Quejarse vale de nada. Aún más, si tu interlocutor
es sordo. Esto es lo que ocurre con este gobierno y nosotros, quienes nos
oponemos a este modelo ineficiente y probadamente fallido.
No vale de nada despotricar, mientras
la vocería oficial impone a troche y moche su proyecto, tan ilegal como lo es
un golpe de Estado (la Constitución no prevé un modelo socialista). No sirve
hacer alboroto, aun en las calles con protestas que algunos ven como única
solución. Mucho menos, andar pidiendo que vaya a saber uno qué militares y de
qué tendencia ideológica den un golpe de Estado. La única solución es pensar
primero, fríamente, el país que queremos y luego, actuar.
Tirarnos como locos provocando un
cambio de nombres en los cargos públicos no va a resolver los verdaderos
problemas, que, bien se sabe, no son ni el PSUV ni Maduro (éstos son acaso un
obstáculo en la solución del problema pero no el problema). Por eso, creer con
una ingenuidad cándida (y pasmosa a la vez) que las elecciones parlamentarias
son la panacea a los problemas va más allá de la simpleza. Es, sin dudas, una
estupidez. No es un secreto que mucho pierden muchos de perder el poder, y no
nos engañemos, cuentan con las instituciones para torcer las reglas del juego a
su antojo.
¿Qué puede hacerse? En primer lugar,
ser serios. No hay solución sin un proyecto de país, que plantee a las personas
una ruta sensata y viable para transitar hacia una democracia más saludable y
un modelo económico próspero. Y eso no se logra solo porque Primero Justicia o
Voluntad Popular sean mayoría en la Asamblea Nacional. Aun si la MUD lograse
una mayoría significativa (que en todo caso es el mejor escenario), no habría
soluciones a la vista si los temas en verdad importantes no son planteados.
Para ello urge un nuevo pacto de gobernabilidad que involucre a todos los
sectores – incluido el PSUV – de modo que en vez de cambiar a fulano por
mengano, el ciudadano común vea como su ingreso no se diluye por la inflación o
no se lo lleva un hampón.
Ese acuerdo no puede decretarse, porque
hay implícitas cuotas de sacrificio que deben repartirse. Al fin de cuentas,
de este desastre no podemos salir indoloramente. Sí, hay que mejorar los
salarios, desde luego, pero se debe ser razonable en esos aumentos. Por eso, en
vez de imponer a juro alzas del salario (que son un costo y por ende,
impactarán el precio final de los productos y servicios), hay que consensuarlo.
Así como urge, del mismo modo, un adecentamiento de las instituciones, un
verdadero plan para minimizar la criminalidad y, obviamente, un proyecto para
que el sector privado se fortalezca realmente frente al inmenso poder económico
del Estado.
Un plan para la transición – una de
verdad – debe ser, antes que todo, un gran acuerdo nacional que diferencie
gobierno de Estado y que deje claro, ambos están para servir a todos los
ciudadanos, aunque no hayan votado por el gobierno de turno.
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