lunes, 21 de mayo de 2012

¿Oscurantismo?


             ¿Qué derecho tiene la pseudo-izquierda a arrogarse el amor al prójimo como si los demás mortales fuésemos unos coñosdemadre? ¿Acaso la derecha no presta atención al tema de la pobreza? Quienes hoy se dicen hombres y mujeres de izquierda – ufanándose por ser ellos mejores – ignoran que de hecho tanto monta Isabel como Fernando, si es que se permite decirlo así. Esa visión que de la derecha han hecho los izquierdistas es falsa y sobre todo, pueril. Es una visión que divide al mundo en buenos (los izquierdistas) y malos (la derecha). Y la verdad es que esa distinción es anacrónica. Pero eso ya lo he dicho en este blog infinidad de veces.
            Hoy por hoy, si vemos los niveles de desarrollo entre los países que se rigen por principios democráticos-representativos versus los de aquellas naciones que han seguido modelos socialistas, encontramos que la vida en éstas es pobre y harto menos cómoda que en las otras. Se podría decir que es dura. Y es que el socialismo – no ése que propugnan los partidos de izquierda europeos, sino el verdadero, ése que confisca la propiedad privada de los bienes de producción – no ha solventado las grandes necesidades humanas. Por el contrario, las ha agravado.
            El socialismo ofende la esencia humana y si bien se dice “humanista”, no hay modelo menos consistente con la humanidad que el socialismo. Para este modelo, la gente no es gente, es sólo parte de una maquinaria. ¡Eso es horrendo! Y por ello, esa hermosa parodia de Charles Chaplin en “Tiempos modernos”. En la Europa liberal y demócrata de hoy, la gente trabaja para vivir, en la Cuba socialista de los hermanos Castro, la gente apenas sobrevive. Me permito comparar pues, el socialismo viene a ser como esa era oscura que en español llamamos oscurantismo, donde las personas apenas sobrevivían trabajando de más y descansando de menos.
            No hay nada más inhumano que el socialismo, cuyos principios básicos niegan el derecho a la individualidad y a la superación por el esfuerzo. Niegan el derecho a ser el dueño del fruto del esfuerzo personal. En el socialismo, la gente termina esclavizada por un Estado negrero. Eso no ocurre en las democracias representativas, aunque los izquierdistas se paren de cabeza.
            El socialismo pues, niega una verdad humana desde tiempos ancestrales: cada quien trabaja para sí y su prole y por ese esfuerzo individual se beneficia el resto del grupo social.

Francisco de Asís Martínez Pocaterra
Abogado

Mea culpa


          “Caracas, ciudad de despedida” ha sido uno de esos fenómenos que de vez en cuando surgen en los medios. Con un lenguaje llano, sin la pulcritud académica, aún con un vocabulario ofensivo al buen castellano, así como argumentos pobres e incluso banales para exponer sus ideas, estos muchachos reclaman una queja válida: no hay un futuro prometedor para ellos. Y si a ellos los culpan por decir que de querer irse, se “irían demasiado”, recordemos que la culpa no es de ellos, que en su mayoría sólo han visto este desgobierno desatinado que la mayoría de nosotros, responsables de legarles un país mejor, elegimos, no una sino repetidas veces.
            Muchos inmigrantes han venido a esta tierra a dar lo mejor de ellos. Y muchos de ellos, venidos de Europa, han contribuido a engrandecer estos países del Nuevo Mundo. Incluso aquellos que han llegado de naciones hermanas, como Cuba, Argentina y Chile han hecho de éste, su país. Y yo les pregunto, ¿eran ellos cobardes o sólo huían de los horrores del nazismo-fascismo, de las tragedias que imponen las dictaduras, sean de derecha o izquierda? Esos inmigrantes eran apenas hombres y mujeres desesperados por la ceguera - ¿o idiotez? – colectiva en sus países de origen. Hoy por hoy, nuestros hijos salen de las universidades y escuelas tecnológicas, graduados no para forjarse ellos un destino y por aditamento, contribuir al desarrollo de la nación, sino para vender un falso triunfo político, y, por ello, en vez de trabajar en eso para lo cual se prepararon, deben granjearse el pan de cada día con cualquier empleo mal pagado. Cabe preguntarse entonces, ¿podemos culparlos por legarles este país depauperado? ¿Podemos exigirles que se queden cuando les negamos el futuro que se merecían?
            No culpemos al que culpa no tiene. Ése ha sido una de los defectos que como sociedad más daño nos ha causado. Ese mal hábito de desentendernos de lo que nos atañe para endilgárselo a otros y luego, cuando no obtenemos nada, quejarnos como un camión de cochinos. Somos responsables nosotros, la generación sándwich, que imbecilizados por un discurso antipartido y por aquello de que todos son responsables de nuestros errores menos nosotros mismos, empoderamos a un tirano hasta darle la soga con la cual nos ahorca.
            Y para quienes se burlan del lenguaje pobre, pues les digo, no hagan chistes que eso también es culpa nuestra.

