Ayer,
la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo por parte del presidente
Nicolás Maduro Moros. Alejandro Martínez Ubieda escribió en su muro de Facebook
una crítica muy dura sobre esa «medida desesperada». Y sin estar del todo
errado, dijo que una decisión como esa sería un pésimo precedente.
Ahora
digo yo, no se trata del precedente, que podría ser fatal ciertamente, sino de
las motivaciones de hecho – las pruebas – para justificar el derecho a
desconocer la autoridad del presidente o de un gobierno; porque con ese
argumento, el derrocamiento del general Pérez Jiménez sería igualmente un mal
precedente (que en efecto emularon muchos después).
Existe
ese derecho, desde luego, como lo expresa la Declaración de Independencia de
los Estados Unidos; pero no cabe la menor duda de que ese acto de rebelión debe
justificarse. Es por eso que esos llamamientos al artículo 350 de algunos
extremistas son solo cajas sonoras.
La
pregunta entonces no es si es conveniente jurídicamente, como si se tratara de
una gestión gubernamental deficiente. Y bien sabemos todos que ese no es el
caso. Se trata de si hay con qué tirarse esa parada. Yo no lo sé. Intuyo que
no, pero no lo sé.
La
mesa de diálogo es, sin lugar a dudas, una trampa caza-bobos. El gobierno jamás
ha tenido intención de dialogar. Solo desea correr la arruga a ver si
aumentando sueldos y buscando formas de endosar sus culpas a otros recupera la
popularidad que Maduro ha perdido de forma pasmosa. Casi puede decirse que echó
por el caño la popularidad de Chávez (que arropaba al proyecto, verdadera causa
de esta desgracia). El diálogo debe ser constante con todas las llamadas
«fuerzas vivas», para que colectivamente se decida la transición del actual
intento de imponer ilegítima e ilegalmente un modelo socialista a nuestra
tradicional democracia representativa.
No
se busca esa transición porque Maduro y su régimen sean deficientes. Otros ya lo
fueron antes y ciertamente, no se justificaba un golpe de Estado, como lo
pretendió el movimiento del que Chávez era parte. Se busca recuperar la
República y su institucionalidad democrática. Se pretende evitar que un grupo
secuestre a la nación para impulsar un modelo que además de probadamente
fallido, lo ha rechazado la mayoría de los venezolanos desde hace mucho, como
en efecto lo advirtió Rómulo Betancourt en la década de los ’30 del siglo
pasado.
Insisto,
«el abandono del cargo» no sería menos robusto que las causas baladíes por las
cuales destituyeron a Carlos Andrés Pérez en 1993. No obstante, una medida así
requiere del apoyo de todos los sectores nacionales (incluida buena parte del
Psuv). Me pregunto, ¿tienen con qué tirarse esa parada?
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