La transición suspendida: Desmontando mitos del nuevo relato venezolano

      «Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie»

«Il Gattopardo».

Giuseppe Tomasi de Lampedusa

     

Hubo destellos, luces, detonaciones. Desde mi casa, se distinguían los fogonazos detrás del cerro, donde está Fuerte Tiuna. Se escucharon aviones y helicópteros. Hubo explosiones y bombardeos. Decenas de mensajes al WhatsApp y llamadas. Y, entre tanto, ante el estupor de los ciudadanos y la sorpresa de los incrédulos, Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados en horas de la madrugada por soldados élite del ejército estadounidense. Lo impensable estaba ocurriendo. Hoy, presos en una cárcel de Nueva York y con un porvenir adverso, ven como todos les han ido olvidando a su suerte. De cara a la nueva realidad, se ha ido tejiendo una narrativa para justificar una transición gattopardiana.

      Las narrativas no siempre se corresponden con la realidad. Por lo contrario, muchas veces la esconden. La desarrollada por Washington antes y después del 3 de enero de este año, haciendo eco en líderes y analistas venezolanos, pareciera buscar tan solo excusas para la preservación del statu quo, apelando a mitos que confunden la estabilidad real con la impunidad y la parálisis democrática. No sería inédito.

      Para honrar a la verdad, la operación «Resolución Absoluta» no la pidió ningún venezolano (salvo exaltados sin ningún poder decisivo), como arguyen unos, más con ánimo de impedir surgir al liderazgo emergente que apego a la realidad. Tampoco creo que Washington vaya a acatar órdenes de ningún líder extranjero, menos un hombre con el ego superlativo de Trump. Pudo haber, sí, exaltaciones, declaraciones vagas, incluso a medios, pero no una solicitud expresa de una operación militar como la ocurrida en enero pasado y mucho menos, esta tutela que, creemos muchos, bien pudo ser objeto de conversaciones previas a la captura de Maduro, ciertamente sugeridas por algunos grupos de interés y, sin lugar a dudas, opacas. El ataque nació de una narrativa estrictamente estadounidense, orientada desde el comienzo a un propósito geopolítico claro: la imposición de una nueva política exterior de Washington, que, volviendo sobre formas que pensábamos superadas, se impone por medio de la agresión militar y la ocupación ilegítima. El presidente Trump, como parte de su verdadero objetivo, su proyecto MAGA, ejecutó, en una reinterpretación osada de la Doctrina Monroe y del corolario de Theodore Roosevelt, una operación militar destinada a ocupar una nación con gigantescas reservas de petróleo, grandes minas y algo que mencionan poco, la extensa costa sobre el Caribe sur desde la cual fiscalizar las rutas hacia el canal de Panamá. La acción militar del 3 de enero, más que la captura de Maduro, fue un globo de ensayo para eso que han dado en llamar la doctrina Donroe.

      Algunos, con soberbia y en un tono arrogante, incurren en el gravísimo error de comparar la ocupación de Alemania y Japón por parte de los aliados (y no de una sola nación) al término de la Segunda Guerra Mundial con esta tutela de escasa base legal tanto en Venezuela como en el derecho internacional, e incluso, para la ley estadounidense. En nuestro caso, por mucho que hable de guerra el presidente Trump, no hubo ni hay un acuerdo de rendición incondicional luego de una derrota militar, como sí lo hubo en Alemania y Japón. De hecho, salvo el discurso de una guerra contra el narcotráfico y algunas bandas criminales, visto lo sucedido en estos nueve meses, la narrativa sobre una guerra carecía realmente de fundamento jurídicamente sólido y se trató siempre de esa narrativa para justificar el ataque. Jamás hubo un enfrentamiento armado, como ocurre, para citar dos ejemplos, en Gaza o en Ucrania. No hubo una guerra como sí contra la Alemania nazi y el imperio japonés. Decir lo contrario es necio, poco serio y podría decirse, ridículo, cuando no, una idiotez. Lo dicho por Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas es, sin dudas, una grosería contra el gentilicio venezolano y una grotesca confesión de lo que este país representa para él: un botín.

      Estados Unidos ocupó Venezuela mediante una acción unilateral que no fue consultada con el Congreso estadounidense, y, mucho menos, con organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. No hubo una coalición de naciones que desarrollase las acciones en suelo venezolano bajo un mandato amparado por el derecho internacional. Por ello, aunque incordie a muchos, la operación «Resolución Absoluta» ha sido rechazada por distinguidos centros de estudios jurídicos de fama internacional y universidades de prestigio. Máxime, cuando se advierte que en el ánimo de Washington parece prevalecer la prolongación del statu quo y no la democratización que usó como excusa para desplegarla.

      Lo que, en principio, vendieron como una ayuda a una nación sojuzgada por una dictadura narcoterrorista (esa fue la postura estadounidense antes del 3 de enero, y a los fines de este texto, no viene al caso analizar su veracidad), terminó siendo un negocio opaco, y, lo que muchos temen (y con razón), un ensayo de la nueva doctrina Donroe, aplicable mañana a quién sabe quién.

