Las aguas profundas

Se anunciaron la fecha para la celebración de las primarias en el seno de la oposición. Se llevarán a cabo, si es que no recrudecen los encontronazos entre las distintas facciones, el 22 de octubre de este año. Según una encuesta informal – y recalco este hecho – llevada a cabo por la periodista Shirley Varnagy en la red Twitter, María Corina Machado y Benjamín Rauseo se alternaban en la preferencia de los votantes. Capriles y Rosales aparecían definitivamente rezagados en ese sondeo. No le doy mayor crédito, justamente por su natural informalidad (no pretende ser un análisis serio de la intención de voto), pero números más, números menos, se corresponde con otras realizadas por firmas especializadas. No me sorprende. Sobre todo, si tomamos en cuenta que en otros estudios que la toman en cuenta, la opción «ninguno de los anteriores/no me gusta ninguno», es justamente la que las encabeza. Acerca de esto, Moisés Naím en su ensayo «La revancha de los poderosos» decía que la antipolítica se nutre de sí misma y encierra a las sociedades en un círculo vicioso del que resulta difícil salirse.

     En todo este tinglado, semejante más al de la antigua farsa que nos recitara don Jacinto Benavente que al debate político serio que ciertamente necesitamos los venezolanos, la verdad subyacente, desde las elecciones de 1998, suerte de causa inmediata de una muerte anunciada por una enfermedad crónica de vieja data, es que en estas tierras se arraigó la antipolítica como la maleza en las haciendas arrebatadas a sus dueños por la revolución.

     En 2019, bajo el clamor popular manifestado en las calles por una muchedumbre deseosa de cambios, se inició el interinato. Después de un intento fallido para deponer al gobierno en 2017, si es que lo hubo realmente, Juan Guaidó, electo presidente de la Asamblea Nacional (electa en 2015 y entonces vigente, aunque anulada de facto) para el último período de la misma, fue designado presidente interino. No nos interesa si ese argumento era o no válido, aun cuando para muchos sí lo era. Interesa ese magma bullente que espera transformaciones profundas, pero que, bajo un aura de honorabilidad e inteligencia (todavía sin demostrarse manifiestamente), han sido pospuestas por razones que lucen opacas, y por ello, para muchos serían la fuente de una profunda y viscosa decepción.

     Para bien o para mal, no lo sé, la ingeniera Machado emerge desde su trinchera como la única voz coherente en todo este circo de payasos decadentes y animales hambreados. Como lo reseñó Ramón Piñango en una entrevista concedida a «Prodavinci», estaría por verse si cumple o no, si no se encierra en un coto de adulones y escucha a quienes le asesoren honestamente y sin miedo a perder su favor. A los fines de este texto, eso no es relevante. Lo es, sin dudas, la razón subyacente del incremento en su popularidad, como lo es el hastío hacia una dirigencia vista como complaciente, si no cómplice de un gobierno fallido, pero, sin dudas, consolidado en su dominio. Ya ocurrió, aunque con sus diferencias, en la última década del siglo pasado, con el intento de golpe de Estado de 1992 y la llegada de la revolución a una jefatura construida sobre un discurso demagogo y violento, mentor de la polarización que hoy nos mantiene fracturados como nación, y a una demoledora campaña de mitos, fábulas y verdades a medias, que en definitiva es otra forma de mentir.

     No vemos más allá de las elecciones, y, aferrados a la idea de que son estas un rito mágico capaz de hermanarnos de la noche a la mañana (lo cual es una quimera propia de majaderos), no nos adentramos en las aguas profundas. Si bien la revolución no inventó nada nuevo, son estas autocracias de nuevo cuño, innovadoras en cuanto a los métodos de perpetuarse, y si bien no desdeñan las viejas mañas, ya conocidas por todos, se valen de las nuevas tecnologías, y de la masificación de la información para sembrar bulos, no con el ánimo de alterar la realidad (lo cual no es simple ni factible en muchos casos), sino con la intención de confundir, de borrar esa línea divisoria entre el mundo de las fábulas y las pendejadas, y ese otro, verdaderamente constatable donde residen la crisis y sus funestas consecuencias.  

