La transición suspendida: Desmontando mitos del nuevo relato venezolano

      «Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie»

«Il Gattopardo».

Giuseppe Tomasi de Lampedusa

     

Hubo destellos, luces, detonaciones. Desde mi casa, se distinguían los fogonazos detrás del cerro, donde está Fuerte Tiuna. Se escucharon aviones y helicópteros. Hubo explosiones y bombardeos. Decenas de mensajes al WhatsApp y llamadas. Y, entre tanto, ante el estupor de los ciudadanos y la sorpresa de los incrédulos, Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados en horas de la madrugada por soldados élite del ejército estadounidense. Lo impensable estaba ocurriendo. Hoy, presos en una cárcel de Nueva York y con un porvenir adverso, ven como todos les han ido olvidando a su suerte. De cara a la nueva realidad, se ha ido tejiendo una narrativa para justificar una transición gattopardiana.

      Las narrativas no siempre se corresponden con la realidad. Por lo contrario, muchas veces la esconden. La desarrollada por Washington antes y después del 3 de enero de este año, haciendo eco en líderes y analistas venezolanos, pareciera buscar tan solo excusas para la preservación del statu quo, apelando a mitos que confunden la estabilidad real con la impunidad y la parálisis democrática. No sería inédito.

      Para honrar a la verdad, la operación «Resolución Absoluta» no la pidió ningún venezolano (salvo exaltados sin ningún poder decisivo), como arguyen unos, más con ánimo de impedir surgir al liderazgo emergente que apego a la realidad. Tampoco creo que Washington vaya a acatar órdenes de ningún líder extranjero, menos un hombre con el ego superlativo de Trump. Pudo haber, sí, exaltaciones, declaraciones vagas, incluso a medios, pero no una solicitud expresa de una operación militar como la ocurrida en enero pasado y mucho menos, esta tutela que, creemos muchos, bien pudo ser objeto de conversaciones previas a la captura de Maduro, ciertamente sugeridas por algunos grupos de interés y, sin lugar a dudas, opacas. El ataque nació de una narrativa estrictamente estadounidense, orientada desde el comienzo a un propósito geopolítico claro: la imposición de una nueva política exterior de Washington, que, volviendo sobre formas que pensábamos superadas, se impone por medio de la agresión militar y la ocupación ilegítima. El presidente Trump, como parte de su verdadero objetivo, su proyecto MAGA, ejecutó, en una reinterpretación osada de la Doctrina Monroe y del corolario de Theodore Roosevelt, una operación militar destinada a ocupar una nación con gigantescas reservas de petróleo, grandes minas y algo que mencionan poco, la extensa costa sobre el Caribe sur desde la cual fiscalizar las rutas hacia el canal de Panamá. La acción militar del 3 de enero, más que la captura de Maduro, fue un globo de ensayo para eso que han dado en llamar la doctrina Donroe.

      Algunos, con soberbia y en un tono arrogante, incurren en el gravísimo error de comparar la ocupación de Alemania y Japón por parte de los aliados (y no de una sola nación) al término de la Segunda Guerra Mundial con esta tutela de escasa base legal tanto en Venezuela como en el derecho internacional, e incluso, para la ley estadounidense. En nuestro caso, por mucho que hable de guerra el presidente Trump, no hubo ni hay un acuerdo de rendición incondicional luego de una derrota militar, como sí lo hubo en Alemania y Japón. De hecho, salvo el discurso de una guerra contra el narcotráfico y algunas bandas criminales, visto lo sucedido en estos nueve meses, la narrativa sobre una guerra carecía realmente de fundamento jurídicamente sólido y se trató siempre de esa narrativa para justificar el ataque. Jamás hubo un enfrentamiento armado, como ocurre, para citar dos ejemplos, en Gaza o en Ucrania. No hubo una guerra como sí contra la Alemania nazi y el imperio japonés. Decir lo contrario es necio, poco serio y podría decirse, ridículo, cuando no, una idiotez. Lo dicho por Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas es, sin dudas, una grosería contra el gentilicio venezolano y una grotesca confesión de lo que este país representa para él: un botín.

      Estados Unidos ocupó Venezuela mediante una acción unilateral que no fue consultada con el Congreso estadounidense, y, mucho menos, con organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. No hubo una coalición de naciones que desarrollase las acciones en suelo venezolano bajo un mandato amparado por el derecho internacional. Por ello, aunque incordie a muchos, la operación «Resolución Absoluta» ha sido rechazada por distinguidos centros de estudios jurídicos de fama internacional y universidades de prestigio. Máxime, cuando se advierte que en el ánimo de Washington parece prevalecer la prolongación del statu quo y no la democratización que usó como excusa para desplegarla.

      Lo que, en principio, vendieron como una ayuda a una nación sojuzgada por una dictadura narcoterrorista (esa fue la postura estadounidense antes del 3 de enero, y a los fines de este texto, no viene al caso analizar su veracidad), terminó siendo un negocio opaco, y, lo que muchos temen (y con razón), un ensayo de la nueva doctrina Donroe, aplicable mañana a quién sabe quién.

      Tras el ataque estadounidense y captura de Maduro, los mismos funcionarios designados por él continúan en sus cargos, operando en las distintas ramas del poder público, bajo la excusa de permitir la continuidad administrativa. Eso no solo invalida esta tesis argüida para la intervención (erradicar un gobierno supuestamente narcoterrorista y tiránico, como lo expresaron Donald Trump y su Secretario de Estado, Marco Rubio, reiteradas veces y, como se dijo, cuya veracidad no es objeto de este texto), sino que además desnaturaliza la estrategia de tres fases planteada por el gobierno estadounidense para Venezuela. La presencia de actores del régimen supuestamente depuesto en cargos gubernamentales es la excusa usada por la Casa Blanca para no convocar a elecciones (dominan las instituciones). Sin embargo, ocurre por decisión de la propia Casa Blanca. Sin dudas, crea esto un círculo vicioso: las instituciones están cooptadas por el régimen anterior, por eso, primero hay que depurarlas, pero las mantiene en aras de una supuesta continuidad administrativa. Desde un punto de vista lógico, carece de sentido. Resulta kafkiano. La tendría solo si se entiende desde esa intragable doctrina Donroe, y que, en efecto, no buscaba –ni busca- la democratización del país, sino la preservación tanto como sea posible del statu quo, que, bajo coacción militar, sirve a propósitos estrictamente estadounidenses. La idea parece ser prolongar tanto como sea posible la primera fase.  

      Adicionalmente, esos funcionarios, aún en funciones de gobierno, no tendrían interés en la recuperación de las instituciones y de la economía venezolanas, porque supondría la pérdida del poder. Por lo menos, así se ve desde una perspectiva lógica.

      El presidente Trump, un felón impenitente incapaz de generar confianza en personas medianamente cultas, dijo recientemente que se desean elecciones para Venezuela pronto, pero que aún no estamos listos. Sin fechas, sin un cronograma para realizarlas, con declaraciones vagas; en la práctica implica suspenderlas indefinidamente. Más allá de la ofensa implícita y de que esa decisión no le compete, postergar la reinstitucionalización solo alarga el sufrimiento de los venezolanos, y con éste, potencia los riesgos de posibles brotes anárquicos y, entonces sí, la indeseada inestabilidad. Por ende, en una suerte de círculo vicioso, se prolongaría la primera fase ad-perpetuam. La preparación para celebrar elecciones no es un hito técnico, sino una decisión política que construyen los ciudadanos mediante el sufragio, la participación política y, en todo caso, a través de un acuerdo marco entre los actores, o, para decirlo en palabras más que claras para nosotros, los venezolanos, una reedición del pacto de Puntofijo.

