Ni tan tensa ni tan flácida

En asuntos de interés, primero yo que mi padre en la Puerta del Cielo (refrán popular).

Si Maduro está debilitado, y lo está, sin lugar a dudas, ¿por qué aún se mantiene en Miraflores? Hay, a mi juicio, varias razones, salvando, desde luego, la debida humildad porque, en efecto, puedo errar.

      El factor militar: El ejército, que otrora fuese uno de los bastiones del chavismo, seguramente por la errada convicción de ser ellos los más eficientes gobernantes, ahora se encuentra fracturado, desarmado y según lo recomendó el felón del Caribe, Fidel Castro, desarticulada la cadena de mando, con lo cual hace cuesta arriba cualquier organización peligrosa para la preservación del poder por la élite. Pero no es solo esto, sino además, como herencia de esa idea que tienen los militares sobre su derecho a tutelar al gobierno de turno, la dirigencia castrense no confía en el liderazgo político opositor, y, a pesar de las deficiencias de la élite regente, cree, en gran medida por fábulas creadas por la propaganda política del chavismo, que es esta la que puede asegurar la gobernabilidad (aunque sea falso).

      El factor político: Imaginar que las organizaciones políticas no persiguen cuotas de poder es una necedad imperdonable, sobre todo entre aquellos que se dicen dirigentes políticos (cosa a la cual no aspiro). La política supone negociar, dialogar, conceder en algunas cosas para lograr otras. Y se negocia – o se debe negociar - con todos los factores y no solo con los contrarios. No podemos obviar la negociación con aquellos con quienes aspiramos crear alianzas… ¡Sobre todo con estos últimos!

      Dudo mucho – y me atrevo a negarlo – que Henry Ramos Allup o Henrique Capriles Radonsky sean tránsfugas. Estoy convencido de que ellos – y muchos más – persiguen por igual el cese de la usurpación. Sería necio imaginar algo distinto. Otra cosa es que (y he aquí el verdadero quid del problema) una parte del liderazgo opositor – ese que en el pasado fue protagonista (como AD o Copei) – aspire a que el cambio tenga lugar después de asegurarse ellos cuotas de poder, que, en algunos casos, ciertamente podrían exceder la dimensión de algunas organizaciones.

      El factor económico: Se dice, y se dice bien, que el dinero es espantadizo, y yo me atrevería a decir, y creo que con razón, que cobardísimo. En medio de las fábulas que se cuecen en la marmita social que es Venezuela, se cree que todos los que han hecho dinero en estos años revolucionarios son ladrones, y tal cosa es falsa. Si bien muchas de las fortunas se han amasado criminalmente, otras, no. Otras se han creado al amparo de la ley, al amparo de las circunstancias (quien haga dinero vendiendo plantas eléctricas o tanques de agua no irrumpe la ley, solo aprovecha una eventualidad causada por el desgobierno). Además, supongo que muchos empresarios temen lo que sucederá al cambio, dada la tradición venezolana, y, tanto como los políticos de la vieja guardia, desean que el cambio se dé, desde luego, pero sin perder ellos el control que tuvieron o incluso, aún tienen. La llegada de nuevos empresarios puede amenazar sus negocios, o, al menos, eso pueden sentir muchos de los que han forjado desde hace mucho la sinergia entre el poder político, el poder económico y la clase social dominante. 

      No quiero decir con esto que son todos ellos desvergonzados traidores. Son representantes de intereses, sus intereses; como lo es cualquiera en este mundo de Dios. Ninguna sociedad es pues, ajena a estas cosas. Por el contrario, son esenciales a ellas, porque, ciertamente, son inherentes al ser humano. Ahora bien, la buena o mala política no depende del diálogo sobre esos intereses, sino la ética detrás de esas negociaciones. Toda sociedad se cimienta sobre un caudal de intereses, muchas veces encontrados (como cualquiera comprenderá, el empleador anhela pagar el menor salario posible, como el empleado, por el contrario, aspira al mayor). La política es pues, la negociación de esos intereses. Si volvemos sobre el ejemplo de la relación patrono-trabajador, sabemos que un salario de hambre no beneficia a nadie (ni siquiera al empleador, porque, a grandes rasgos, tendríamos una producción sin mercado local), pero tampoco pagar salarios extravagantes, como los aumentos compulsivos que propone la política chavista desde hace rato (si el empleador quiebra, el empleado pierde su trabajo). Huelgan más detalles, ¿no?