     Yo no sé si las dictaduras salen o no con votos, lo cual estaría por verse, pero sí sé que no habrá una genuina transición sin alterar primero el statu quo, de modo que se reconstruya el vínculo entre el liderazgo y la ciudadanía y, desde luego, se civilice la lucha política entre las distintas facciones, para que el diálogo, herramienta cardinal de la democracia representativa, retome su protagonismo sobre el respeto a la disidencia y, en todo caso, al Estado de Derecho, piedra angular de todo orden democrático.

 

         ¡Qué se vayan todos!

La antipolítica no solo gana terreno, sino que pareciera sustituir la política tradicional. Ocurre en Venezuela tanto como en otras naciones, aun aquellas más desarrolladas y, en principio, con instituciones más robustas. Ocupó el discurso en países primermundistas como Gran Bretaña e Italia, donde extremistas opuestos al establishment calaron hondo en el electorado: Silvio Berlusconi y Boris Johnson. Este lado del mundo no ha estado exento de la diatriba antipolítica. Estados Unidos pareciera atestiguar una eventual decadencia de su liderazgo con un partido Republicano más atento a hacerse del poder que resolver los serios problemas que atañen a Estados Unidos, mientras la vocería demagógica del ala extremista del partido Demócrata comienza a seducir jóvenes para quienes la Guerra Fría y la extinta URSS lucen muy distantes. Otro claro ejemplo es la popularidad del presidente Nayib Bukele, que, en su lucha contra las maras, al igual que Duterte en Filipinas, ha ganado el afecto de los salvadoreños, aun cuando defeca sobre el Estado de derecho.

En Venezuela la antipolítica igualmente sedujo al electorado, exhausto como estaba de los decadentes partidos del estatus. La malsana simbiosis que desde siempre ha existido entre el sector productivo y el gobierno de turno y un creciente descontento por la depauperación de la población más allá del umbral tolerable, así como el afán reeleccionista y el retorno a Miraflores de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera (este último montado justamente en la antipolítica) sacó del anonimato no solo a un caudillo sin mayores calificaciones para gobernar, sino a grupúsculos extremistas que jamás aceptaron la pacificación y la vuelta al espacio político civilizado del liderazgo que, animados por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, había optado por la lucha de guerrillas como ruta para acceder al poder.  

Si Caldera pateó a su propio partido para venderle al electorado la idea de que los partidos tradicionales traicionaron al pueblo (término desfigurado por todos los populistas), con lo cual obtuvo el triunfo en medio de una votación repartida entre cuatro candidatos sin que ninguno arrastrase a las masas; su gobierno reforzó el liderazgo de un hombre que, distinto de él, protagonista indiscutible del llamado «puntofijismo» (cuya defenestración fue clave esencial de aquel movimiento emergente), sí era un genuino outsider, y portavoz del antisistema. Chávez reunió el descontento y sin dudas un profundo resentimiento alrededor de un discurso devastador, basado en la oposición irracional e injustificada a todo lo que representaba – y lo que no, también – el pacto de Puntofijo, a su juicio, génesis de un contubernio perverso para expoliar al pueblo. Si bien hubo aciertos, y muchos, notorios intelectuales, con el doctor Arturo Uslar Pietri como principal vocero, demolieron la credibilidad no solo de un liderazgo corrompido y pusilánime, sino del propio orden democrático construido sobre ese pacto, demonizado por el otrora jefe de la insurrección militar del 4 de febrero de 1992.

Chávez adelantó y reculó durante su mandato. Sin embargo, sus políticas no ocultaron su voluntad de aniquilar a todo el viejo estamento político y empresarial, ni lo que realmente perseguía esto último, su deseo por entronizarse en el poder. Sin dudas, derrocó en 1998 al viejo liderazgo, ciertamente desviado de la ruta trazada el 31 de octubre de 1958 en la residencia del fallecido expresidente Rafael Caldera en Las Delicias, Puntofijo; y, con maniobras opacas y celadas arteras, también al emergente que hoy, envilecido por un discurso ambiguo y una legalidad confusa, tanto como él mismo, obvia los más elementales principios jurídicos y políticos, y, aun ingenuamente, ayudaron a destruir no solo al Estado de derecho, sino a sí mismo. Para ello se valió de la polarización de las ideas, que, como hemos visto, dividió a la nación en dos bandos, los que le apoyaban y los disidentes, y fragmentó a estos últimos al extremo de impedirles articularse en una verdadera fuerza unitaria capaz de contenerle y, eventualmente, despojarle del poder. Esta polarización no hubiese sido posible si primero no aturdía y aletargaba a la ciudadanía con peroratas cuyo único fin era crear una narrativa conveniente a sus necesidades políticas. Podemos decir que en eso fue exitoso.