      Arguyen las autoridades de Washington que la inestabilidad por parte de grupos disidentes, de guerrillas, de bandas armadas, que de todos modos los habrá (existen en todos los procesos de cambio), sería un obstáculo para la transición. Después de la caída del general Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958, no solo estaba presente la idea de que los civiles no sabían gobernar y, por ello, un militarismo fuertemente arraigado entre los líderes castrenses e incluso, entre los ciudadanos, sino además una emergente guerrilla de extrema izquierda que tomó las armas, el camino violento. Sin embargo, a pesar de las amenazas, incluyendo dos fallidos golpes de Estado (el 22 y 23 de julio y el 7 de septiembre de 1958, liderado uno por el general Jesús María Castro León –ministro de la Defensa de la Junta de Gobierno- y el otro, por los coroneles Juan de Dios Moncada Vidal y José Eli Mendoza Méndez), las elecciones no se postergaron. Y, contrario al mito de la administración Trump, de mantener a funcionarios del régimen depuesto en sus funciones para evitar el caos, nadie pensó jamás, esa madrugada de enero, dejar a Laureano Vallenilla (un hombre, debo decir, académicamente muy bien preparado) como presidente encargado y en la seguridad del Estado, a Pedro Estrada (ya sé que ambos no se encontraban en Venezuela para el 23 de enero y que no es esto más que un ejemplo sarcástico).

      Valerse del fantasma de la inestabilidad futura es una falacia para justificar la preservación del statu quo, el control social y la dilación de libertades civiles sin justificación real en el terreno. En todo caso, si el ejército estadounidense tutela al gobierno, o lo que sea que entendemos los venezolanos de todo este limbo jurídico, y por ello, puede coaccionarlo para que actúe según sus intereses; entonces puede hacer lo propio para anular los posibles brotes violentos contra un eventual nuevo gobierno. Así ocurrió en República Dominicana tras el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo. Las protestas por la permanencia en el poder de Joaquín Balaguer, un hombre vinculado a Trujillo (era presidente títere), terminaron con un golpe de Estado, evidenciándose que mantener estructuras viciadas es mucho más riesgosa que relegitimar las autoridades. Habría que acordar ciertas garantías a los funcionarios salientes, desde luego. Tragarse algunos sapos, como se dice coloquialmente. Cabe decir, tras la crisis generada por el gobierno de Balaguer (quien volvió a la presidencia años después, acusado no pocas veces de fraude), se decidió instaurar en República Dominicana un nuevo Consejo de Estado, presidido por Rafael Bonnely, quien convocó elecciones libres en un plazo razonablemente breve. Aún más, cabe preguntarse, ¿por qué no juramentaron a Edmundo González como se hizo con Guillermo Endara en Panamá en 1989, acaso, el ejemplo más cercano?

      Como se ha manifestado en los medios, a pesar del ruido estridente de intereses oscuros, las grandes industrias, petroleras y mineras, no van a invertir hasta tanto no se reinstitucionalice el Estado. Sus declaraciones han sido destacadas en medios, aunque opacadas por la estridencia de quienes auguran grandes negocios. Los riesgos son enormes y no van a apostar sumas milmillonarias sin la debida seguridad institucional. Además, no bastan esas inversiones. La recuperación requiere del concurso de ayudas de entes multilaterales y estos tienen prohibido erogar sumas de dinero sin suficientes garantías institucionales. Es obvio, sin inversiones, la recuperación económica quedaría igualmente en suspenso y, desde luego, una transición subordinada a ese inalcanzable, o cuando menos, lejano saneamiento económico. Una vez más nos enfrentaríamos al bucle que nos mantendría ad-perpetuam en esa primera fase.

      Con excusas, pretextos, como evitar la anarquización (que puede ser una bomba de tiempo por no relegitimar las instituciones) bajo el protocolo de las negociaciones, la mesa de diálogo en La Carlota evade la demanda de los ciudadanos, como lo es el cronograma definitivo para la entrega y transferencia total del poder a nuevas autoridades legítimas. Se convierte pues, este mecanismo de supuesto diálogo, en un dispositivo de distribución de cuotas de poder y prolongación de la cohabitación y no de una efectiva democratización.

      Los inversionistas, en especial los petroleros y mineros (recursos que no pocas veces están en países conflictivos), no son melindrosos a la hora de hacer sus negocios. Sin embargo, tampoco son tontos, o como diríamos en estas tierras, pendejos. El problema no es que se trate de la atrasada monarquía saudita o de tiranos como Gadafi. Se trata de la garantía que el statu quo pueda ofrecerles. A Gómez le llovieron ofertas para explotar petróleo, pero, entonces, él era la autoridad (de facto) y nadie disputaba ese cargo después de 1903. Actualmente, no existe esa certeza en Venezuela. Hay un limbo jurídico, que, les guste o no, afecta esa inevitable garantía que las grandes corporaciones sí van a demandar. No se trata de Maduro, con quien los chinos y rusos hacían negocios, sino de una tutela cuya viabilidad en el tiempo es dudosa. No olvidemos, Trump debe dejar la Casa Blanca en enero de 2029 y, al decir del termómetro de las venideras elecciones de medio término, es factible el retorno de los demócratas a la Casa Blanca. Decir que los inversionistas van a invertir sin importar quién gobierne es, de hecho, otro mito más.

      Se corre el peligro real de un estancamiento, y con este, el marasmo económico y político. Al mejor estilo gattopardiano, el poder sigue siendo de facto, en manos de la misma élite anterior al 3 de enero, solo que amparada por Estados Unidos, ahora dueño de Venezuela. Los ciudadanos, empero, no vemos mejoras, y, por lo contrario, el tufo de más desgracias impregna nuestra cotidianidad y nuestras expectativas.

      El discurso de algunos grupos de interés, negados a que los venezolanos decidamos nuestro futuro en las urnas, crea una narrativa para disfrazar de realidad sus intereses. Una realidad que, ciertamente, cada día más nos luce umbrosa. Entendemos que esta tutela estadounidense, inadmisible desde cualquier análisis medianamente serio, empieza a recordar aquellas tétricas dictaduras militares, como las de Pinochet, Noriega, Somoza o del propio Trujillo, que, cuando menos inicialmente, y mientras fueron útiles, contaron con el apoyo de Washington (en el marco de la guerra fría).

      No es casual. Cada vez que a Trump le preguntan sobre Venezuela, miente y se arroga un derecho que no tiene, como lo es decidir nuestro futuro. Su plan ha sido desde el principio sostener el statu quo, indistintamente de lo que deseemos los venezolanos. No dudo, así se lo plantearon intereses opacos que no tienen mayor interés en la democracia y sí en los negocios. La lógica de sus acciones se desmorona como un castillo de naipes, porque, a pesar de los cuentos y fábulas, su objetivo no era ni es democratizar a Venezuela. Su objetivo siempre ha sido ocuparla.

Cabe preguntarse, ¿quién será el próximo? 

                

Los Malqueridos

El general López Contreras se sentó al lado de Rómulo Betancourt en un sitial de honor en los días posteriores al derrocamiento del general Pérez Jiménez. Hoy merecemos los venezolanos, ver en los líderes, la misma gallardía.

Ella ganó su liderazgo a pulso. Ignorarla en todo este entramado, más que injusto, luce torpe. 

