Se presume culpable

Resulta humillante, por decir lo menos, el trato ofrendado a los abogados y sus asistentes por parte de las autoridades. No es nuevo. El desmedido afán de control presente es causa de una idea anterior, que ciertamente transgrede la presunción de inocencia prevista en la constitución.
Las peticiones de poderes autenticados, de requisitos que la ley no exige o la infinidad de majaderías que al director de turno se le antoja hacen del derecho de petición – previsto también constitucionalmente – una verdadera yincana. La ley es clara. Las peticiones ante organismos públicos se rige por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que establece, para conocimiento de las autoridades dos derechos, a saber: 1) la prohibición expresa de recibir solicitudes por carecer de recaudos (Art. 45 LOPA), y 2) la facultad del peticionario de autorizar a un tercero sin más formalidades que una carta suscrita por él (Art. 25 LOPA).
A diario, esos dos derechos son pisoteados por funcionarios públicos, que rechazan recibir solicitudes de los particulares en franca violación del referido artículo 45 de la LOPA y por ende, en oposición con otro derecho consagrado constitucionalmente, el derecho a la defensa. Una negativa verbal no constituye prueba de la violación constante del referido artículo y de los daños que esa conducta acarrea a los particulares. En todo caso, ese funcionario – y sus jefes, de ser el caso – son responsables penal y civilmente por los daños causados al particular y por ende, al Estado (que se verá obligado a resarcir daños patrimoniales por la responsabilidad por la actuación de sus funcionarios), así como administrativamente, como lo prevé el artículo 100 de la LOPA.
La Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, sancionada en 1999, ha sido un mero saludo a la bandera. Su esencia se fundamenta en uno de los pilares de la democracia: la buena fe y la presunción de inocencia. Sin embargo, tal cosa es inexistente en los manuales de procedimientos de los entes públicos, que parten de la mala fe y de que, en principio, la gente es culpable.
Las múltiples trabas impuestas al particular tan solo generan corrupción y soluciones al margen de la ley. Mientras más fácil sea la entrega de solicitudes al Estado, a través de sus variados entes, los particulares gastarán menos horas útiles en esos trámites y por ende, la corrupción asociada disminuirá.
Resulta vergonzoso que los Colegios de Abogados y la Federación de Colegios de Abogados no se pronuncie al respecto y establezca puentes con los entes gubernamentales para hacer cumplir la ley y hacernos a los profesionales del derecho el ejercicio menos engorroso y humillante.