      Tras el ataque estadounidense y captura de Maduro, los mismos funcionarios designados por él continúan en sus cargos, operando en las distintas ramas del poder público, bajo la excusa de permitir la continuidad administrativa. Eso no solo invalida esta tesis argüida para la intervención (erradicar un gobierno supuestamente narcoterrorista y tiránico, como lo expresaron Donald Trump y su Secretario de Estado, Marco Rubio, reiteradas veces y, como se dijo, cuya veracidad no es objeto de este texto), sino que además desnaturaliza la estrategia de tres fases planteada por el gobierno estadounidense para Venezuela. La presencia de actores del régimen supuestamente depuesto en cargos gubernamentales es la excusa usada por la Casa Blanca para no convocar a elecciones (dominan las instituciones). Sin embargo, ocurre por decisión de la propia Casa Blanca. Sin dudas, crea esto un círculo vicioso: las instituciones están cooptadas por el régimen anterior, por eso, primero hay que depurarlas, pero las mantiene en aras de una supuesta continuidad administrativa. Desde un punto de vista lógico, carece de sentido. Resulta kafkiano. La tendría solo si se entiende desde esa intragable doctrina Donroe, y que, en efecto, no buscaba –ni busca- la democratización del país, sino la preservación tanto como sea posible del statu quo, que, bajo coacción militar, sirve a propósitos estrictamente estadounidenses. La idea parece ser prolongar tanto como sea posible la primera fase.  

      Adicionalmente, esos funcionarios, aún en funciones de gobierno, no tendrían interés en la recuperación de las instituciones y de la economía venezolanas, porque supondría la pérdida del poder. Por lo menos, así se ve desde una perspectiva lógica.

      El presidente Trump, un felón impenitente incapaz de generar confianza en personas medianamente cultas, dijo recientemente que se desean elecciones para Venezuela pronto, pero que aún no estamos listos. Sin fechas, sin un cronograma para realizarlas, con declaraciones vagas; en la práctica implica suspenderlas indefinidamente. Más allá de la ofensa implícita y de que esa decisión no le compete, postergar la reinstitucionalización solo alarga el sufrimiento de los venezolanos, y con éste, potencia los riesgos de posibles brotes anárquicos y, entonces sí, la indeseada inestabilidad. Por ende, en una suerte de círculo vicioso, se prolongaría la primera fase ad-perpetuam. La preparación para celebrar elecciones no es un hito técnico, sino una decisión política que construyen los ciudadanos mediante el sufragio, la participación política y, en todo caso, a través de un acuerdo marco entre los actores, o, para decirlo en palabras más que claras para nosotros, los venezolanos, una reedición del pacto de Puntofijo.

      Arguyen las autoridades de Washington que la inestabilidad por parte de grupos disidentes, de guerrillas, de bandas armadas, que de todos modos los habrá (existen en todos los procesos de cambio), sería un obstáculo para la transición. Después de la caída del general Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958, no solo estaba presente la idea de que los civiles no sabían gobernar y, por ello, un militarismo fuertemente arraigado entre los líderes castrenses e incluso, entre los ciudadanos, sino además una emergente guerrilla de extrema izquierda que tomó las armas, el camino violento. Sin embargo, a pesar de las amenazas, incluyendo dos fallidos golpes de Estado (el 22 y 23 de julio y el 7 de septiembre de 1958, liderado uno por el general Jesús María Castro León –ministro de la Defensa de la Junta de Gobierno- y el otro, por los coroneles Juan de Dios Moncada Vidal y José Eli Mendoza Méndez), las elecciones no se postergaron. Y, contrario al mito de la administración Trump, de mantener a funcionarios del régimen depuesto en sus funciones para evitar el caos, nadie pensó jamás, esa madrugada de enero, dejar a Laureano Vallenilla (un hombre, debo decir, académicamente muy bien preparado) como presidente encargado y en la seguridad del Estado, a Pedro Estrada (ya sé que ambos no se encontraban en Venezuela para el 23 de enero y que no es esto más que un ejemplo sarcástico).

      Valerse del fantasma de la inestabilidad futura es una falacia para justificar la preservación del statu quo, el control social y la dilación de libertades civiles sin justificación real en el terreno. En todo caso, si el ejército estadounidense tutela al gobierno, o lo que sea que entendemos los venezolanos de todo este limbo jurídico, y por ello, puede coaccionarlo para que actúe según sus intereses; entonces puede hacer lo propio para anular los posibles brotes violentos contra un eventual nuevo gobierno. Así ocurrió en República Dominicana tras el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo. Las protestas por la permanencia en el poder de Joaquín Balaguer, un hombre vinculado a Trujillo (era presidente títere), terminaron con un golpe de Estado, evidenciándose que mantener estructuras viciadas es mucho más riesgosa que relegitimar las autoridades. Habría que acordar ciertas garantías a los funcionarios salientes, desde luego. Tragarse algunos sapos, como se dice coloquialmente. Cabe decir, tras la crisis generada por el gobierno de Balaguer (quien volvió a la presidencia años después, acusado no pocas veces de fraude), se decidió instaurar en República Dominicana un nuevo Consejo de Estado, presidido por Rafael Bonnely, quien convocó elecciones libres en un plazo razonablemente breve. Aún más, cabe preguntarse, ¿por qué no juramentaron a Edmundo González como se hizo con Guillermo Endara en Panamá en 1989, acaso, el ejemplo más cercano?