         Bien sabemos que Maduro heredó de su predecesor no solo ese discurso populista, sino una nación inmersa en una mitología vaga y confusa, collage de ideas y proyectos políticos diversos, aun irreconciliables, y, sin lugar a dudas, polarizada al extremo de hacer inviable cualquier solución política a una crisis que, fundamentada en una narrativa delirante y propuestas quiméricas (como ese dislate del pago de una deuda social inexistente, que condujo a la ruina nacional), se nos hace cada vez más azarosa y dolorosa de superar.

Sin embargo, asumir que el régimen bolivariano blindó su hegemonía es un gravísimo error, del propio gobierno tanto como de la población en genera.

No es un secreto el colapso de Venezuela y, hecha escombros, empuja a millones de sus ciudadanos a huir a otros países, y los que aún residimos en estas tierras desoladas, enfrentamos a diario la ruina nacional. Tampoco lo es que la antipolítica puede degenerar en una espiral de repeticiones, y, desde luego, la aparición de nuevos caudillos, que, montados en ese mismo discurso, enamoren a los votantes. Por ello, deben todos – debemos – ver los riesgos reales de no obrar inteligentemente y tan pronto como la urgencia nos exige. La antipolítica se nutre de sí misma. 

El grito se escucha en todo el mundo: ¡Que se vayan todos! Las fuerzas de la antipolítica obran por doquier. Mientras unos partidos, otrora vigorosos, se postran y obran improvisadamente, y, como hemos visto en Venezuela, se vacían de contenido; ascienden al poder otros personajes, radicales e inexpertos, y solo entonces caemos en cuenta de que no es todo este alud de desventuras algo pasajero, y que la antipolítica es como una droga altamente adictiva, y que, para sentirse segura en medio de la incertidumbre, la ciudadanía demanda dosis cada vez más fuertes.

 

            De juicios draconianos y la manía de creerse Dios

En estos días reventó un escándalo por la atención psiquiátrica ofrecida en una clínica caraqueña al cantante Chyno Miranda. A través de su presidente, la Federación Médica Venezolana exigió la liberación de los profesionales detenidos por el caso. Por lo visto, la acusación inicial de ejercicio ilegal de la medicina es falsa. Por otro lado, no obstante, diversos testimonios han denunciado el trato inhumano ofrecido a los pacientes en ese centro clínico.

            ¿Quién tiene la razón?

            Tal vez sí ostenten el título, y, en efecto, no practiquen la medicina ilegalmente, como lo señala el presidente de la Federación Médica Venezolana. Sin embargo, no podemos obviar las serias acusaciones hechas por pacientes ahí recluidos, que refieren de un trato cruel. Sobre esto no podemos dejarnos arrastrar por la polarización imperante. Si hubo delitos, que podrían ir más allá de la práctica ilegal de la medicina, debe investigarse y, de ser el caso, condenarse a los imputados en un juicio justo. 

            Las muchedumbres por lo general actúan irracionalmente. Sin embargo, la ley no puede caer en ese tumulto insensato. Su deber es, dentro de lo posible, hallar la verdad (esa que, según la propia ley, logre demostrarse en un juicio). Por ello, ordenar la captura de estos médicos por la presunta comisión de uno más delitos para aquietar a las masas es, de hecho, un atentado a la juridicidad. Los órganos competentes deben investigar y, de ser el caso, los jueces ordenar la detención preventiva de los imputados, garantizándoles siempre los derechos que la ley les concede. Si no, estamos en presencia de una justicia tumultuaria. Esta no es, en modo alguno, aceptable en sociedades civilizadas.