 

Si volvemos la mirada a Puntofijo y la caída de la dictadura militar en enero de 1958, encontramos semejanzas, muchas, con este proceso, que, con sus diferencias, nos invita a reflexionar y aprender. Miguel Otero Silva escribe que los centenares de muertos durante la dictadura militar fueron resultado de una oposición ciertamente heroica pero dividida. En estos 27 años, no ha sido menos valiente, menos aguerrida, y tampoco, más unida. Por lo contrario, confundiendo sus egos con posturas políticas, no han sabido construir una oposición fuerte desde sus diferencias.

      Meses después del derrocamiento de Pérez Jiménez, finalmente, se reúnen en Puntofijo los líderes que hasta recién no lograban unirse. En un pacto de largo alcance, contienen las conjuras en las urbanizaciones, en los sectores de la clase media y en los bloques obreros, como lo recoge el dramaturgo, poeta y diplomático colombiano José Umaña Bernal. Sin embargo, están presentes en la residencia de Caldera líderes reales, genuinos portavoces de la ciudadanía: Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y el mismo Caldera.

      Hoy, 68 años después, nos encontramos desunidos, inmersos en pugnas mezquinas, mientras el gobierno, ciertamente golpeado, intenta sobrevivir la tutela estadounidense. La transición podría haber comenzado con la mesa de negociaciones, no lo sé. Sin embargo, frente a la oportunidad de construir un acuerdo para la gobernabilidad post-transición, liderazgos desgastados, sin apoyo ciudadano y manchado por dudas, sospechas, carecen de la fortaleza para engendrar un pacto robusto.

      Excluir a María Corina Machado de una mesa estrictamente política ha sido un grave error. Las decisiones, si se enrumban hacia la consolidación no solo de un orden democrático, sino ciertas medidas inmediatas, que requieren solidez y, sobre todo, compromiso de este interinato y de los gobiernos post-transición para cumplirlos, debe contar con un piso político sólido. No contar con el respaldo del liderazgo natural –ese que realmente reúne a los ciudadanos- los debilita y, en medio de este limbo institucional y jurídico, les hace anulables, si unos tribunales verdaderamente independientes deciden conforme a derecho. No es que deba ocurrir o que se desee echar por tierra acuerdos beneficiosos, sino que, sin autoridades legítimas, la fragilidad de los acuerdos es evidente.

      Una Asamblea que no legisla (sea porque no la dejan o porque su término venció) y otra que, sin reconocimiento de un importante grupo de países, lo hace, mal pueden acordar legítimamente acuerdos que comprometerán a la nación durante años, aun décadas. Reconozco que, políticamente, los diputados de la Asamblea electa en 2025 representan a un sector de la ciudadanía. Minoritario pero existente, y en todo caso, detentador del poder. El otro, por razones que pueden ser incluso injustas, carece de apoyo, de respaldo. La ciudadanía ya no se siente representada por ellos. Tal vez hace diez años, sí. Pero hoy, no.

      En enero de 1958 había también recuerdos dolorosos: intentonas fallidas y presos, torturados, asesinados. Había un sabor amargo, pero, aquellas horas previas, herido fatalmente el gobierno de Pérez Jiménez, no hubo miedo. Hoy puede ocurrir de nuevo, dado el hartazgo, dada la desesperación, dada la desesperanza. Los eventos no se repiten, pero hacen eco en el presente, y no es de sabios tentar al diablo. Hoy, de cara a una transición complicada y plagada de amenazas, debemos unirnos, no en un pensamiento único, sino en un propósito común. El orden naciente debe surgir del disenso, del respeto, de la sumatoria de ideas, no de la discusión estéril ni de la soberbia mezquina.

      En Venezuela hubo un quiebre, una ruptura. Cuando menos, una fractura importante, que, acaso, merece, emulando a esas que señalan los edificios dañados tras el doble terremoto del 24 de junio, etiqueta roja. Eso es innegable. Columnas resquebrajadas, estructuras frágiles al borde del colapso. Así está el gobierno. Debilitado y en principio, forzado a pactar la transición que no ha deseado ni desea, busca lidiar con un liderazgo debilitado, presa de su propia mezquindad.

      Creo que lo mejor para todos, incluso para el PSUV, sería un acuerdo político que asegure la civilidad democrática y el respeto mutuo, sin obviar la necesaria justicia para que la paz florezca, como en Alemania en esa década en la que nuestra democracia eclosionaba, la década de los 60. No obstante, la gente debe estar presente, y su presencia ocurre a través de los liderazgos naturales, no de cónclaves, de encerronas entre personajes mal vistos, de los malqueridos.  

   

La ruta a la Luna

«Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las demás cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles; porque ese objetivo servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque ese desafío es uno que estamos dispuestos a aceptar, uno que no estamos dispuestos a posponer y uno que pretendemos superar.» John F. Kennedy 

 

No sufrimos un castigo divino, como lo afirmó el arzobispo Narciso Coll y Prat luego del devastador terremoto del 26 de marzo de 1812. Sin embargo, las frases telúricas, como las que pronunció el joven Simón Bolívar en la plaza de San Jacinto, tampoco construyen soluciones. Tal vez entonces, primeros pasos de la naciente república, servían para oponerse a las palabras del presbítero, que de aquel suceso trató de ganar favores para la causa realista. Apenas en diciembre del año anterior, el Congreso Constituyente de Caracas redactó y aprobó la primera constitución de Venezuela (y de Hispanoamérica). En febrero de ese año, procedente Puerto Rico, Domingo de Monteverde, brigadier, desembarcó en Coro, una ciudad mayormente realista y por ello, fiel a la Corona. Como hoy, las opiniones, los deseos y las voluntades se fracturaban entere aquellos que el 5 de julio de 1811 celebraron en las calles la creación de Venezuela y esos otros, realistas, fieles al rey Fernando VII, deseosos de preservar el statu quo. La independencia tenía detractores, como hoy los tiene el plan de tres fases propuesto por la administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de diciembre.

      En la década de los 60, las comunidades afroamericanas estadounidenses pugnaban por la cesación del régimen segregacionista imperante en los Estados del sur. El 25 de mayo de 1961, el presidente John F. Kennedy propuso ante el Congreso llevar a la luna y traer de vuelta a un hombre antes de que finalizara esa década. Sabemos, ocho años después, Neil Armstrong piso suelo lunar. A pesar de la segregación racial y de las luchas internas, asesinatos, violaciones de derechos civiles e incluso, los asesinatos de Malcolm X en 1965 y de Martin Luther King en 1968, la NASA dejó de lado las diferencias y prejuicios para poder cumplir exitosamente la misión del Apolo XI. En los cálculos trabajaron personas de color, hombres y mujeres, porque en esta tarea se necesitaban a los mejores, sin importar la raza o el credo, su sexo y me atrevería a decir, ni siquiera sus preferencias sexuales. La NASA reclutó a los que necesitaba.

      Sabemos, los esfuerzos de la NASA ocurrieron en medio de protestas por los derechos civiles, el inicio formal de la guerra de Vietnam el 7 de agosto de 1964 y el desembarco de 3.500 marines en febrero de 1965, del asesinato del Dr. King y de Malcolm X, así como de James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner en el condado de Neshoba, Mississippi, en 1964, e incluso el del propio presidente Kennedy en noviembre de 1963. Sin embargo, la NASA logró llevar al hombre a la Luna.

      Sí podemos reconstruir al país. Por supuesto que podemos recomponer la institucionalidad y la civilidad democrática. Sin embargo, para cumplir ese cometido, difícil y plagado de obstáculos, debemos emular a la NASA en esa década tan azarosa para Estados Unidos: poner a un lado los prejuicios, los egos, el oportunismo. No obstante, merece aclarar que los prejuicios se manifiestan de muchas formas, con variados rostros y no solo el que sé ya se ha dibujado en la mente de algunos.

