Ante la noticia de un golpe de
Estado, pensamos primero en un alzamiento militar o, cuando menos, uno armado.
Esa es, sin dudas, una forma de desconocer el Estado de derecho, que siguiendo
el espíritu de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, es legítima
solo en determinados casos, cuyas causas están sujetas a pruebas concretas y no
a la cháchara de un caudillo o de un grupo de personas.
La verdadera esencia de un golpe de
Estado no está en el desconocimiento de las autoridades constituidas, que, como
ya se ha dicho, estaría justificado en algunos casos, como por ejemplo, la
dictadura de Pérez Jiménez. La esencia fundamental de un golpe de Estado está
en el desconocimiento del Estado de derecho, y éste puede darse o bien por
parte de un grupo que pretende acceder al poder violentamente, o bien por parte
de quienes ejercen el poder, aun legítimamente.
El primer caso es el más corriente.
Lo experimentamos por última vez en Venezuela con el alzamiento del 27 de
noviembre de 1992. Un grupo, en este caso una facción de las Fuerzas Armadas,
al parecer infiltradas por los reductos de la izquierda que no se acogió a los
términos de la pacificación en 1969, desconoció el Estado de derecho y
arrogándose ilegítimamente la voluntad popular, intentó tomar el poder político
por la fuerza. Sabemos, fracasó.
Importa mucho más en este momento,
el desconocimiento que del Estado de derecho hacen quienes detentan el poder.
Hay ejemplos.
El primero lo perpetró la
desaparecida Corte Suprema de Justicia en 1999, cuando allanó una reforma
constitucional que ciertamente no estaba prevista en el texto derogado. La
prórroga que lograron los oficialistas para no llevar a cabo el referendo
revocatorio a la mitad del período sino después, en el 2004 (la mitad del
período era en julio del 2003 y donde no distingue el legislador, no distingue
el intérprete). Luego, en el 2007, con la fallida reforma constitucional
propuesta por el régimen (fundamentalmente para perpetuar en el poder al
fallecido presidente Chávez). Sobre este particular me permito aclarar que
rechazada la reforma electoralmente, los temas tratados en ella no podían
volverse a tratar en el mismo período, cosa que se hizo con la enmienda de
2009. Además, rechazadas las reformas en
consulta popular, mal podían prosperar leyes que desarrollaban esos temas. La
ciudadanía las había rechazado (y por ello, todas las leyes con contenido
socialista son inconstitucionales).
Seguimos con más ejemplos. El
contralor general de la República no vino a ser sustituido sino años después,
cuando debió elegirse uno nuevo 30 días después de su fallecimiento en el 2011.
De hecho, todo el poder moral, el poder electoral y unos tantos magistrados del
TSJ siguieron ejerciendo sus funciones después del vencimiento de sus términos,
cuyos plazos tienen rango constitucional y no pueden alterarse sin cumplir los
requisitos de una reforma o enmienda constitucional.
Hubo en todos esos casos, golpes de Estado. Se
desconoció el Estado de derecho. Y se hizo además, porque en ese momento, las
leyes no favorecían al gobierno de turno.
El más grosero, no obstante, tuvo
lugar el 10 de enero de 2013, cuando el período constitucional 2007-2013 venció
y por ende, el ejecutivo en pleno quedaba cesante, hasta tanto el presidente
electo, Hugo Chávez, prestara nuevamente juramento para un nuevo período, el
2013-2019. Consecuentemente, el vicepresidente Nicolás Maduro y el Gabinete
quedaban cesantes de pleno derecho y por ello, estaba incapacitado para ejercer
interinamente la presidencia porque ya
no era vicepresidente. Es por esta razón que el constituyente previó que en
ese caso particular, el interinato recae sobre el presidente de la Asamblea
Nacional. Maduro pasó a ser pues, un gobernante de facto a partir del 10 de
enero del 2013, porque no había asidero jurídico que legitimase su presidencia
interina más allá de esa fecha. Hubo pues, desconocimiento flagrante del Estado
de derecho.
No estoy de acuerdo con los golpes
de Estado y considero que de darse, debe ajustarse a casos muy específicos.
Creo que han sido la razón por la cual hemos tenido 26 constituciones y aún no
tengamos país. Sin embargo, pienso igualmente que por las buenas, esta gente no
va a rendir su causa ni a rectificar su fallida ideología. Es muy probable que
continúen violando el Estado de derecho para ejercer el poder hegemónicamente.
El escenario político les es
desfavorable, no obstante. La crisis económica es de tal magnitud que más
pronto que tarde, la gente no tendrá dinero para comprar, porque aun habiendo
productos en los anaqueles, sus ingresos serán insuficientes, incluso para
cubrir la canasta alimentaria. Podrán decir lo que les venga en ganas, pero la
brecha entre lo que gana el ciudadano común y lo que le cuesta la comida (sin
nombrar lo demás) es sencillamente explosiva.
Por ello, urge tratar temas mientras
transitamos este calvario hacia unas elecciones que prometen ser muy
complicadas. A mi juicio, lo primero es trazar, de nuevo, un pacto para la
gobernabilidad del país, uno que incluya a todos los sectores del país. Un
nuevo pacto de Puntofijo pues, que bajo una ideología – al parecer, la
democracia representativa –, se planteen ideas razonables para mejorar
sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos a través de la
reinstitucionalización del país y una profunda transformación económica. Esto
supone pues, empezar a hablar de transición.
Hablar de transición en este momento
significa forzar el diálogo con factores del PSUV dispuestos a dialogar y
encontrar puntos coincidentes para impedir que otros factores, que deben estar
al acecho, como en otras ocasiones, desconozcan el Estado de derecho. Dialogar
y exigir del gobierno reformas y cambios no es contrario al Estado de derecho.
Por el contrario, la tozudez del gobierno para escuchar a la ciudadanía sí lo
es, pero eso es tema de otro texto, como lo es también qué debería incluir ese
acuerdo para la gobernabilidad.
Cabe terminar afirmando que los sediciosos
siguen siendo los mismos.
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