            La degradación de las instituciones y de las más elementales reglas de convivencia social nos ha descendido a este despropósito social que es Venezuela hoy por hoy, y, por ello, reina el caos y la anomia. Ese desdén por las reglas y, sobre todo, por las normas básicas sobre las cuales se cimienta toda sociedad civilizada, nos ha impedido ver más allá del chafarote de turno, del caudillo iluminado, ejecutores de las desgracias nacionales.

            Ignoro si son culpables o no esos médicos, hoy detenidos. Hay historias controvertidas cuyos hechos deben contrastarse en un proceso ajustado a derecho. No es esa tarea de los medios, cuyo trabajo se limita a informar los hechos, sino de los jueces, dentro de un cuerpo de normas que más allá de garantizar los derechos ciudadanos, definen la civilidad de una sociedad que aspira al desarrollo. No podemos arrastrar a este país al lodo mefítico en el que la sensatez y el buen juicio se corrompen bajo oleadas de moscones zumbones. Por lo contrario, debemos rescatar esos valores, esos principios, esas reglas, no solo para juzgar legítimamente a los responsables de delitos, sino para construir un Estado realmente democrático, capaz de generar progreso y de construir ciudadanos, no una masa frenética.

            En medio de la lucha descarnada entre diversos bandos (más de dos, si somos realmente honestos), no nos escuchamos, y, como las masas irracionales, apelamos a los más primitivos instintos, entre los cuales se suma ese de creerse amo y señor de la verdad. Somos pues, jueces y verdugos, y en nuestra limitada visión de los hechos, emitimos sentencias draconianas, sin posibilidad de alzada en otras instancias…  porque cuando nos creemos Dios, es imposible errar.      

 De la kristallnacht al asalto a Capitol Hill 

La noche del 9 para el 10 de noviembre de 1938, la comunidad judía recibió el ataque de fanáticos nazis, instigados por el ministro de propaganda Joseph Göebbels. La «kristallnacht» fue una demostración de cuan ruin puede llegar a ser el hombre y de cuanto pueden manipularse las masas. La mañana del 6 de enero del 2020, de nuevo, instigada por la voz irresponsable de un megalómano envilecido por pasiones miserables, como, en efecto, al parecer así lo indican las investigaciones pertinentes, la muchedumbre asaltó el Congreso de los Estados Unidos de América. 

El fanatismo es una potente fuerza subyacente en todas las sociedades, indistintamente de su nivel de desarrollo. No es difícil azuzarlo. Se ha hecho infinidad de veces. Donald Trump lo azuzó en el 2016, y, por ello, ganó las elecciones, y lo incitó de nuevo cuando vencido, quiso revertir esa derrota para él infamante. A lo largo de la historia del hombre, alrededor de cinco o seis mil años si nos reducimos al tiempo que la escritura ha registrado sus quehaceres, líderes y jefes de todo tipo han incendiado el alma de sus seguidores, excitando resentimientos restañados y rencores bien acunados en lo más hondo de sus corazones. 

Chávez lo hizo. Si bien existía entonces una sensación de agobio y agotamiento frente a un sistema liderado por mandamases decadentes, el otrora jefe de este desatinado despropósito político se valió de sentimientos mezquinos y de ese desasosiego generalizado para cimentar sobre tan ruines pedestales su infame liderazgo, y, de hecho, su triunfo en las últimas elecciones confiables, aquellas que ganó en diciembre de 1998. 

Su reinado, porque no puede calificarse de otro modo, se construyó sobre el rencor y el resentimiento, y, desde luego, sobre su hija bastarda: la polarización superficial que hoy aqueja gravemente a la sociedad venezolana (aunque, debo decirlo, también las de otras naciones). Ese mal endémico debe ser sanado, y cuanto antes, mejor… mucho mejor. 

Quizá nos hayamos alejado de alguna solución a la crisis justamente por la perniciosa polarización. En nuestro caso, agravada por la exagerada fragmentación en grupúsculos sordos a toda forma disidente. Cree ser cada quien pues, amo y señor de la verdad y, salvo aquellos que comulgan con sus ideas, no permiten que otras profanen sus torres de marfil. Si no entendemos el juego político de un modo saludable, diáfano, abierto al debate, podrán cambiar los nombres en las puertas de los despachos gubernamentales, pero no habremos resuelto el problema. 