      El 31 de octubre de 1958, poco más de un mes después del alzamiento del 7 de septiembre, suerte de réplica del ocurrido en junio, liderado por el general Jesús María Castro León, ministro de defensa de la Junta de Gobierno, que, en palabras de Caldera, fue un  hombre honesto pero equivocado, los líderes de los tres partidos políticos más representativos entonces, URD, COPEI y, por supuesto, AD, suscribieron un acuerdo que permitió superar obstáculos y construir, tal vez con sus faltas, con sus fallas, un régimen democrático. Hubo pugnas, sí. Se cometieron excesos, aun violaciones a los derechos humanos, desde luego. Hubo alzamientos, y hubo una lucha de guerrillas. Incluso, ocurrió un terremoto, el de Caracas, el 29 de julio de 1967. Sin embargo, se logró cimentar un orden democrático, imperfecto, por supuesto, pero palmariamente perfectible. Hoy, a pesar de todo, a pesar de los dos terremotos, podemos repetir ese esfuerzo, tomando en cuenta los errores cometidos. Pero para ello, debemos dejar de lado no las diferencias, que son alimento fundamental de las democracias, sino los prejuicios, el mesianismo, así como el idealismo estéril y el pragmatismo sin ética.

      Como dije, los prejuicios visten diferentes ropajes, y unos, quizás por su trajín diario, su inclusión en las conversaciones más triviales, no los advierten. Los prejuicios son valoraciones previas, por lo general negativas, que se forman sobre una persona o grupo sin tener conocimiento real o experiencia directa. Se basan en ideas preconcebidas que ignoran la individualidad y pueden derivar en actitudes de rechazo o discriminación. Si nos atenemos al concepto, la idea generalizada de que el liderazgo debe ejercerlo un hombre formado en las luchas populares es, sin lugar a equívocos, prejuiciosa. Creer que, por haber nacido en el seno de una familia pudiente, María Corina Machado es superficial y tonta es, sin dudas, no solo un prejuicio, sino la negación de una trayectoria y un esfuerzo innegable. Ella es un ejemplo de esos prejuicios ocultos.

      En las décadas siguientes a la muerte del general Gómez (diciembre de 1935), se daba por cierto que los civiles no sabían gobernar y que solo los militares (tachirenses) sabían ejercer el poder y la autoridad. Uno de los más grandes estadistas venezolanos, Rómulo Betancourt, era civil (y nacido en Guatire). Aquello era pues, un prejuicio, aun tomando en cuenta el gobierno del trienio populista (1945-1948), cuyas deficiencias derivaron en lo que, de todos modos, iba a ocurrir (por ese prejuicio ya nombrado en contra del poder en manos civiles): el derrocamiento del gobierno democrático y civilista de don Rómulo Gallegos, un excelente literato, aunque un político débil (desnudando otro prejuicio, como lo es que la preparación académica forja mejores líderes).

      Venezuela no necesita fórmulas mágicas, recetas preconcebidas, que, no pocas veces, han derivado en desastres épicos, como lo fue el gobierno tecnocrático de Carlos Andrés Pérez durante su inconcluso segundo mandato (1989-1993), que privilegió las cifras y olvidó a la gente, esa que, pocos años después ensalzó y eligió a un hombre conocido por su protagonismo en el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992. Venezuela nos demanda sensatez y seriedad. Nos exige rescatar la verdadera política del chiquero de la politiquería fangosa.  

      Creer que las soluciones pueden surgir en laboratorios enraizados en Caracas, dirigidos por hombres y mujeres aislados en sus cenáculos, sean cuales sean estos, es prejuicioso, mesiánico y, sin dudas, receta para un desastre posterior. La realidad del interior difiere mucho de la de Caracas y aun la de la gente de Catia o Caricuao, de la que se vive en Chacao, Baruta o el Hatillo. La realidad de Caracas, de Barquisimeto, de Maracaibo, diverge de la de un pueblo llanero, de uno merideño, de uno del oriente. Cada región y cada localidad tiene sus propias necesidades y características, y toda recomposición social tiene que tomarlas en cuenta. Reconstruir La Guaira no será igual que reconstruir Caracas, Valencia o San Cristóbal. Las realidades son distintas. 

      Quizás uno de los más graves errores del segundo mandato de Pérez fue olvidar a la gente, y, en lugar de decidir políticamente, como lo hiciera Teodoro Petkoff luego, durante el segundo mandato de Caldera (1994-1999), o el presidente Franklin Roosevelt para rescatar a Estados Unidos de la Gran Depresión, se decidió técnicamente. El impacto de las medidas, opuestas a la idea que dejó correr la campaña de Pérez –la vuelta de las vacas gordas-, no solo produjo el Caracazo en 1989, sino que descalabró su gobierno, a los partidos políticos, al liderazgo y al propio orden democrático (sin negar los errores y pecados de los líderes políticos entonces). Hoy, frente a una crisis muy grave (aunque no de la magnitud que pudieron tener la guerra de independencia o las guerras federales), no podemos cometer los mismos errores. Urge poner de lado los prejuicios, las emociones viscerales, el oportunismo, las ambiciones personales; y centrarnos en la reconstrucción de las instituciones y del orden social sin olvidar el disenso, la ética y la justicia, y desde luego, las necesidades de una nación que, una vez más, debe recomponerse. En estos 27 años, nos guste o no, hubo una ruptura y lo que surja a partir de hoy, será diferente.

      No sufrimos un castigo divino, sino la consecuencia de repetir errores y de dar por cierto prejuicios, de creer que el liderazgo debe ser de un modo, proceder de un sector determinado, como lo era pertenecer a grupos vinculados con posturas izquierdistas, o antes, al estamento militar e incluso, de una región; de olvidarnos, por variadas razones a lo largo de décadas, y yo diría tan antiguas como nuestras raíces coloniales, de la gente, del ciudadano, que requiere obras, como esas que en su momento edificó la dictadura de Pérez Jiménez y también los gobiernos democráticos entre 1958 y 1999, pero también de la constante fortificación de las instituciones destinadas a defender al ciudadano aun del Estado, sea este un acaudalado miembro del Country Club, un próspero ganadero del Guárico, un médico, un abogado o un contador, un dependiente de una tienda o una cajera de supermercado, un humilde obrero petrolero del Tablazo o un campesino del llano o de los Andes, un pescador artesanal de Nueva Esparta o el dueño de una camaronera en Falcón.

      El 13 de abril de 1970, un cortocircuito provocó la explosión de uno de los tanques de oxígeno del módulo de servicio de la misión Apolo XIII. Forzados a regresar, sin alunizar, aquel fracaso devino en un éxito: traer sanos y salvos al comandante Jim Lovell y a los astronautas Jack Swigert, piloto del módulo de mando, y a Fred Haise, piloto del módulo lunar. Épico resultó su rescate, sobre todo porque el tiempo era fundamental. En Venezuela, ahora, también lo es. La paciencia de la gente es limitada y no tenerla presente, como un elemento más, como una necesidad más en el proceso, es riesgoso, explosivo. En 1989, Carlos Andrés Pérez creyó que su popularidad bastaría para imponer su plan de medidas, metido de contrabando. Solo semanas después de aquella coronación en el Teresa Carreño, estalló el Caracazo. El tiempo, las expectativas de la gente, mal pueden desdeñarse sin arriesgar un conflicto social de magnitudes impredecibles.

