La mediocridad intelectual

La diputada y presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, aseguró que los temas incorporados en la malhadada reforma constitucional pueden ser objeto de leyes. En principio, sí. En principio.
El presidente pudo cercenar la posibilidad de mejoras sociales al empeñar un esfuerzo para hacer las normas constitucionales reglas caramente normativas y, lo más importante, esconder su interés visceral por repetir ilimitadamente en la presidencia del país. ¿Por qué digo esto? La Constitución es muy clara al respecto y los asuntos tratados en una reforma rechazada no podrán ser objeto de nuevas reformas en ese mismo período. No niego que algunas normas contenidas en la pretendida reforma pudieran ser beneficiosas, pero aprobarlas mediante leyes con posterioridad al rechazo de la reforma sería fraude a la ley.
¿Por qué? Muy simple. Viola la jerarquía de normas. Aprobar por medio de leyes aspectos incluidos en una reforma constitucional rechazada supone una clara violación a la norma constitucional que expresamente lo prohíbe. El valor tutelado es superior a los beneficios que se pretende ofrecer al colectivo, a pesar de que, en efecto, esos temas jamás debieron ser parte de una reforma constitucional. La Constitución vigente ya incluyó muchos temas que debieron ser objeto de leyes y no de normas constitucionales.
Otro aspecto que olvida la diputada Cilia Flores es que hay materias que si bien pueden ser objeto de normas legales, su contenido puede violar principios consagrados constitucionalmente, como ocurre con las veintiséis leyes aprobadas por el Ejecutivo, que desvirtúan el régimen democrático constitucional vigente en Venezuela por otro, en este caso, comunista.
Otra vez se viola – porque ahora sí se consumó la violación constitucional y de la tradición política-jurídica venezolana – el texto fundamental que define antes que ese caudal innecesario de artículos caramente normativos, aspectos esenciales a las formas del Estado, como su carácter democrático, la alternabilidad de los poderes públicos, la libertad en todas sus dimensiones, incluyendo las económicas, y en general todas las instituciones que definen en teoría a Venezuela como un Estado democrático.
De esto se trata el Estado de derecho. Y por lo visto, en los últimos meses se han visto mermado, al extremo de ser hoy, un mero saludo a la bandera para que afuera se sientan menos incómodos al recibir el dinero de un gobierno que ya no muestra pudor por enseñar su talante autocrático.