No hay un mesías redentor que venga a rescatarnos de la vorágine revolucionaria. De surgir otro caudillo, como claman tantos, sin dudas sería más de lo mismo, cuando no, una versión mucho más dantesca. Debemos asumir que el diálogo debe plantearse entre todas las facciones, aun aquellas que han ido apartándose del proyecto revolucionario y los que, puertas adentro del propio movimiento, albergan sentimientos parecidos. No solo porque una de las condiciones mínimas para superar esta crisis es la sumatoria de voluntades, sino porque a pesar de la pérdida del afecto popular, aun representa la organización a un número de ciudadanos, a los que, sin dudas, no podemos obviar. 

Aborrezco la expresión «nuestro líder», tan semejante a la repugnante forma nazi de referirse al jefe de aquel despropósito incivilizado, mein führer (mí líder). Y la escucho repicar ruidosamente en el discurso político dominante. Poco importa si se trata de Maduro, de Henry Ramos o Juan Guaidó. En cambio, creo más en una reconciliación con las bases y las voces sensatas dentro y fuera de la revolución que en un redentor, que, como bien sabemos, pronto será una versión más del mismo chafarote que desde hace tanto se pasea por estas tierras.

 

            Una opinión taimada

Sé que a muchos, a la inmensa mayoría del país, todo triunfo del régimen causa indigestión. Sin embargo, si algo debemos conservar ahora es la calma y la cordura y la disposición a tragar sapos.

Liberaron a los dos muchachos presos. Un intercambio por siete prisioneros estadounidenses. Al parecer, cinco son exfuncionarios de Citgo, y otros dos, uno acusado de participar en actos de terrorismo y el otro detenido en enero de este año, como lo refiere una nota de EFE (recogida por Noticiero Digital). Mucho se ha especulado sobre esto, aun cuando es muy pronto para realizar análisis serios. No obstante, sin pensárselo mucho, la mayoría lo rechaza. Otros, en cambio, anuncian noticias venturosas. En todo caso, no sabemos qué implicaciones conlleve todo esto. Es, como se dijo, apresurado aventurar presagios.

            Sin embargo, sí podemos ver las circunstancias en la que este intercambio ocurre. Lo primero que debemos decir es que el presidente de Estados Unidos, como cualquiera otro, posee la potestad de conceder indultos, y sus motivaciones no tienen mucho que ver con nuestras frustraciones e iras, que sin dudas son solo nuestras. Aquellos que se aventuran a asegurar que Joseph Biden violó la separación de poderes solo escupen su encono, el que, ciertamente, siente la nación. No obstante, es su prerrogativa y como se advirtió, responde a intereses de su nación y no a los nuestros.

            Los dos muchachos, reos sentenciados, no son piezas claves en el concierto geopolítico venezolano, como sí lo es, sin dudas, Alex Saab. Si el presidente Biden lo libera o no es un asunto meramente especulativo. No lo sabemos. Por lo tanto, salvo por el reencuentro de los sobrinos con sus familiares, no es su liberación un tema que beneficie en términos pragmáticos al régimen de Nicolás Maduro, como lo sería la del empresario colombiano detenido en Cabo Verde. Los siete estadounidenses, de los cuales cinco fueron emboscados por el régimen venezolano con ardides poco éticos, de acuerdo a la nota de prensa ya citada antes, no representan tampoco para Estados Unidos un éxito. Si se quiere, hubo un intercambio de prisioneros menores, sin mayor importancia para cada uno de los dos gobiernos. Al menos, eso parece.

            Por ello, asegurar, como lo hace la Agencia EFE, que Maduro ganó en este round es, por lo demás, temerario. Cabe destacar que el tono fue curiosamente parco en la misiva oficial del gobierno venezolano sobre el intercambio. Se limitó a señalar la liberación de «dos jóvenes apresados injustamente», sin detallar sus nombres. No ha habido, cuando menos hasta hoy, mayores festejos, salvo los que supongo tendrán en el seno familiar.