      Cuando Kennedy ofreció llevar un hombre a la Luna y traerlo de vuelta antes de que terminara la década, a Estados Unidos le explotaban los cohetes en tierra. Solo ocho años después, Neil Armstrong piso suelo lunar. Los asesores estadounidenses, apoyados por algunos analistas venezolanos, asumen que los procesos para depurar al sistema y al padrón electoral impiden celebrar elecciones con mediana prontitud. No obstante, una tarea titánica como lo fue llevar hombres a la Luna, se concretó dentro del plazo previsto por el presidente John F. Kennedy, aun cuando las condiciones sociales y políticas eran adversas. Cabe preguntarse qué impide adelantar varios frentes a la vez, como se hizo en la NASA desde que el mandatario anunciara que pisarían la Luna antes de terminar la década para satisfacer esa oferta.

      Nos ciegan prejuicios, nos ofuscan ideas preconcebidas, y, por qué no decirlo, sinvergüencerías, avaricia y resentimientos. Así no se conquistan las grandes metas, las grandes obras. Tenemos que poner de lado nuestras pequeñeces y nuestras rencillas si queremos reconstruir a Venezuela en un plazo razonablemente breve, porque para millones, mañana es un trecho muy largo por recorrer, una eternidad.  

      San Francisco de Asís decía: «Comienza haciendo lo necesario, después haz lo que es posible y, de repente, estarás haciendo lo imposible». Y yo agregaría, en nuestro caso, cuanto antes, mejor.

     

      

                 Del derecho de petición y el alcance de las potestades de los entes del Estado destinados a responderle a los administrados

 

Todos tienen derecho a dirigir peticiones a cualquier autoridad sobre asuntos que sean de su competencia y obtener oportuna respuesta (Art. 51 CRBV). Sin embargo, en la práctica este derecho ha servido más a la burocracia que al ciudadano. El TSJ ha establecido que la respuesta de la administración debe ser sobre el fondo de lo solicitado, relacionarse lógicamente con la petición y desde luego, oportuna (sentencia de la Sala Constitucional N° 1.032 del 5/05/2003). Este mismo fallo determina que el silencio administrativo no es una respuesta y que el funcionario (la administración pública por aplicación de la teoría del órgano) está obligado a manifestarse. En todo caso, el silencio administrativo (siempre que no se entienda como positivo, caso excepcional que requiere de norma expresa que lo autorice), aunque ciertamente abre otras vías (administrativas y judiciales), constituye una violación de la norma constitucional. Existe incluso el recurso extraordinario del amparo constitucional. Sin embargo, en diversas normas, la legislación venezolana prevé la responsabilidad del funcionario por la violación del derecho de petición. Asimismo, el artículo 25 de la CRBV establece la responsabilidad de los funcionarios que violen derechos que han sido garantizados a los administrados. Dependiendo de la gravedad del caso, la sanción puede ir desde multas hasta el despido e incluso, sanciones penales.

            La presentación de un documento para su protocolización ante un registro (sea inmobiliario o comercial) es una manifestación clara del derecho de petición (desarrollada por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos). El particular está pidiendo al funcionario que proceda a dar fe pública de un negocio jurídico, sea que se trate de la venta de un inmueble (y que en consecuencia produzca efectos erga omnes o incluso, que determine su existencia en el ámbito jurídico, como ocurre con las hipotecas), o de la constitución de una sociedad civil o mercantil (amparada a su vez por el derecho a la libre asociación establecida en el artículo 52 de la CRVB). No se trata pues, de una concesión graciosa del Estado, sino un derecho que no puede ser conculcado por el capricho de un funcionario (ni de una norma de rango inferior). Mal puede un funcionario pues, restringir caprichosamente la voluntad de los ciudadanos. Su decisión de negar la protocolización de un documento debe ser motivada (como lo estableció la sentencia citada en el párrafo precedente). Debe ser motivada y por escrito, de modo que el administrado pueda ejercer otro derecho consagrado constitucionalmente: el de la defensa.

            El artículo 44 de la LOPA prevé la obligatoriedad de los funcionarios de recibir solicitudes de los administrados aun cuando los recaudos estén incompletos. Su subsanación se hará mediante acto administrativo motivado que, en todo caso, el particular puede apelar ante el superior jerárquico o por medio de la vía judicial si considera que lo solicitado es impertinente o incluso, ilegal. Sabemos que eso no ocurre (por ejemplo, en la entrega de recaudos para la declaración y liquidación del impuesto sobre sucesiones, sujeta a término so pena de multa). El artículo referido en este párrafo protege el debido proceso, que es un elemento fundamental del derecho a la defensa (art. 49 CRBV). Hoy, el ciudadano queda indefenso frente al funcionario que simplemente rechaza la recepción de la solicitud por considerarla incompleta. Es pues, su palabra contra la del particular. Obviamente, el funcionario debe ser, y de hecho es, responsable legalmente por su omisión (la imposición de una multa por no presentar la declaración sucesoral en el plazo previsto). La denegación de justicia no se limita a la falta de una sentencia. Según la doctrina y la jurisprudencia del TSJ, se configura este delito mediante actos (negativos o positivos) que anulen de forma indirecta el derecho de una persona a acceder a los órganos jurisdiccionales o administrativos (y un registro público es un órgano administrativo, como lo es el SENIAT o la dirección de ingeniería municipal), y deberá el funcionario responder civil y penalmente por los daños causados.

            Si bien el artículo 60 de la Ley de Registro y del Notariado permite al funcionario validar que la base imponible sea veraz. A juicio de quien escribe, este artículo invade la esfera privada. Sé que muchos alegan que podría defraudarse al fisco. No obstante, cabe preguntarse qué priva en este caso particular, la voluntad de las partes de acordar un precio por la cosa vendida (como lo establece el artículo 1.475 del CCV) o el pago de tasas e impuestos, que puede ser objeto de control posterior, tal y como sucede con la declaración del impuesto sobre la renta y otros (IGTF e IVA). Veamos esto a la luz de la práctica. Declarar un precio menor puede derivar en la obligatoriedad del vendedor de aceptar ese precio, y, en caso de pagar anticipadamente, el vendedor podría luego negarse a protocolizar (y, por ende, perder el comprador, su dinero). Creo yo, lo lógico sería protocolizar el documento y reservarse el Registro la potestad de discutir posteriormente la tasa (mediante un procedimiento conforme a derecho). En caso de ganar, el particular deberá pagar la diferencia. Sobre todo, porque el artículo citado no permite al registrador sustituir la voluntad de las partes en tanto lo que pretenda registrarse no sea contrario a la ley (por ejemplo, vender un terreno municipal) y porque deja indefenso al particular, que debe acatar la decisión del registrador so pena de no protocolizar el documento. Esto contraviene las normas que ya se han citado. Algunas con rango constitucional.

            ¿Por qué? A juicio de este abogado, por dos razones: en caso de establecerse tasas desproporcionadas, la protocolización del documento queda en suspenso, y, por lo tanto, la fe púbica que solicita el comprador del funcionario quedaría igualmente en suspenso por un asunto que bien puede dirimirse posteriormente mediante un peritaje dentro de un proceso legítimo. Por otro, cercena la voluntad de las personas de vender al precio que mejor les convenga (por ejemplo, la necesidad de vender para saldar deudas) y el libre desenvolvimiento del comercio. El mercado inmobiliario puede caer, como, de hecho, ha caído en Venezuela durante los últimos años, como, eventualmente, también podría reactivarse.

