¿Traidores?

El gobierno, por medio de palangristas de diversas profesiones, pretende crear una matriz de opinión para exponer a los diputados y a voceros opositores como traidores, por exigir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Sobre esto, señalo algunas cosas:

1.      La CDI no implica invasión alguna al territorio nacional. Es un instrumento que prevé pasos para superar alteraciones del orden democrático por vías diplomáticas y en todo caso, jamás por medio de la intervención militar.  

2.      La CDI es un acuerdo suscrito y ratificado por Venezuela y por lo tanto, es ley de la República y de aplicación directa por los jueces venezolanos (Art. 23 CRBV).

3.      La CDI es el primer instrumento internacional que reconoce a la democracia como un derecho humano.

4.      Los diputados y los voceros opositores han acusado ante el ente hemisférico, del cual Venezuela es parte; que el gobierno se aparta cada vez más de las instituciones democráticas, y que ha llegado, incluso, a la ruptura del orden democrático, como ha quedado en evidencia no solo con las sentencias 155, 156, 157 y 158 de la Sala Constitucional del TSJ, sino todas aquellas que a lo largo del 2016 despojaron a la Asamblea Nacional de sus funciones, reduciéndola a un mero formalismo.

5.      La conducta antidemocrática y la ruptura del orden constitucional ha sido acusada por diferentes actores tanto dentro como fuera del país. Entre ellos, la jefa del Ministerio Público e integrante del Consejo Moral Republicano, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz; Luis Almagro, Secretario General de la OEA; así como un numeroso grupo de presidentes y expresidentes, preocupados por la situación venezolana.

Entonces, ¿cómo pueden ser acusados de traidores quienes solo exigen la aplicación de un instrumento ideado para la defensa de las alteraciones del orden democrático que de paso, es ley de la República? ¿Cómo puede señalarse con tal imputación a quienes solo exigen el acatamiento de las leyes y de los principios democráticos que Venezuela se comprometió a cumplir y defender?  

Cabe recordarles a los autócratas que el triunfo electoral no concede una patente de corso a los jefes de gobierno, para que lleguen a extremos como los que hoy se patentizan en Venezuela. Las reglas democráticas no deben usarse para asegurarle a la élite su permanencia en el poder. Y sí, la legitimidad de origen puede perderse por el desempeño ilegítimo del mandato.