Urge la seriedad

La comunidad americana ha sido unánime: rechazan el golpe de Estado contra Manuel “Mel” Zelaya. Me pregunto, yo, quizás con ingenuidad, si a veces no queda más que una acción semejante. Sobre todo cuando los líderes violan la constitución y las leyes, y las instituciones llamadas a tutelar por ellas se hacen las desentendidas.
Nadie discute, por ejemplo, que el 23 de enero de 1958 haya ocurrido un golpe de Estado en Venezuela. Unos militares depusieron al presidente y todas las demás instituciones, y en su lugar erigieron una junta de gobierno, primero estrictamente militar y, después de unas horas – y unas cuantas protestas –, una conformada por militares y civiles. El 23 de enero de 1958 se ajusta a la definición clásica de golpe de Estado.
Venezuela entonces salió de una dictadura atroz. Puede decirse, pues, que ese golpe de Estado fue beneficioso. El de 1945, llamado en esos años revolución de octubre, ofrece dudas. También se disolvieron todos los poderes públicos, pero esas bondades obtenidas en principio por medio del alzamiento hubiesen sido alcanzadas luego, pacíficamente, por el régimen depuesto. Hay, no obstante, discusiones sobre el asunto, aún hoy. La intentona de febrero de 1992 – y su réplica en noviembre de ese mismo año – pueden apreciarse como “malos” y de haberse concretado, hubiesen sido ciertamente nocivos. No hay dudas acerca del carácter delincuencial de estas insurrecciones militares, ergo, de gorilas, Chávez dixit.
Esto nos conduce, invariablemente, al tema filosófico. ¿Por qué unos sí son legítimos y otros, no? A veces, cuando una situación es irremediablemente injusta se justifica la rebelión. En los casos de la dictadura de Pérez Jiménez, como muchas otras en América Latina esos años, no hay duda de la ilegitimidad de esos regímenes y de la plena justificación del derecho a la rebelión. Precisamente esos años, finales de los ’50 y principios de los ’60, muchas dictaduras latinoamericanas cayeron. En el caso de la revolución de octubre luce dudoso. Pero, en cambio, los casos de febrero y noviembre de 1992 no ofrecen posibilidad alguna de discusión sobre su inaceptabilidad. Se preguntará el lector, ¿qué justifica entonces un golpe de Estado? Wikipedia – que no es más que un “site”, donde gente común y corriente construye una enciclopedia (y por esa razón apelo a esta fuente) - nos ofrece una solución: “El derecho de rebelión es un derecho reconocido a los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo (no democrático) o que teniendo origen legítimo (democrático) han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, que autoriza la desobediencia civil y el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad.”
Esta solución no obstante no nos resuelve la calificación del gobierno ilegítimo (bien sea por su origen o su comportamiento). A esta pregunta – mucho más compleja – se le puede oponer la Declaración de Independencia estadounidense:
“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.”
Ante la posibilidad de dudas y, particularmente, de acusaciones infundadas sobre una posición “pitiyanqui”, lo cual sería válido en todo caso, aclaro que la Declaración de Independencia estadounidense define por primera vez en la historia el derecho a la rebelión y que puede entenderse por un gobierno ilegítimo. Justificación ésta que procede de ideas propuestas previamente por los enciclopedistas franceses.
¿La revolución cubana cumplió esas premisas? A pesar de que el acto de fuerza que depuso al gobierno de Fulgencio Batista fue legítimo, la conducta del régimen sustituto tampoco ofreció felicidad al pueblo cubano y hoy, esas verdades evidentes a las que hacían mención los padres fundadores estadounidense distan mucho de ser una realidad en Cuba. Entonces, el de Castro adolece de ilegitimidad tanto como adolecía el de Batista. Así de simple. El modelo venezolano, impuesto a partir de 1958, pudo ser deficiente e incluso, corrupto. Sin embargo, no puede tenérsele como destructora de principios democráticos. No hubo entonces, para ilustrar unos ejemplos de ilegitimidad, sumisión de los poderes públicos al poder ejecutivo ni aspiraciones reeleccionistas más allá de las que ofrecía la constitución vigente entonces. Por ello, el acto de fuerza intentado por Chávez en 1992 fue esencialmente un acto delincuencial. Como cualquier golpe de gorilas, asaltó la tranquilidad democrática de los venezolanos.