            Algo semejante ocurre con el caso de los montos requeridos para inscribir una compañía en el registro de comercio. Atribuirle al registrador mercantil la facultad de rechazar el capital social de una compañía es absurdo. En primer lugar, requiere un conocimiento del funcionario que ciertamente no tiene y, de paso, cercena la innovación. Puede que una compañía haya encontrado una forma de operar a mucho menor costo (parte de su know how, que no tiene por qué divulgar). La garantía frente a terceros no debe concederla el registrador, que no está dentro de sus facultades (entre otros, el registro solo otorga fe pública un negocio jurídico, sea la compraventa de un inmueble o el asiento de una compañía), sino del propio giro comercial. El registro de una compañía con un capital muy bajo le impide acceder a clientes y bancos en tanto que esa información es pública (y lo es justamente para ello). El cliente juzgará si contrata o no con la compañía y la banca está limitada por sus propias normas (toda la legislación que regula al sistema financiero). Resulta pues, una intromisión y una facultad contralora que ciertamente no debe tener, y no tiene, el registro de comercio (ni el registro inmobiliario).

            En cuanto a la discrecionalidad del funcionario en lo que concierne a entes del Estado, como ministerios, oficinas municipales, etc., cabe señalar que esa discreción está subordinada a los principios de racionalidad y proporcionalidad. No puede el funcionario requerir recaudos impertinentes, como, por ejemplo, una declaratoria universal de únicos herederos, que la Ley no exige y que, en todo caso, no puede sustituir la única prueba admisible para demostrar la titularidad sobre los bienes del causante: los documentos que acreditan la filiación (partidas de matrimonio y de nacimiento), sobre todo porque la solvencia del pago de los impuestos sobre sucesiones no acredita titularidad sobre los bienes (es tan solo la constancia de pago de un tributo).

            La atracción de capitales no puede ser anárquica. Obviamente, hay estándares a seguirse. Sin embargo, el actual sistema de registros y notarías impide el libre desenvolvimiento del comercio y la actividad económica. Cruza más allá de sus competencias y se arroga facultades contraloras que sin lugar a dudas no posee. Cree este servidor, que la flexibilización de los procedimientos, hoy, muchos de ellos en abierta contravención a las disposiciones legales y constitucionales, es vital para la reactivación económica tan urgida por el país y que, en efecto, parece estar trabajándose en ello.

            A juicio de este humilde profesional del derecho, los artículos 8 y 60 de la Ley de Registro y del Notariado deben ser derogados, de modo que agilicen el desenvolvimiento de la actividad económica. En todo caso, como ocurre con las fiscalizaciones y eventuales sanciones interpuestas a posteriori por el SENIAT a los contribuyentes, los registros y notarías podrían revisar las tasas y obligar judicialmente al pago de las mimas cuando sean en efecto declaraciones dolosas, debidamente probadas dentro de un proceso legítimo. Como dije, un ciudadano puede vender un inmueble muy por debajo del precio de mercado por razones que, en todo caso, la constitución vigente le protege.  Si hablamos de las razones ontológicas que justifican las normas, yo encuentro más loables y acordes a los fines del Estado aquellas que garantizan a los ciudadanos la libertad. Máxime, cuando la ley no concede a los registros potestades fiscalizadoras y contraloras sobre los negocios jurídicos que les sean presentados. No podemos olvidar que mientras el particular puede hacer todo aquello que no esté prohibido, la administración debe limitarse a lo que la ley le autoriza. Podrá ser extraño e inusual un negocio, pero si no contraviene la ley, el registrador o notario (o el SAREN) no pueden prohibir su protocolización o autenticación.

            Registrar un documento es lento y caro. La Constitución garantiza la libertad de actuar en el ámbito económico, no porque sea un capricho, sino para permitir el desenvolviendo de la actividad económica nacional y, de ese modo, generar prosperidad. El derecho de petición es una pieza clave en el desarrollo de la vida social de una nación y por ello, su restricción debe entenderse como una excepción y, consecuentemente, de aplicación e interpretación restrictiva. El actual sistema de registros y notarías conlleva a tres consecuencias nefastas: la inseguridad jurídica por pérdida de la confianza en las instituciones, la corrupción y desobediencia civil (anomia).

            A mi juicio, la prestación de los servicios públicos debe reformularse y en lo atinente a los registros y notarías, flexibilizarse, de modo que agilicen la actividad económica tan decaída en los últimos años. En tal sentido, propongo (en cumplimiento de las leyes que rigen la materia:

1)      La instalación de taquillas receptoras en todas las oficinas gubernamentales encargadas de recibir solicitudes de los particulares.  

2)      Instruir a los funcionarios sobre la obligatoriedad de recibir los recaudos, sin pronunciarse sobre la falta o no de recaudos.

3)      Estampar sello de la oficina y fecha de recepción (para detener lapsos preclusivos).

4)      En caso de requerirse, solicitar la consignación de recaudos faltantes mediante acto motivado, de modo que asegure al administrado el ejercicio del derecho a la defensa.

5)      Establecer parámetros razonables en caso de que la ley conceda capacidad discrecional al funcionario, y, desde luego, este requerimiento de la administración debe ser motivado.

6)      Prohibir a los registradores y notarios negar la protocolización a autenticación salvo por causas previstas en la ley, y, en caso de ser un precio irrisorio (lo que significa muy por debajo del valor de mercado), informar al particular del cálculo de los derechos de registro en función de las ventas de inmuebles protocolizados en ese registro, a través de un acto motivado.   

7)      Instruir a los registradores mercantiles de no inmiscuirse en el monto del capital (en tanto que el control sobre su capacidad de pago no le atañe), así como en todos aquellos asuntos que no estén previstos en el artículo 19 del Código de Comercio (que afectarían el secreto sobre asuntos privados de las sociedades).

8)      Crear oficinas de reclamos (Defensoría del Pueblo y/o Ministerio Público) para garantizar el respeto de la ley, con capacidad para estos funcionarios de abrir causas administrativas y/o penales a los funcionarios que incumplan la ley.

Creo que son solo unas recomendaciones. Pueden pensarse otras. Sin embargo, considero importante conservar el espíritu de este texto, que no es otro que el que subyace en las leyes que regulan la materia. 

             Noticias, opiniones y hamburguesas con queso

Hoy por hoy, resulta difícil creer. Antes, las noticias debían pasar por filtros, por verificaciones que ahora son despreciados. Sin la estructura de un medio impreso o de un canal de noticias, sea CNN o Reuters, RT o DW, y favorecidos por un teléfono inteligente que cubre las necesidades básicas para reportar en vivo y opinar sin mediación de jefes de redacción e incluso, de las restricciones legales (como la de no difamar o injuriar a otros, reconocidas ambas como delitos), los embustes, las exageraciones y los wishfull thinkings, o como lo llamaríamos quienes hablamos la lengua de Cervantes, pensamientos ilusorios, colman las redes, así como también ofensas de todo tipo.

            Muchos pretenden que no se haga. Sin embargo, nada más naíf. Sin escrúpulos, no contendrán muchos sus impulsos más ruines, como anunciar la muerte de un famoso que no ha muerto para ganar visitas a su página o revelar (supuestos) planes secretos que sin lugar a dudas ignoran. En mis días mozos, llamábamos a eso hablar paja (porque son chismes y rumores con tanto valor como lo tiene, en efecto, la paja o el heno). Conocíamos reporteros prestigiosos que cuidaban su buen nombre y gacetilleros desesperados por dar un tubazo.

