El
senado brasilero aprobó enjuiciar a Dilma Rousseff. Constituye este, el primer
paso hacia su destitución definitiva, que deberá votarse a fines de este mes. Todo
parece señalar que en efecto, será destituida. Luego de la derrota de Cristina
Kirchner, peligra otro aliado cardinal de la revolución bolivariana y de un eje
de naciones cada vez más reducido, cuyo epicentro sigue siendo La Habana a
pesar de los acercamientos con Washington. Sin dudas, esta decisión incidiría
dramáticamente en la crisis venezolana.
Según
lo reseña Thays Peñalver en su obra «La conspiración de los 12 golpes», Fidel
Castro calificó la «captación de Chávez» como prioridad para su régimen
entonces cuarentón. No es un secreto la precariedad económica de la isla para
1994, fecha en la cual se conocen el caudillo barinés y el exdictador cubano.
Entonces, la ingesta de calorías por parte de los cubanos había bajado de tres
mil a poco más de la mitad (Ob. Cit. Pág. 288). Al llegar Chávez al poder en
1999, más de 40 mil cubanos ya estaban en Venezuela (Ob. Cit. Pág. 288).
No
se trata de una élite enquistada en el poder, sino de un movimiento que
trasciende la visión parroquiana que parece tener buena parte de la sociedad
venezolana. Para Raúl Castro, un hombre sin ningún carisma pero mucho más
pragmático que su hermano, la viabilidad de la revolución bolivariana en
Venezuela es un tema de seguridad para el moribundo régimen cubano. Sobre todo
porque en noviembre, los estadounidenses podrían elegir a Donald Trump como
presidente. En ese caso, no dudo del destino fatal del acuerdo Obama-Castro, un
arreglo forzado por la fragilidad de la economía cubana y del creciente
descontento popular hacia la dictadura comunista.
La
reciente decisión del CNE, alargando la fecha de recolección del 20 % requerido
para activar el revocatorio de Maduro en franca violación a la ley, no parece
corresponderse con la fractura que de acuerdo a destacados periodistas existe
en el seno del Psuv e incluso, en la Fuerza Armada Nacional. Sobre todo porque
alargar el revocatorio para mantener el statu quo, como parece ser el caso, no
resolvería el problema de fondo, con lo cual puede uno inferir que, en primer
lugar, no les importa el eventual estallido social porque cuentan con un sistema
represor bien aceitado; y, en segundo lugar, porque tendrían al ejército de su
lado, con lo cual toda acción para ejercer presión podría ser inútil. Se sabe
que esa «lealtad» jamás ha sido «rodilla en tierra» en estas tierras. Repito por
ello lo que una vez le escuché a un general retirado que vivió la dictadura de
Pérez Jiménez: a pesar de gobernar en su nombre, fueron las Fuerzas Armadas las
que el 23 de enero depusieron al dictador, sin disparar siquiera un revólver
(la violencia sobrevino luego, por los saqueos y el asalto a la sede de la
infame Seguridad Nacional).
El
rechazo mayoritario hacia la dictadura militar unió a la sociedad en una causa
común: restituir la democracia. Esa alianza debe ser hoy una prioridad aun mayor
que el revocatorio, cuya celebración oportuna – antes del 2017 - dependerá de
la presión que los distintos factores de poder ejerzan sobre el gobierno. Creo
que viene al caso aclarar que no fue el referendo lo que logró la salida de
Pinochet en 1989, sino el apoyo decisivo del ejército chileno a las fuerzas
opositoras, impidiendo que el régimen consumara el fraude electoral contra ese
referendo.
No
habrá salida posible pues, si los actores políticos no encaran vigorosamente al
régimen para obligarlo a transitar de este modelo fallido a otro más
productivo, sea con los mismos actores o dando cabida a nuevos, fundado en los
principios regentes para las democracias occidentales y que, como lo señalara Maurice
Duverger, puede resumirse en el artículo 1° de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, proclamada por los franceses en 1789: «todos los
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho».
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