      Viene al caso recordar una máxima de Buda Gautama: Si la cuerda del laúd se tensa de más, se romperá y el instrumento no sonará, pero si no se tensa lo suficiente, tampoco. Toda negociación supone hallar un punto de equilibrio, un punto en el que ambas partes ganen (y se conoce en el mundo comercial como una relación ganar-ganar, que es lo que garantiza el éxito). Ese equilibrio depende de dos grandes contrapesos. Por una parte, la praxis, lo pragmático, la viabilidad fáctica de las metas. Por otra, de la ética. La política sin ética se pervierte. Se degenera y corrompe a los líderes, y por qué negarlo, también al ciudadano, que aprende de aquellos hábitos reprochables.

      Lo he dicho hasta el hartazgo, ¡claro que la negociación es urgente! Sin embargo, esta no tiene sentido con quien solo desea negociar el suicidio de su contrario, de su contraparte, que es lo que sin lugar a dudas aspiran los hermanos Rodríguez, para citar un ejemplo, que solo expresan lo que para la izquierda es un axioma incuestionable: el poder no se comparte. Esas negociaciones deben plantearse con los factores que he citado en este texto, y también otros que tanto como estos, también pugnan en este pugilato.

Una transición factible

            

Venezuela colapsó. Afirmar esto es redundante, desde luego. A diario, cada uno de nosotros sufre las consecuencias de la catástrofe creada por una élite que irresponsablemente optó por descalabrar la economía y la infraestructura nacionales. El desempleo se acerca a la mitad de la población. Alrededor de medio centenar de empresas cierran diariamente, con la resultante destrucción de empleos… y contando.

Huelga enumerar el desastre que la élite regente ha generado en estos veinte años. Sin embargo, ante el fracaso estridente del proyecto socialista (sin importar el epíteto que le endosen para ocultar al mismo modelo fracasado de siempre), Maduro y sus conmilitones se niegan a entregar el poder. No espero que de buena gana lo hagan. Salta a la vista que en su afán por entronizarse (y enriquecerse, no lo dude siquiera un instante), se han asociado con gente de la peor calaña. Desde dictadores hasta delincuentes… ¿o debería decir solamente delincuentes?

El régimen de facto de Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir reprimiendo, torturando y obrando con una crueldad comparable solo a la de tiranos terribles. Con un apoyo que no alcanza el 15 %, y que bien podría resumirse en la izquierda más radical que en Venezuela no superó jamás ese porcentaje en los procesos electorales celebrados entre 1958 y 1998 (Fuente: «Diccionario de Historia de Venezuela», editado por Fundación Polar), aún pervive y controla buena parte de las instituciones.

No sería responsable afirmar que de esta desgracia salimos fácilmente. Como las dictaduras de nuevo cuño, la venezolana se cimienta sobre un partido hegemónico, que domina las instituciones, así como en la capacidad de reprimir, bien mediante los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo al ejército, o a través de organizaciones paramilitares (en el caso venezolano conocidas como «Colectivos»). Cuenta además con alianzas estratégicas con otras potencias autocráticas, como lo son Rusia (dominada por ese nefasto personaje que es Vladimir Putin), China (que del comunismo solo conserva la terrible dictadura impuesta por Mao), Irán (una teocracia inaceptable en el mundo moderno) y desde luego, ese reducto intolerable que es el régimen cubano.

No quiero decir con esto que estamos irremediablemente condenados a la dictadura de Maduro o del chavista-comunista que le suceda (si llegase a ser el caso). Solo digo que no es fácil. Aún subsisten condiciones que favorecen a la élite, como lo son las ya citadas, así como otras atribuibles a la oposición (entendida como un todo), entra las que descuellan el agotamiento de las tácticas planteadas y el choque de egos.

Al parecer, la oferta de una ley de amnistía y la potente presión internacional han sido insuficientes para avivar el deseo de cambio en sectores determinantes para que este tenga lugar. No solo a los militares, que no ven en el liderazgo opositor la capacidad necesaria para emprender las reformas, sino también a los chavistas, que ahora opositores (o que llegaran a serlo más adelante), temen una cacería de brujas. Poco se habla de ello pero no es menos cierto, ni importante, que tanto como en el chavismo (y el chavismo disidente), en el sector económico hay igualmente grupos a los que podría resultarles poco atractiva la transición.

A todos estos grupos – sobre todo lo militares que controlan una importantísima suma de dinero (alrededor del 10 % del PIB) - les desfavorece el tiempo. Si aguardan mucho para prevalecer sus intereses, el colapso, que es inminente, bien podría arrollarlos. Dudo mucho que nadie en esos grupos vaya a inmolarse por Maduro (Chávez y la revolución), aunque aún no actúen decididamente en favor de la transición. Creo por ello que es ahora el momento propicio para asegurarles un mínimo de garantías, aun cuando a muchos les cause asco e indignación. Lamentablemente, en estas transiciones, embarrarse de mierda es inevitable. Al fin de cuentas, la política supone concesiones.