El caso hondureño resulta muy interesante, en cambio. Además de ofrecer un punto de vista novedoso sobre el asunto, me refiero obviamente al de los golpes de Estado; cuestiona igualmente la credibilidad de la OEA. En Honduras, un grupo de militares embarcó a Zelaya en un avión y lo despachó hacia Costa Rica. Acto seguido y sin detenerse un instante a analizar los hechos, los Estados miembros, aunque lo honesto sería decir los gobiernos representados en ese club, fijaron posición apriorísticamente, repudiando el “golpe de Estado”. Sin embargo, sobre la perpetración de un “golpe de Estado”, en Honduras no ocurrieron los siguientes hechos:
1. No hubo ruptura del orden institucional. Los otros poderes, el judicial y el legislativo, no sufrieron interrupciones en sus funciones, siendo hoy, días después del “golpe”, los mismos. Si hubiese ocurrido una ruptura del orden establecido, un golpe de Estado pues, todos los poderes hubiesen sido revocados.
2. Los militares no asumieron el control de la nación. Únicamente sacaron a Zelaya del país, para evitar que realizara una consulta que de haberse hecho, hubiese sumido a Honduras en una crisis política: la reedición de la fórmula continuista – vía constituyentes – propuesta ilegalmente por Venezuela en su propio territorio[1], como en otras naciones hermanas.
3. Las autoridades legítimamente electas en Honduras, poderes judicial y legislativo, avalaron la acción de los militares, con lo que, de hecho y de jure se solucionó el conflicto, aunque intereses aquí y acullá rechacen esta verdad.
A la OEA pareció importarle un bledo que los poderes judicial y legislativo resolviesen el conflicto conforme a las leyes hondureñas. De inmediato, todas las instancias internacionales rechazaron un acto que apenas conocían, gracias a la inmediatez de las personas – o más bien de ese estilo carnavalesco que, según Umberto Eco, ha banalizado la contemporaneidad - y al despliegue (des)informativo desarrollado por Telesur (para no decir Chávez). Actuaron pues, precipitadamente. No conformes, avalaron su idiotez excluyendo a Honduras del sistema interamericano, apenas unas semanas después que, airadamente, defendían la reincorporación de Cuba al organismo panamericano. ¡Resultó ofensivo y grotesco ver a Raúl Castro vocinglando la defensa de los derechos humanos que en su país no han existido hace más de 50 años! (Huelga decir que en tiempos de Batista tampoco existían).
La OEA ha quedado herida mortalmente. La exclusión de Honduras y la aceptación de Cuba demuestran que su discurso no es coherente. Si Honduras debe salir, porque hubo un “golpe de Estado” (ciertamente dudoso), Cuba jamás debió entrar. Si a Zelaya lo despojaron ilegítimamente del poder los poderes judicial y legislativo, ¿qué carajos le hicieron los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a Antonio Ledezma en Venezuela? La elección de Ledezma es tan legítima como la de Zelaya. Honduras mostró, cuando menos, que aún existe separación entre los poderes públicos. En Venezuela la situación es harto confusa. En Cuba ni siquiera hay lugar a esta confusión.
La OEA ha ratificado su vocación por crear reyezuelos. Al ente panamericano sólo le importa que los presidentes hayan ganado las elecciones (y me atrevo a decir que apenas formalmente, porque tampoco cuestiona la falta de transparencia en los procesos electorales, como se ha apreciado en el caso venezolano). La legitimidad de las autoridades parlamentarias y judiciales en cambio importa un rábano, como se advierte en el caso hondureño. Aun más, la tendencia izquierdista del organismo luce clara – y desde luego contraria a los sagrados principios democráticos – ante la insistencia por el ingreso al sistema interamericano de un país cuyo mandatario heredó el poder de su hermano, tal como si fuese un emperador romano, y en el que los derechos humanos brillan por su ausencia.
Sobre esto, aclaro, porque creo encierra el meollo del asunto.
Al parecer, un discurso o una tendencia política pesa más que otra y los pecados de unos no lo son si son otros quienes los cometen. Entre Fidel Castro y Augusto Pinochet no hay mayores diferencias: ambas dictaduras fueron atroces. La razón de ser de la OEA no es defender gobiernos de izquierda (autoproclamados progresistas, a pesar de que Cuba sea la antitesis del progreso). La OEA representa Estados y éstos son mucho más que sus gobiernos, los cuales representan sólo a una parte de la población y, muchas veces, a una minoría (aunque sea numerosa).
Se avecinan tiempos muy duros para las democracias latinoamericanas y una buena parte de la culpa recaerá sobre la OEA y desde luego, los gobiernos que ahí se agrupan para defenderse unos a otros.
Urge la seriedad.

Francisco de Asís Martínez Pocaterra
Abogado
[1] Debe recordarse que la consulta popular que permitió la reelección de Chávez atentó contra las normas fundamentales establecidas en la Carta Magna y por ende, es inconstitucional.