            Quizá tenga razón el senador estadounidense Marco Rubio, de quien no soy fanático, lo reconozco, al mencionar el pésimo precedente que ha ofrecido la administración Biden. No dudo que, pese a la aparente victoria por haber liberado a los siete estadounidenses, de los cuales cuatro eran igualmente venezolanos, el precio sea la derrota de su partido en las venideras elecciones del medio término. No olvidemos que Jimmy Carter, presidente entonces, logró la liberación de los diplomáticos estadounidenses secuestrados por el régimen fundamentalista iraní tras el derrocamiento del Sha Mohammad Reza Pahlaví​​​ en 1979, y, sin embargo, fue derrotado en las elecciones de 1980. 

            No me atrevo a especular. Solo confío que esto sea el preámbulo de unas negociaciones serias, y que el intercambio haya sido tan solo un acto de buena voluntad para que el régimen venezolano retorne a la mesa de diálogo con mayor seriedad de la que hasta ahora ha demostrado. Imaginamos, creo yo, algunos, porque por ahora solo eso podemos, que los canales conduzcan a un acuerdo provechoso entre las partes, uno que no prime los intereses y privilegios de unos cuantos, sino a toda la nación. Creo que tanto los agoreros, cuyo encono es, en todo caso, justificable, como igualmente los optimistas, que supongo también tendrán sus propias razones, adelantan juicios, y que es pues, demasiado temprano para digerir del todo lo que está ocurriendo.  

 

El mito de Casandra

A pesar de sus muros, construidos por el mismísimo Apolo, Troya cayó. Y a Casandra nadie le creyó que sobre Ilo se avecinaban desgracias.

            Nuestro liderazgo, arruinado por la compra de un discurso bobo, como el pueblo troyano, obvia las advertencias de quienes auguran desgracias. Sordos, se apegan a una narrativa estéril difundida por los poderosos para anular cualquier intento de despojarles el poder. Se afanan ellos, tercamente, para atribuirle las cualidades de las causas a las consecuencias. Su ceguera es tal que les impide reconocer en el pugilato político a otros actores, que, como los grandes depredadores, acechan a sus presas.

No creen unos y otros, ofuscados por su orgullo, que ocultos en el anonimato mediático acechan los demonios. Sin embargo, como en 1998, cuando desde las sentinas del averno, infestado de resentimientos como de bubones un pestoso, emergió Chávez y su circo de rencores, hoy por hoy, desprestigiado el liderazgo como lo estuvo en aquellos años, parecen obviar que otro iluminado puede brotar desde quién sabe dónde, y como todos los salvadores mesiánicos, sembrar aún mayores desgracias.

No somos agoreros quienes vemos con preocupación el divorcio del liderazgo con la realidad. Poco importa si ellos a su vez son víctimas del mito de Casandra y a pesar de sus buenas intenciones, nadie les crea y de ellos tenga la gente el peor concepto, porque la realidad siempre cocea con brutalidad. Y puede que más pronto que tarde, un nuevo hombre a caballo cabalgue hacia Miraflores, y no lo duden un solo instante, como a Chávez en su momento, las hordas le vitorearán y con una euforia viciada por un viscoso resentimiento, le acompañaran a la vieja casona de Misia Jacinta Crespo en la esquina de Bolero.

Claro que puede surgir un «Pinochet», o la versión criolla que sucedió por las malas al pésimo gobierno adeco durante el trienio, la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez. Creer lo contrario, en estas tierras plagadas de jefes de montoneras y caudillos, no solo resulta necio, sino peligroso. Nada nutre más a los hombres fuertes que la apatía de los ciudadanos, y nada amenaza más a los poderosos que las promesas quiméricas bien sembradas en una ciudadanía decepcionada.

Ulises no necesitó echar al suelo las infranqueables murallas de Troya. Solo requirió de su ingenio, de su astucia. Troya cayó, no porque el ejército de Agamenón fuese superior, sino porque Príamo y su prole, y también los troyanos, no le creyeron a Casandra. Confiaron en las murallas que Apolo mismo les obsequió. Como ellos, los habitantes de Ilo; cree – y confía – el liderazgo venezolano, y con ellos, no pocos analistas y sesudos expertos, que en Venezuela no pueden ocurrir esas desgracias. 