Maduro no está en capacidad de ofrecer financiamiento ni estabilidad económica. En cambio, la presencia de Ricardo Hausmann en el Fondo Monetario Internacional asegura el desembolso de la ayuda milmillonaria que requiere el país (de hecho, ya ha venido trabajando en ello desde hace tiempo). La élite regente no quiso en su oportunidad ni puede ahora corregir los graves problemas estructurales que hoy se traducen en apagones, falta agua y la pésima prestación de servicios básicos… Maduro y sus conmilitones ya no pueden asegurar la gobernabilidad del país, con lo cual arriesgan muchos intereses ante la posibilidad de un caos generalizado. En cambio, el Plan País (cuyo desarrollo no es un trabajo improvisado) prevé mecanismos para corregir estas fallas en un plazo razonable.

La oposición no solo cuenta con un proyecto de país realizable, sino además, y casi tan importante como lo anterior, con un líder fresco, un hombre joven que sin arrastrar los pecados, reales o inventados, de buena parte del liderazgo político, ha calado en la ciudadanía con vigor, con fuerza suficiente para presidir una transición que sin lugar a dudas no va a ser fácil ni armoniosa.

Puedo errar, pero creo que es hora de ir a por el todo. No significo con esto que haya una salida exprés a la crisis, porque, desgraciadamente, no la hay. Quiero afirmar, por el contrario, que las negociaciones con los actores decisivos no solo no pueden esperar, sino que además, debe resultarles atractiva para que lo inevitable, como lo es la caída de Maduro y el proyecto revolucionario, ocurra lo antes posible, y con ello, ahorremos más dolor del que ya nos ha costado esta pesadilla. Supone esto, abandonar posturas draconianas y aún más, los egos abultados y las ambiciones descontroladas que puedan tener algunos personajes en este tinglado, que para tantos nos está resultando trágico, ciertamente intolerable.

El fin último de la mal llamada Constituyente

            

La mal llamada Asamblea Nacional Constituyente ha sido desde su instauración en julio del 2017 objeto de polémicas. Como ha ocurrido desde la llegada del chavismo al poder en 1999, se cuece en una marmita inmunda el discurso falso de la élite regente, donde la mentira ha impregnado unas pocas verdades. Para ello, tal y como lo describe el insigne escritor británico George Orwell en su obra «1984» (recogiendo, sobre todo, el avasallante aparato de propaganda nazi), palangristas del derecho y de otras profesiones se han prestado para mostrar una realidad que más parece un tinglado que el escenario verdadero de la cotidianidad ciudadana. Son ellos «juristas del horror», que tanto como aquellos nazis, crean una falsa juridicidad para justificar las satrapías de una élite cuyo único objetivo es mantenerse en el poder.

            Origen ilegítimo

            Si bien es cierto que la Constitución prevé la posibilidad para que el presidente de la República convoque a una constituyente, y que pueda incluso usar el término «convocar», es obvio que, tratándose de una transformación de Estado y la redacción de un nuevo «contrato social», debe consultarse al pueblo (detesto este vocablo por la connotación populista que su abuso ha causado pero en este caso, es el apropiado) para que sea este quien decida si desea o no dicha transformación. En este sentido, se obvió pues, la consulta que debió realizarse al electorado en un referendo, y por ello, su origen es ilegítimo.

            Fraude a la ley

            Su verdadero propósito ha quedado expuesto con las acciones (ilegales) que desde su instalación ha venido desarrollando el ente espurio, ese concilio del Psuv, como, por ejemplo, haberle despojado al electorado del gobernador que en unas elecciones libres se dieron los zulianos, a mi juicio, una de las más graves. Hay otros más… muchos más.

            Salta a la vista que su propósito no es la redacción de un nuevo texto constitucional (como no lo era el amparo interpuesto por los candidatos perdidosos del Estado Amazonas en las elecciones parlamentarias del 2015). Al menos, no es su fin cardinal. Lo es, sin lugar a dudas, la usurpación de funciones atribuidas constitucionalmente al Poder Legislativo (y otros poderes públicos), lo cual constituye pues, fraude a la ley, como lo fue, igualmente, la sablista enmienda constitucional planteada en el 2009, luego de ser rechazada la reforma constitucional proyectada por la élite en el 2007, que contemplaba la reelección indefinida del presidente, en tanto que la constitución de 1999 prohibía volver sobre ese asunto durante ese período.