Francisco de Asís Martínez Pocaterra
Abogado


jueves, 10 de mayo de 2012

¿De qué derecha hablan?


Hablar hoy de izquierda y derecha es un anacronismo, pero eso es Chávez y su movimiento, un anacronismo

            Escucho hablar a los voceros del oficialismo sobre la derecha y siento pena. Ésa que mi abuelo tildaba de ajena. Y siento pena porque quienes nos gobiernan hoy, que son los conductores de nuestras vidas al progreso y al desarrollo, demuestran ignorancia acerca de la historia política de este país y del desarrollo de los partidos políticos a lo largo del curso del siglo veinte, que bien puede decirse, empezó para este país con la muerte del general Juan Vicente Gómez. Muestran ignorancia también porque hace rato ya que los términos derecha e izquierda están en desuso.
            El partido venezolano más longevo ha sido, sin lugar a dudas, el PCV, fundado por los opositores a la dictadura del general Gómez y legalizado durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita. Y el comunismo venezolano – haya militado o no en el PCV – procede de dos corrientes. Los que se formaron en el extranjero, con lecturas metódicas acerca del ideario de Marx, y los que recibieron una instrucción panfletaria y simplista de la mano de don Pío Tamayo, durante sus estancias en el Castillo de Puerto Cabello, una de las prisiones más horrendas del gomecismo. De estas dos corrientes de jóvenes comunistas surgieron los variopintos partidos que hoy hacen del tarjetón electoral un auténtico carnaval. Y es por ello que en estas tierras venezolanas, tropicales y calenturientas, no ha crecido un genuino movimiento de derecha como lo hay en el Cono Sur.
            Antes de proseguir, aclaro que nunca fui adeco. Siempre fui y me considero hoy, un fiel copeyano, uno que comprende que otras corrientes políticas han insurgido en la tómbola política nacional y que siguiendo el refranero popular siciliano, todo tiene que cambiar para que permanezca igual. Sin embargo, desde su fundación en 1941, AD fue el partido de mayor ascendencia popular, reuniendo en su seno a gente de todas las raleas. Y fue justamente eso lo que hizo de AD un partido grande, uno que, de paso, trascendió a su fundador, don Rómulo Betancourt. Y fue AD, desde sus inicios, un partido de izquierda. Pero no esa izquierda subversiva e irreductible, que no aceptó los términos propuestos por la pacificación de 1969, ni siquiera la del viejo maestro Luís Beltrán Prieto Figueroa (retardataria y sectaria), sino una izquierda moderada. AD se inspiró en la vanguardia escindida del marxismo-leninismo, defendida por Karl Kautzky y Eduard Bernstein. AD es eso que hoy, de tiempo en tiempo, gobierna en las naciones de Europa (a veces, acertadamente): la socialdemocracia.
            Y si bien puede decirse que los partidos europeos se definen entre la izquierda y la derecha (el PP y el PSOE españoles, por ejemplo), a pesar de ser un anacronismo, comparar las izquierdas europeas (francesa o sueca) con este tinglado comunistoide que propone el chavismo es una demostración de ignorancia tal que sólo puede equipararse con la estupidez. Suecia no es socialista. Es una monarquía constitucional que, por eso mismo, por tener un rey, ni siquiera intenta proclamarse como una genuina democracia al estilo americano (quienes, muy a pesar de los izquierdistas extremistas, dieron forma a las ideas de La Ilustración francesa). Y bien sabemos, los principios democráticos se respetan mucho más en esas sociedades “monárquicas” que en éstas de por estos lares, que se ufanan – inmerecidamente – de ser valuartes democráticos.
            El socialismo de Chávez (ése, llamado por Alexander Buzgalin (aunque se le endilgue este término al filósofo germano-mexicano Heinz Dieterich)  como del siglo XXI) execra de la vida social la propiedad privada de los bienes de producción (esto es lo que precisamente define en esencia un auténtico modelo socialista). En Suecia no existe esa confiscación abusiva de la propiedad privada para beneficio de unos pocos burócratas. Ésa es pues, la diferencia. Suecia aplica – con más rigor, posiblemente – lo que se conoce como socialdemocracia. Y es esa “izquierda” moderada la que desde siempre ha regido en el ideario político venezolano, sin importar si se era adeco (representantes nacionales de la socialdemocracia), copeyano (social-cristianismo) o cualquiera de las corrientes surgidas precisamente de los incipientes partidos que comenzaron a hacer vida pública en la década de los ‘40, porque, quiérase o no, todos las organizaciones políticas de este país proceden de cuatro grandes vertientes: el PCV, AD, COPEI y, por la escasa trascendencia que pudo tener durante la dictadura militar, URD (que a pesar de ello y de ser su abanderado el presidente de la Junta de Gobierno, no logró la victoria electoral de 1958). Y no lo dude, unos con más énfasis que otros, todos militaron en la izquierda del espectro político.
            Entonces, ¿de qué derecha hablan? ¡Por Dios! La Cruzada Cívica Nacionalista (partido perezjimenista) era un dinosaurio extinto, que, junto con el minúsculo Partido Laboral Venezolano (PLV), no pueden siquiera considerarse una fuerza política real.
            Podremos ser opositores, aún viscerales, de este desaguisado revolucionario (lo somos precisamente por esa razón) y podremos defender valores liberales (que los chavistas tildan de burgueses y elitescos), pero salvo contadas excepciones – sin menoscabo de su derecho a serlo – eso que llama ultraderecha no ha existido en el ideario político venezolano los últimos cien años.

