Adentrarse en la contemporaneidad para comprender que la derecha jamás ha sido tal. Que los partidos, los de antes y los de hoy, militan en la izquierda más que en la derecha (aunque hoy, hablar así resulta un anacronismo imperdonable). Que ya no existe una izquierda que funja como referente ideológico. Por lo que también dejó de existir la derecha. Hay ideas y principios, claro. Pero los gobernantes ya no se atan al dogmatismo. Si Maduro comprendiera eso, vería una salida posible al laberinto. 

Del diálogo y la paz

Arthur Neville Chamberlain temía la guerra más que nada. Como muchos europeos, el recuerdo de la Gran Guerra era un mal sabor, agrio y penetrante. Los centenares de lisiados podían verse en las calles europeas como una evocación trágica de aquel horror, ciertamente indeseable. Deseaba la paz codiciosamente. Su interlocutor, el arrogante cabo austríaco devenido en führer del Tercer Reich, no. Adolfo Hitler solo buscaba ganar tiempo para armarse como lo hizo. El diálogo europeo entonces no fue un diálogo.

El presidente Nicolás Maduro, cuya legitimidad se ha reducido a un dudoso proceso electoral, se ha visto acosado por una miríada de problemas heredados del pésimo gobierno de su predecesor, un teniente coronel sin ninguna experiencia política. Su visión del mundo, aprendida de un anciano dictador enquistado en su obsolescencia, ha generado más problemas que soluciones. Por eso, las calles venezolanas son escenarios de infinidad de protestas. La gobernabilidad se desmorona y los dirigentes gubernamentales no parecen comprenderlo. Su propio pellejo está en riesgo y como otros tiranos, creen suficiente refugio su retórica bulliciosa pero insustancial.

Se ha planteado la necesidad de diálogo. La MUD está dispuesta. El gobierno, no. El planteamiento de conversaciones razonables entre unos y otros ofende al liderazgo chavista que, convencido de librar una lucha de clases, no ve un adversario político sino un enemigo. Para Chávez siempre se trató de una guerra en contra de una oligarquía y la oposición ha sido por ello un objetivo militar, uno que debe ser aniquilado.

Ayer surgieron declaraciones que de no ser por el cargo de ostentan, no habrían dejado de ser unas frases retrecheras. A la propuesta del expresidente brasilero Lula Da Silva de convocar un gobierno de unidad con sectores opositores, Maduro se ha negado categóricamente, arguyendo que él es el que gobierna. El vicepresidente Jorge Arreaza ha dicho por su parte, que ellos no van a pactar con sectores opositores. Cabe preguntarse pues qué carajo entienden por diálogo. Claro, es ésta, mi interrogante, una pregunta retórica. Los líderes del gobierno no desean dialogar, desean oxigenar un liderazgo asfixiado. No quieren aceptar sin embargo, el único oxígeno posible, porque atenta contra sus creencias más arraigadas.

Termino diciendo que la MUD debe sentarse a dialogar, por supuesto; pero no deben los líderes opositores claudicar sus principios fundamentales. Se trata de construir la paz. Y ésta no debe confundirse jamás con la sumisión.