            Ilegitimidad de desempeño y usurpación de funciones

            Allende la ilegitimidad de origen señalada en el párrafo precedente, ese ente, ese adefesio jurídico, está la ilegitimidad de sus actos. Al atribuírsele potestades supraconstitucionales se ha abolido (de facto, porque no lo puede hacer de iure sin sodomizar al Estado de derecho) el orden democrático y la necesaria separación de poderes previstos en la constitución aún vigente. Si ese organismo (ilegítimo) trasciende al orden constitucional imperante y se ubica jerárquicamente por encima de los cinco poderes contemplados constitucionalmente, estaríamos ante la dictadura clásica (como la que se le reconoció a Miranda luego de la invasión de Monteverde en febrero de 1812 y la que le fue otorgada al general Páez el 10 de septiembre de 1861, considerada infeliz aun por el propio Páez). En este caso, por tratarse de un ente colegiado, sería pues, una dictadura colegiada. Sin embargo, no por ello pierde el carácter dictatorial en tanto que tal y como la concibe la élite, ejerce la autoridad sin controles de ninguna naturaleza (pudiendo anular, si así lo quisiese, decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que en principio, y recalco este vocablo, es el último garante del Estado de derecho).  

            Las variadas decisiones adoptadas por esa entidad han sido tomadas arrogándose funciones que de acuerdo al orden constitucional vigente, son atribuidas a los poderes públicos, y, sobre todo, al Poder Legislativo. En este sentido, usurpa la autoridad de diversos órganos del Estado y, por mandato expreso de la ley, sus decisiones son nulas y carecen de efectividad jurídica. Así las cosas, las designaciones del Defensor del Pueblo, del Fiscal y del Contralor son inexistentes y por lo tanto, las personas que ejercen esos cargos lo hacen igualmente usurpando la autoridad atribuida a otros funcionarios cuya destitución tampoco compete a ese conclave de militantes del Psuv, de la izquierda retrógrada que desde siempre ha buscado imponer en Venezuela ese modelo infame que ha impuesto en Cuba ese reducto de indignidad que es el régimen comunista de La Habana. Otras actuaciones, como aprobar el presupuesto de la nación y la Memoria y Cuenta del Presidente, son asimismo nulas, porque no puede arrogarse esas atribuciones.

            Obra pues, ese ente, como una autoridad de facto, con lo cual no solo lo hace como lo haría un dictador, sino que además, lo hace sin tener asidero jurídico alguno que legitime sus decisiones. Su desmantelamiento es, consecuentemente, un mandato constitucional en tanto que usurpa la autoridad que, de acuerdo a la constitución vigente, recae sobre órganos del Poder Público legítimamente constituidos.

            El falso protagonismo y carácter supraconstitucional del pueblo

            Para los defensores de la supremacía popular, base de la tesis intragable según la cual el mal llamado Poder Constituyente posee facultades supraconstitucionales, el pueblo – y en este caso se hace uso del término demagógicamente – está por encima de la constitución (como lo ha dicho el conductor del programa Doctor Político, transmitido por RCR 750), lo cual no solo es falso, sino un exabrupto jurídico (eufemismo para no llamarlo disparate).

            En primer lugar, el propio texto constitucional prevé que su normativa obliga por igual al poder público como a los ciudadanos. La razón de esto pivota en segundo lugar sobre las causas por las cuales a la constitución también se le conoce como «contrato social». Si asumimos las ideas de Jean-Jacob Russeau sobre la relación del Estado con sus ciudadanos y de estos entre sí (planteadas en su obra «El contrato Social», 1762), resulta evidente que una de las partes no puede estar por encima de este, aunque pueda sugerir y acordar su modificación (dentro de las reglas previamente previstas para ello en el propio contrato social). Suponer eso supone la presencia de un Estado tumultuario, como ese que instituyera Benito Mussolini en la Italia fascista y que, como bien reseña Umberto Eco en uno de los artículos recogidos en su obra «A paso de cangrejo», se basaba en la congregación de muchedumbres (no cuantificables) en la Piazza Venezia de Roma para tomar decisiones en nombre del «pueblo».

            Conclusión

            El proyecto revolucionario, que lo es y por ello avanza sin miramientos en la legalidad y el Estado de derecho, ha ido pervirtiendo la juridicidad con argumentos vagos, cuando no genuinas falacias. No es casual esto, en tanto que, revolución al fin de cuentas, pretende, en primer lugar, alterar el estado de cosas hasta transitar del orden democrático imperante desde 1958 hasta otro socialista. Para ello, y es este el complemente de lo anterior, debe permanecer el poder a como dé lugar, y, por ello, adecúa caprichosamente la legalidad para favorecer este último cometido, que, a la postre, termina siendo el único.