Una visión de las instituciones latinoamericanas

El presidente Lugo resultó destituido de su cargo a través de un juicio político, que si bien pudo ser polémico, no por ello faltó a las normas constitucionales paraguayas ni a los principios más sagrados del Estado de derecho. La actitud de sus colegas en esta parte del continente, incluido el presidente Santos, sí ha sido contraria a la más elemental práctica política y a los valores sobre los cuales se fundamenta la democracia.

Se dice que al presidente Lugo lo eligió el pueblo paraguayo en las urnas y que la decisión popular es la base de la democracia representativa. Y eso es cierto. Como lo es también que a Hitler y a Mussolini los eligieron los pueblos alemán e italiano. Creer que sólo por ello que sus acciones no acarrarían consecuencias es una falta de respeto a los derechos humanos. Entre las consecuencias por esas acciones no están únicamente la aprobación popular de sus gestiones, sino también la posibilidad cierta de terminar anticipadamente el mandato popular.

Los congresos son igualmente electos por el pueblo en las urnas e incluso hay regímenes en los que el Congreso elige al presidente de la República. Así era en Venezuela hasta 1945. Si bien ésta es una fórmula indeseable para la designación presidencial, nos dice que de los tres poderes públicos, sólo el legislativo recoge una representación proporcional del pueblo (que obviamente incluye a todos los habitantes de un país y no sólo a los menos favorecidos económicamente).

La insistencia de los mandatarios regionales puede degenerar en una crisis mayor de la que originó la decisión parlamentaria de terminar prematuramente el mandato del presidente Lugo. Podrá ser inconveniente, pero no ha sido nunca un golpe de Estado contra los poderes constituidos porque está previsto en la legislación paraguaya. Las defensas de los presidente suramericanos son sólo una demostración del pánico que les causa verse en una situación semejante.

Al parecer, la elección electoral del presidente degenera en una patente de corso o una eximente de todas sus actuaciones y, como los reyes absolutistas del siglo XVII y XVIII, son irresponsables de sus actos. Me permito recordar que en el pasado hubo situaciones similares: Fernando Color de Melo en Brasil, Abdallah Bucaram en Ecuador, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Richard Nixon en Estados Unidos y si bien no le costó el cargo, también el presidente Bill Clinton, por un asunto doméstico que en atañía únicamente a la señora Hillary Clinton.

No es pues, la primera vez que a un presidente se le compele a abandonar el cargo por haberse apartado de sus deberes reales. No es, tampoco, como lo pretenden vender algunos, un golpe de Estado contra las instituciones (que es contra quien se perpetran los golpes de Estados), sencillamente porque a) se hizo conforme a derecho, b) no hubo ruptura del orden constitucional (el vicepresidente Franco quedó encargado como lo establece la Constitución del Paraguay), y c) siguen incólumes los otros dos poderes legal y legítimamente constituidos.

La conducta de quienes pretenden imponerse desde el extranjero contra las instituciones paraguayas es del todo inaceptable y de imponerse, en efecto, la voluntad de presidentes en lugar de las instituciones, se estaría sentando un pésimo precedente.

Francisco de Asís Martínez Pocaterra

Abogado