Francisco de Asís Martínez Pocaterra
10 de mayo de 2012

martes, 10 de abril de 2012

Ya vamos tarde para entrar al siglo XXI


La contemporaneidad se aleja de nosotros vertiginosamente. A pesar del esfuerzo de algunos, deseosos de demostrar que, en efecto, el futuro ya llegó; el gobierno, inmerso y perdido en el boscaje de su propio anacronismo, nos mantiene de pie, no frente a una gran pantalla desde la cual nos vigila el inefable Big Brother, sino ante un espejo, uno que sin vigilarnos y sin preocuparse por las voces disidentes, nos mantiene siempre de espaldas al porvenir y al desarrollo que éste ofrece. Nos mantiene pues, atrasados en el subdesarrollo, ése que explica y justifica la tiranía. Y justamente, ésa es una de las peores facetas del totalitarismo.
Chávez y su gente, al menos ésos, los más radicales, no parecen comprender la realidad del mundo contemporáneo. Aferrados como están a paradigmas superados hace tiempo, suficiente para haberlo masticado y digerido, no aceptan una modernidad en la que sus ideas, quiéranlo o no,  no tienen cabida. Y puede que en efecto sea duro de tragar, eso de encontrarse de súbito en un medio que nos resulta totalmente ajeno. Pero, nos guste o no, a esta realidad hemos llegado como la especie inteligente que somos y, sin asegurar que estamos ante el fin de la historia y del último hombre, se puede afirmar que de todos los modelos políticos ensayados, sólo la democracia ha sido eficaz para resolver las necesidades humanas. Y lo ha sido, justamente, porque es el único que propone una sociedad libre y por ello, necesariamente responsable.
Hablar de Marx hoy por hoy, como lo hace obscenamente el caudillo de este tinglado revolucionario demodé, resulta cuando menos, un anacronismo imperdonable, cuando no una abominación académica. Aún más, desnuda ignorancia sobre estos tiempos que vivimos. Los condicionantes históricos que dieron lugar al socialismo ofrecido por Marx y Engels dejaron de existir. La economía industrial de los siglos XVIII y XIX dio paso a la actual economía post-industrial. Y ésta es, precisamente, la que desconocen y no comprenden los líderes del movimiento bolivariano (que se define como socialista del Siglo XXI). Ellos siguen creyendo en una economía basada sobre paradigmas claramente superados, como la tenencia de extensas áreas para el cultivo y las grandes industrias mecanizadas (que ciertamente significaron en su momento, una tragedia para las clases obreras que no conseguían adaptarse al nuevo modelo económico industrial). Esa sociedad (o el término más apropiado, civilización) no obstante, no es, ni de lejos, ésta que conocemos en la actualidad. Y no soy quien lo asegura. Lo hizo Alvin Toffler hace más de 40 años (“El shock del futuro”. Plaza & Janés. 1970).
Los socialistas del siglo XXI siguen aferrados a la idea de una sociedad formada por un grupúsculo de grandes industriales y masas obreras depauperadas (aunque no lo digan expresamente), sin darse cuenta que hace años, esas corporaciones democratizaron sus capitales a través de colocaciones en bolsas de valores, diluyendo la propiedad en una riada de accionistas dentro y fuera de sus naciones, cuyo interés difiere mucho de participar en la toma de decisiones y la gestión del negocio (que dejan en manos de CEO’s contratados para ello). Se centra ese interés en el lucro que puedan obtener con la tenencia temporal de las acciones Y lo hacen porque, repitiendo las palabras del líder comunista chino Den Xiaoping, enriquecerse es algo glorioso y, sin lugar a dudas, si se hace éticamente, nada tiene de malo y en cambio, muchas cosas beneficiosas puede, en efecto, ofrecer. Es por esa razón que China ha conseguido rescatar a 300 millones de personas de una pobreza infame (con chinos que hoy son inmensamente ricos). Y es que el gran secreto, que ciertamente no lo es, radica en la construcción de una clase media fuerte, como la inventó Ford en la década de los ’20 del siglo pasado y la que China se ha empeñado crear, a cómo dé lugar (y que, probablemente, termine por desbancar a la clase política china heredera de la revolución del camarada Mao).