      Como se ha manifestado en los medios, a pesar del ruido estridente de intereses oscuros, las grandes industrias, petroleras y mineras, no van a invertir hasta tanto no se reinstitucionalice el Estado. Sus declaraciones han sido destacadas en medios, aunque opacadas por la estridencia de quienes auguran grandes negocios. Los riesgos son enormes y no van a apostar sumas milmillonarias sin la debida seguridad institucional. Además, no bastan esas inversiones. La recuperación requiere del concurso de ayudas de entes multilaterales y estos tienen prohibido erogar sumas de dinero sin suficientes garantías institucionales. Es obvio, sin inversiones, la recuperación económica quedaría igualmente en suspenso y, desde luego, una transición subordinada a ese inalcanzable, o cuando menos, lejano saneamiento económico. Una vez más nos enfrentaríamos al bucle que nos mantendría ad-perpetuam en esa primera fase.

      Con excusas, pretextos, como evitar la anarquización (que puede ser una bomba de tiempo por no relegitimar las instituciones) bajo el protocolo de las negociaciones, la mesa de diálogo en La Carlota evade la demanda de los ciudadanos, como lo es el cronograma definitivo para la entrega y transferencia total del poder a nuevas autoridades legítimas. Se convierte pues, este mecanismo de supuesto diálogo, en un dispositivo de distribución de cuotas de poder y prolongación de la cohabitación y no de una efectiva democratización.

      Los inversionistas, en especial los petroleros y mineros (recursos que no pocas veces están en países conflictivos), no son melindrosos a la hora de hacer sus negocios. Sin embargo, tampoco son tontos, o como diríamos en estas tierras, pendejos. El problema no es que se trate de la atrasada monarquía saudita o de tiranos como Gadafi. Se trata de la garantía que el statu quo pueda ofrecerles. A Gómez le llovieron ofertas para explotar petróleo, pero, entonces, él era la autoridad (de facto) y nadie disputaba ese cargo después de 1903. Actualmente, no existe esa certeza en Venezuela. Hay un limbo jurídico, que, les guste o no, afecta esa inevitable garantía que las grandes corporaciones sí van a demandar. No se trata de Maduro, con quien los chinos y rusos hacían negocios, sino de una tutela cuya viabilidad en el tiempo es dudosa. No olvidemos, Trump debe dejar la Casa Blanca en enero de 2029 y, al decir del termómetro de las venideras elecciones de medio término, es factible el retorno de los demócratas a la Casa Blanca. Decir que los inversionistas van a invertir sin importar quién gobierne es, de hecho, otro mito más.

      Se corre el peligro real de un estancamiento, y con este, el marasmo económico y político. Al mejor estilo gattopardiano, el poder sigue siendo de facto, en manos de la misma élite anterior al 3 de enero, solo que amparada por Estados Unidos, ahora dueño de Venezuela. Los ciudadanos, empero, no vemos mejoras, y, por lo contrario, el tufo de más desgracias impregna nuestra cotidianidad y nuestras expectativas.

      El discurso de algunos grupos de interés, negados a que los venezolanos decidamos nuestro futuro en las urnas, crea una narrativa para disfrazar de realidad sus intereses. Una realidad que, ciertamente, cada día más nos luce umbrosa. Entendemos que esta tutela estadounidense, inadmisible desde cualquier análisis medianamente serio, empieza a recordar aquellas tétricas dictaduras militares, como las de Pinochet, Noriega, Somoza o del propio Trujillo, que, cuando menos inicialmente, y mientras fueron útiles, contaron con el apoyo de Washington (en el marco de la guerra fría).

      No es casual. Cada vez que a Trump le preguntan sobre Venezuela, miente y se arroga un derecho que no tiene, como lo es decidir nuestro futuro. Su plan ha sido desde el principio sostener el statu quo, indistintamente de lo que deseemos los venezolanos. No dudo, así se lo plantearon intereses opacos que no tienen mayor interés en la democracia y sí en los negocios. La lógica de sus acciones se desmorona como un castillo de naipes, porque, a pesar de los cuentos y fábulas, su objetivo no era ni es democratizar a Venezuela. Su objetivo siempre ha sido ocuparla.

Cabe preguntarse, ¿quién será el próximo?