La gente ya decidió

El presidente pidió al poder legislativo la aprobación de un decreto de emergencia económica como si los ministros y asesores hubiesen estado estos últimos años comprando kerosén. De hecho, tuvieron el tupé de ignorar la citación para comparecer ante los diputados porque al parecer, hay cuitas que es mejor que la gente ignore. La constitución ciertamente lo prevé. El TSJ, por su parte, dictaminó la sujeción del decreto a la constitución. Ahora debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Dicho de un modo simple, el TSJ dijo que el cheque está bien hecho. Les concernió a los diputados decir si «esa cuenta tiene dinero para pagar ese cheque». No hay discusiones sobre el cumplimiento formal de las disposiciones constitucionales en su redacción. Otra cosa es, sin embargo, la correspondencia con la realidad de las «razones de hecho» expuestas para justificar la medida excepcional.

Los «considerandos» del decreto insisten machaconamente con la guerra económica y la inflación inducida por agentes perversos, que, como Chacumbele, prefieren matarse solo para fastidiar a Maduro. El problema es que la calificación de esas «consideraciones de hecho» compete exclusivamente a la Asamblea Nacional. En modo alguno puede el TSJ invadir las funciones del poder legislativo, arguyendo la supuesta constitucionalidad del decreto y la inconstitucionalidad del eventual acuerdo denegatorio del decreto. El TSJ ya hizo lo único que podía hacer: decir si formalmente se cumplían los extremos exigidos por la Constitución Nacional para la elaboración del mismo. Pero insisto, el juicio acerca de los hechos por los cuales se justifica la aplicación de la medida de emergencia solo le correspondía a la Asamblea Nacional.

Ignoro si el TSJ va a regañar nuevamente a la Asamblea Nacional (como si fuese un súper-poder, que no es) y usurpar sus funciones. Pero de hacerlo, sería otra intromisión más (otra más, sí) en las funciones del poder legislativo, que a la vista de todos, constituiría otra evidencia de la grosera injerencia del PSUV y la élite gobernante en los poderes públicos, y mucho más grave, el desconocimiento descarado de la voluntad popular expresada el 6 de diciembre pasado. De hacerlo, los magistrados serían responsables y podrían verse sometidos a la justicia doméstica e internacional con ganadas posibilidades de servir de chivos expiatorios. 

Las últimas actuaciones de la élite gobernante han sido cada vez más torpes. Desde las pataletas de niño malcriado luego de conocerse el triunfo de la MUD en las parlamentarias hasta las maniobras leguleyas (recomendadas por mercenarios del derecho o ignorantes de la ciencia jurídica), encaminadas a desconocer la soberanía popular y privilegiar sin pudor alguno el ejercicio hegemónico e incuestionable del poder por el chavismo. Su conducta no obstante, lejos de ayudarles, les acerca al fin. El PSUV (o la facción que se aferra a un modelo probadamente fallido) no termina de comprender lo que es obvio e inevitable: la gente ya está aburrida de su vida miserable y lo más grave, les endilga la culpa de sus desgracias. Y cuando digo la gente, me refiero a la mayoría de los ciudadanos de a pie, esa que a diario lidia con la crisis, y, desde luego, a las otras élites, las cuales, aunque no lo parezca, también detentan poder.