No son pues, esos millones de accionistas, muchos de ellos ancianos retirados, hombres y mujeres pertenecientes a esa clase media fortalecida por estar consciente de su rol en el desarrollo, que han colocado sus ahorros en bancas de inversión (que colocan los capitales en títulos diversos, como lo son efectivamente, los bonos y las acciones, para obtener un rédito financiero), quienes tienen algún interés por explotar al obrero, que de paso, en las sociedades desarrolladas también forman parte de esa clase media y no de las más pobres. Y carecen de ese interés explotador porque no por ello van a ganar más o menos dinero. Su lucro, legítimo y generador de desarrollo, procede, en cambio, de un valor intangible pero tan real como el aire que respiramos: la información y el dominio de las nuevas tecnologías, que impactan directamente el valor bursátil de las acciones y demás papeles negociables. La lucha de clases que proponía Marx ya no existe como tampoco las condiciones para que ésta tenga lugar, cuando obreros y dueños del capital muchas veces se confunden y cuando nuevos paradigmas fundamentan el valor económico de las empresas sobre elementos menos tangibles que las maquinarias o las tierras cultivables, aunque no por ello menos reales.
Hoy, con el descomunal desarrollo tecnológico y el impacto de éste en la cotidianidad de las personas, hablar de proletariado es una ridiculez. Y no lo es sólo porque en las potencias democráticas – que justamente por eso son primer mundo – aquel proletariado depauperado fue sustituido por esa clase media fuerte y, por lo mismo, determinante de los procesos sociales; sino porque además, el elemento determinante del poder en la actualidad es la información y no las tierras de los supuestos latifundistas o las grandes industrias mecanizadas. No en balde, hoy en día las empresas más grandes del mundo no son industrias… ¡son Google, Facebook, Microsoft! Empresas cuyo principal activo es intangible. Y tampoco es casual que ahora valga mucho más la biotecnología detrás de la agroindustria que las tierras y los insumos mecánicos para cultivar, que valga mucho más la información – conocimiento – detrás de la industria pesada que las maquinarias e incluso, la mano de obra obrera, que en muchos casos ha sido robotizada.
En un mundo como éste, con una clase media fuerte, consciente de su propio valor, las personas no se comportan como imbéciles, débiles mentales que urgen de un padrecito para que les solucione los problemas como él cree que debe hacerse. La libertad que los nuevos paradigmas tecnológico-económico-políticos les confieren a las personas les ha enseñado a ser responsables de su presente y de su futuro. Y es por ello que a la gente se le exige ser más conscientes de su propio destino. Que éste es sólo suyo y que ningún iluminado mesiánico tiene el derecho de imponerle como debe ser. Y puede que, por ello, los electorados ya no persigan como tontos a caudillos sino a líderes que ofrezcan verdaderas soluciones a sus problemas. Buscan guías en el liderazgo político, a los que podrá seguir o no, siempre que así lo desee.
Venezuela entró tardíamente al siglo XX porque una mentalidad obtusa y desfasada de la contemporaneidad se impuso no sólo en el gobierno, regido entonces por un liderazgo atávico, sino también en una minúscula intelectualidad que prefirió hacer negocios con los tiranos y olvidarse de una ingente masa depauperada y analfabeta. Hoy por hoy, ya vamos tarde para entrar al XXI. No dejemos que las utopías delirantes de un grupúsculo hediondo a rinconera de cachivaches inservibles nos rezaguen del desarrollo galopante que pueden ofrecer estos nuevos paradigmas, característicos de este nuevo siglo.  