            Sin embargo, en nuestros días, como reclamaba Renny Ottolina a los productores de televisión y radio, distinto de elevar el nivel de los partícipes en este contubernio que son las redes sociales, muchos periodistas han descendido a la ruindad propia de quienes buscan notoriedad. Lo sé. Sus razones varían dependiendo de la erudición (o falta de esta) de quien escribe. Muchos, sin formación profesional en el periodismo o irrespetando sus normas, usan la información noticiosa con el mismo criterio de un community manager. Solo buscan generar tráfico. Por ello, la veracidad de sus noticias importa muy poco. Otros, mercachifles y lobistas, las tergiversan para favorecerse ellos o a terceros. Y otros, soberbios, tan solo se creen mejores que los demás y portavoces de la verdad absoluta.

            No interesa qué los motiva. Su conducta es, en todo caso, reprochable.

            La opinión sesgada carece de valor, indistintamente de si quien la emite es Walter Cronkite o Christiane Amanpour, o si se trata de un gacetillero de un diario amarillista. La opinión no es verdadera ni falsa. Eso lo sé. Sin embargo, sí está bien o mal fundamentada. Se trata de reglas lógicas, no de la talla intelectual y académica de quien opina. Dar por cierta la opinión de alguien solo porque es quién es constituye una falacia ad hominem. Su trayectoria y su reputación pueden conferir valor al sujeto, o, en caso contrario, restárselo; pero, en modo alguno, se entienden como los hechos de un contexto determinado. En todo caso, la conclusión debe derivarse de las premisas, no de la buena o mala fama de quien opina.

            Unos se regodean y alardean de información de primera mano que cuando mucho llega a chisme o ilusión. Otros se arropan en su soberbia o en la necesidad de vender una idea y, como quien vende autos usados, recurre a citas e hipótesis que no necesariamente son aplicables a un contexto determinado. Ninguno de ellos, por lo que se lee en sus comentarios, fundamenta sus alegatos en premisas creíbles, en hechos constatables, aunque algunos trazan artilugios, construidos con mayor o menor cuidado, para disfrazar de premisas sus intereses o los de terceros.

            Saber qué puede ocurrir en Venezuela es, de hecho, improbable (porque imposible es un círculo cuadrado). Se especula y se crean fábulas, pero adelantar eventos, en uno u otro sentido, es osado, aventurado y, sobre todo, imaginario. A la vista no existen elementos conocidos que permitan predecirlos, salvo cartas, declaraciones, datos que van surgiendo a gotas en medio de suposiciones infundadas y narrativas fantásticas.

            La masificación de la información es un hecho. Ocurre y ciertamente no existen mecanismos efectivos para evitarla. Se puede, sí, hacer un esfuerzo para desgranar el trigo de la cizaña. La mercadería de análisis y noticias (sesgadas) solo puede compararse con el mercadeo de hamburguesas o gaseosas.

 

                                                                                                      

                                                                                                          

                                  

De guerras y genocidios

        

La paz no es un slogan. La paz es un esfuerzo cotidiano que se traduce en la tolerancia debida al que disiente, aunque no nos guste, aunque no aceptemos sus ideas.

Los asesinatos perpetrados por Hamás durante el cautiverio de los judíos secuestrados solo difieren en la cantidad con respecto a los ocurridos en Auschwitz. La crueldad y la motivación es la misma.

Portar una hiyab o una shayla en un evento público, como los premios de la Academia o los Golden Globe, no va a fomentar la paz. Eso solo ofende a las víctimas de una tragedia que ya demora demasiado.

 

Mona Juul y su esposo, Terje Rød-Larsen, lograron lo que para muchos parecía imposible. Aun, impensable. No hablo solo del acuerdo de paz entre la OLP e Israel (que fracasó por la intolerancia de unos y otros), sino de un hecho trascendental en la historia de un conflicto que pronto cumplirá ochenta años: el reconocimiento recíproco. Finalmente, un grupo con la legitimidad para hablar en nombre del pueblo palestino, la OLP, por medio de Yasser Arafat, aceptó que Israel tiene derecho a existir. Por su parte, en voz de su presidente, Israel igualmente aceptaba que el pueblo palestino merece un hogar al que puedan llamar su nación.

El asesinato de Yitzhak Rabin el 4 de noviembre de 1995 por un fundamentalista israelí (que los hay, desde luego, y que rechazan la tesis de los dos Estados), así como las fracturas internas entre los grupos palestinos (cuyo clímax fue la expulsión de Fatah de Gaza por Hamás) dieron al traste con un acuerdo que alcanzó hitos impensables. Sin embargo, esa semilla sigue ahí.

Ese acuerdo creó la Autoridad Nacional Palestina (ANP), suerte de gobierno provisional, encargada de administrar los asuntos civiles y la seguridad interna en las áreas palestinas de Cisjordania y la Franja de Gaza. Históricamente, la OLP, ente reconocido por Israel como vocero legítimo de Palestina, y la ANP han sido dominadas por el partido laico Fatah (cuyo líder es Mahmud Abás, en sustitución de Yaser Arafat). A pesar de ser Gaza la sede del Consejo Legislativo Palestino (CLP), este no ha funcionado con normalidad. No ha podido. No porque Israel lo impide, sino porque Hamás expulsó a Fatah y ejerce de facto la autoridad sobre Gaza.

El territorio palestino y la autoridad regente están divididos. Cisjordania (antes conocida como West Bank) y la franja de Gaza. Políticamente, en diversas facciones que se disputan el poder. Como se dijo, Hamás expulsó a Fatah de Gaza en 2007, y, por ello, la ANP ya no ejerce control en la región. Radicalizado, el grupo Hamás rechaza los acuerdos de Oslo y postula como principio fundamental la aniquilación del Estado judío.

El 7 de octubre de 2023 llevó a cabo un ataque contra Israel. Asesinó a 1219 personas y secuestró a otras más. Se coordinaron desde la franja de Gaza (que, como ya se dijo, la organización terrorista controla desde 2007). Obviamente, Israel respondió.

En 1933, Paul Hindenburg nombró canciller a Adolfo Hitler. Esperaba el viejo militar prusiano, usar la popularidad del cabo austriaco (que por una ley alemana le permitía postularse a cargos políticos) para fortalecer un gobierno autoritario que lograra recomponer la crisis generada durante la República de Weimar. Quien luego fuese llamado mein Führer (mi líder) se valió de la crisis económica heredada de un proyecto político fallido, la propaganda violenta y la inestabilidad para consolidar su poder, culminando en una dictadura totalitaria con la aprobación de la Ley de Habilitación en marzo de 1933 y la posterior abolición de los derechos civiles.

El 1 de septiembre de 1939, tras una escalada diplomática muy agresiva, destinada a ocupar territorios, amparados en una deformación geopolítica del principio, originalmente geográfico y biológico, conocido como espacio vital (Lebensraum), propuesto por el geógrafo Friedrich Ratzel a fines del siglo antepasado y que sirvió de excusa para la agresión japonesa en Asia e italiana en Abisinia (ahora Etiopía), comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Berlín debió soportar por ello bombardeos constantes, primero del Reino Unido y luego, de los aliados. Al momento de entrar los rusos (y dos meses después, los estadounidenses y británicos), la ciudad estaba asolada. Destruida.

El 6 de diciembre de 1941, el Imperio Nipón atacó a la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. El 6 de agosto de 1945, Hiroshima fue arrasada por un bombardeo atómico, seguido en Nagasaki (tres días después). El 15 de agosto siguiente, el emperador Hirohito proclamó la rendición incondicional. El 2 de septiembre, a bordo del USS Missouri, Japón suscribió el correspondiente instrumento. Tokio estaba destruida. Tal vez tanto como Hiroshima y Nagasaki.