 

De abusos y otras calamidades

Conocemos, los abogados, de los abusos que, en las distintas dependencias del Estado, sobre todo en aquellas destinadas a dar respuesta a los particulares, se perpetran a diario en franca contravención con la ley y los principios generales del derecho. Algo parecido ocurre con la necesaria vigilancia policial (del cual no hablaré por ahora).

Sobre la actividad del Estado, indistintamente del nivel en el cual se manifieste, cabe decirse que, en todo caso, se trata de una actividad administrativa y, por lo tanto, en cuanto atañe a su funcionamiento y los deberes de los funcionarios, queda regida por las leyes pertinentes, y, principalmente, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, que bien estamos al tanto quienes ejercemos el derecho, es solo letra muerta.

Las oficinas públicas están obligadas por ley a contar con una taquilla para recepción de documentos, en la cual deben a) recibirse las solicitudes aun cuando los recaudos estén incompletos, y b) estampar el sello del organismo, así como la fecha de consignación de las mismas. En caso de requerirse documentos adicionales, la oficina correspondiente los solicitará del particular mediante oficio motivado. La razón de esto no es caprichosa. En primer lugar, toda solicitud debe ser atendida por la administración en virtud de un mandato constitucional y, por lo tanto, toda limitación a este derecho – el de petición – debe estar sustentada en la ley y en los principios administrativos de legalidad, proporcionalidad y racionalidad. Y por esta misma razón se debe tutelar, a todo evento, el derecho a la defensa de los administrados (que reviste carácter constitucional y puede ser, por ello, objeto del recurso de amparo), quienes, sin un auto que explique las razones por las cuales no se recibe su petición, no puede recurrir a las distintas instancias para ejercer el debido control administrativo y jurisdiccional al que tiene derecho.

Tal cosa no existe. A diario, los particulares, sean profesionales del derecho o no, son obligados a satisfacer exigencias que la ley no prevé, lo cual trae como consecuencia la violación de los derechos de petición y defensa, establecidos constitucionalmente, y que, en principio, además de constituir transgresiones a la ley, recurribles aun por medio del recurso extraordinario de amparo, también suponen la comisión del delito de denegación de justicia (y en este sentido debería por ello, actuar el Ministerio Público), y, desde luego, imposiciones injustas a los administrados. Además, bien se sabe del cobro de sumas de dinero para «agilizar el trámite», lo cual implica otros delitos y otras sanciones para los funcionarios incursos en esas prácticas.

Ningún abogado negaría como requisito, la presentación del título en el que se fundamenta la petición. Eso es obvio. Sin embargo, la ley exige que a todo evento sea atendida la solicitud y se dé apertura al procedimiento administrativo, el cual puede – y debe – abarcar esas incidencias conforme a la ley, aun cuando falten recaudos (incluso, si se trata de aquellos que fundamental la solicitud, en tanto que le ley no distingue, y, por lo tanto, no tampoco lo hace el intérprete). Tratándose pues, de un proceso, las requisiciones y negativas deben constar por medio de auto motivado, a fin de poder recurrirlas ante las instancias pertinentes, si fuere el caso. Obviamente, el funcionario que atente contra estos principios, y viole por ello los derechos de los administrados, debe responder administrativa y civilmente, y, de ser el caso, penalmente. La práctica común es pues, contraria a los procedimientos previstos, limitándose, en la mayoría de los casos, a una simple negativa verbal que impide el pleno ejercicio del derecho de petición y, obviamente, al debido proceso y a la defensa (consagrados ambos en la constitución).

No obstante lo dicho, y pese a la desventura de vivir en un Estado de recelo, de sospecha constante, somos los abogados, responsables en gran medida de esta perversión. Quizá afanados por resolver, y de cobrar nuestros honorarios, hemos sido cómplices. Hemos tolerado abusos que debieron ser sancionados, castigados, aun penalmente, y aunque nos resulte vergonzoso, y lo es, hemos rebajado nuestro oficio, nuestra noble profesión a lo que ni es ni debe ser.

A buen entendedor…