¿A dónde quiero llegar? Veamos…

No lo dudo, la respuesta israelí tras el ataque del 7 de octubre de 2023 pudo ser brutal. Despiadada. No obstante, la autoridad que de facto controla la zona – y ejerce el papel de gobierno – atacó a Israel. Se entiende que desde el punto de vista del derecho que rige la guerra (si es que tal cosa es creíble y, sobre todo, ejecutable), ese ataque justificó la respuesta militar israelí (casus bellis). Insisto, de parte de Israel hubo una réplica cruenta e incluso, exagerada. Sin embargo, hablar de genocidio sería reconocer que en el curso de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los aliados también perpetraron genocidio. Y bien sabemos, no fue así. Cabe decir, en ese conflicto, en esos seis difíciles años, murieron 55 millones de personas, entre ellas, más de seis millones de judíos asesinados sistemáticamente solo por su raza (incluyendo a Santa Edith Stein (o por su nombre religioso, Santa Teresa Benedicta de la Cruz), nacida judía y una vez que acogió el catolicismo y tomados los hábitos, fue canonizada en el seno de la Iglesia Católica por San Juan Pablo II). Envenenada con Zyclon B en una de las cámaras de gas de Auschwitz, murió en parte por ser judía (de raza) y en parte, por su fe católica, el 9 de agosto de 1942, y por ello se le reconoce como mártir.  

El ataque del 7 de octubre se fundamenta en razones que, sin dudas, parecen nacer del ideario nazi. No olvidemos, esa agresión ocurrió dentro de un contexto esencialmente xenófobo: Más que la construcción de un Estado palestino, como lo pretendieron Rabin y Arafat tras los acuerdos de Oslo, Hamás persigue la destrucción del Estado judío, y, como lo han manifestado voceros islamistas y a pesar de que en Occidente muchos se rasguen las vestiduras (cuyo significado bíblico, incurso en las ancestrales tradiciones judías, es una manifestación externa y exagerada de dolor, duelo, pena o indignación), también el de esta civilización.

En lo particular, considero a Benjamín Netanyahu un radical. Su partido, Likud (de derecha, sí, pero no estriba en este hecho su obstinación), se opone a la solución de dos Estados, como se propuso en 1947, y que los ya citados acuerdos de Oslo respetaban y, sobre todo, reconocían. Sin embargo, aunque repudie al personaje, acusarlo de genocida sería tan absurdo como acusar a los aliados por los bombardeos sobre ciudades alemanas y japonesas o, incluso, a Putin por la agresión rusa a Ucrania (que es, de hecho, una disputa territorial y, por lo tanto, una guerra convencional).  

Brutal y despiadada, aun cruenta, pero mal puede decirse que sea un genocidio. Sí hubo crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional humanitario, y los hubo en ambos bandos. Hamás dista mucho de ser víctima y a juicio de muchos, es el causante de la desgracia de miles de palestinos, que, no lo dudo, tanto como los judíos, solo desean vivir sus vidas tranquilamente. Y sí, lo sé, tristemente, bien viene al caso recordar las palabras de Oriana Falacci sobre ese conflicto: mal puede haber paz si ambos bandos – en realidad sus líderes - se odian a muerte («Entrevista con la historia». 1976). 

         

El crisol de Trump: De McCarthy al magnate neoyorquino

Del amor al odio hay solo un paso…

En la década de los 50’s, auge del boom estadounidense, el senador Joseph McCarthy lideró una cruzada anticomunista. Ejerció su cargo en el Congreso desde 1947 hasta 1957. El autor Arthur Miller escribió su obra «The crucible» (traducida como «Las brujas de Salem») en esos años (el estreno de la obra tuvo lugar el 22 de enero de 1953). En ella, el dramaturgo hace referencia a los juicios por brujería en Salem en 1692, en principio, pero es una clara alegoría del macartismo.

         En 1954, el abogado Joseph Welch asestó unas duras palabras durante las audiencias Ejército-McCarthy que defenestraron la carrera del senador. Censurado por sus propios colegas y abandonado por el partido Republicano, murió poco tiempo después. El periodista Edward Murrow terminó de demoler su credibilidad en un programa «See it now» del 9 de marzo de 1954.

         Tal vez no sean los comunistas, aunque Kamala Harris fue acusada por algunos necios de serlo. Para Trump, animado por su racismo (y no cabe duda de ello), no se trata de los rojos, desbancados tras la disolución de la URSS en 1991, sino de inmigrantes… de inmigrantes hispanos, de inmigrantes de colores extraños, como diría Rubén Blades. Su cruzada ha llevado el macartismo a un nivel superior. Si bien las audiencias y juicios contra ciudadanos eran delirantes en tiempos del senador, hubo entonces, cuando menos, la pantomima de un proceso. En cambio, a los inmigrantes – legales e ilegales, como hemos visto – se les niega incluso ese derecho, el de un juicio, lo que supone una violación al derecho a la defensa.

         En su momento, McCarthy fue popular. Sin embargo, de la noche a la mañana, como lo señala un documento del senado estadounidense (https://www.senate.gov/about/powers-procedures/investigations/mccarthy-hearings/have-you-no-sense-of-decency.htm), su gloria se desvaneció. Murió tres años después, solo y frustrado (a broken man, reseña el texto original en inglés). El presidente Trump goza de popularidad. Por ahora. Ganó con un margen suficientemente cómodo (a diferencia de la primera vez, contra la senadora y ex primera dama Hilary Clinton, quien ganó en esa ocasión el voto popular). No obstante, su gestión, sin dudas, caótica, comienza a fastidiar. Sus políticas sobre inmigración y aranceles están teniendo un costo – económico y moral – importante para Estados Unidos. Por mucho que los supremacistas blancos deseen una «América para blancos protestantes» (aunque la primera dama Melania y la vocera de la Casa Blanca son católicas, así como el vicepresidente J.D. Vance), el porrazo en sus bolsillos bien puede recordarnos un viejo adagio: amor con hambre no dura.

         En un sinfín de reveces, el último, con su otrora «mejor amigo», el milmillonario Elon Musk, puede tener tanto peso como aquellas palabras que defenestraron la carrera política del senador McCarthy. Expuesta su crueldad e imprudencia, Welch asestó una estocada mortal a aquel toro embravecido. Murrow lo remató. Ante la delirante política del presidente Trump, que, no lo dudo, podría resultar dañina para el GOP, este vería con buenos ojos la destitución del presidente y tal vez escuche los chismes del dueño de Tesla. Su credibilidad como organización política – seguramente la más fuerte en Estados Unidos – importa más que seguir a un cruel e imprudente hombre, cuyos vicios saltan en la infinidad de juicios en su contra. Algunos sentenciados desfavorablemente para él.

         McCarthy pagó sus tropelías con el olvido, el ostracismo al que fue relegado por propios y extraños. Su cruzada es vista hoy como una cacería de brujas (como lo señaló, en efecto, Arthur Miller en su obra). No me sorprendería que, ante la delirante – y contraria a la ley – conducta del presidente Trump, termine destituido y con menos suerte que Richard Nixon (que gozó del indulto de su sucesor, el presidente Gerard Ford). Cuando menos, el protagonista del escándalo Watergate, ciertamente deshonesto, fue, no obstante, un buen mandatario y su política exterior, indudablemente exitosa. 

         Imagino que hoy, unos cuantos meses después de la toma de posesión, muchos estadounidenses, gente honesta y trabajadora que creyó las patrañas de un felón (no sería inédito en este viejo mundo que ya ha atestiguado muchas cosas), como la senadora por Florida y cofundadora de «Latinas for Trump», Ileana García, se sientan defraudados y en secreto, en esas tareas que hasta los reyes hacen solos, podrían pensar que Kamala Harris hubiese sido una mejor elección.