domingo, 25 de marzo de 2012

Que parte del NO no entendieron


Leo, ciertamente preocupado, parte de la propuesta gubernamental para la nueva ley del trabajo (http://www.noticierodigital.com/2012/03/notitarde-ley-del-proceso-social-del-trabajo-aumentara-dias-feriados/), a la cual pretenden darle el correspondiente ejecútese, a como dé lugar, el próximo 1° de mayo, Día del Trabajador. Y mi preocupación no se debe tan sólo por la creación de “días de interés especial para la clase trabajadora”, que incluyen el 23 de enero, así como el 4 de febrero, e 18 de marzo, el 27 y 28 de febrero y el 13 de abril. Salvo el 23 de enero (día del golpe contra la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez) y el 18 de marzo  (día de la toma del poder por la clase obrera e instalación de la Comuna de París), todas las fechas previstas están vinculadas al comandante. De hecho, el día 13 de abril se le califica como “día de la Dignidad Popular, insurrección popular contra la dictadura pro-imperialista de Pedro Carmona Estanga, la libertad del Comandante Hugo Chávez Frías y la retoma del poder por el pueblo”.
Ya es bastante grotesca esta apología de fechas en las cuales nada hay qué celebrar, aún desde un punto de vista histórico. Fechas como el 4, 27 y 28 de febrero son desde luego trágicas, por las muertes ocurridas, pero también una chambonada en el caso del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y una revuelta anárquica para el lamentable caso del Caracazo de 1989. Mucho menos declarar fecha de interés especial para los trabajadores el 13 de abril.  Semejante ridiculez tan sólo es una demostración más de esa adulación obscena de estos felicitadores contemporáneos, alabarderos oficiosos, que sin pudor, dejaron de ser ciudadanos para volverse vasallos.
No obstante este obsceno vasallaje, mucho más grave resulta el carácter socialista que se le pretende atribuir a la ley. Denominar a la ley del trabajo como “Ley Socialista del Trabajo” constituye una flagrante violación a las leyes de la República y, de acuerdo al sentido protagónico que la misma Constitución le atribuye al pueblo, a la voluntad por éste expresada el 2 de diciembre de 2007. No hay cabida en la actual legislación – y voluntad popular – para epítetos como ése, mucho menos para endilgarle a la ley un sentido teleológico expresamente prohibido, no sólo por el reconocimiento explícito que estableciera el constituyente de 1999 a las instituciones demócrata-liberales, sino porque además, el soberano se expresó y dijo claramente que no a la propuesta socialista.
Sigue la propuesta legislativa gubernamental con la intención de socializar las mejoras e invenciones surgidas en el “proceso social de trabajo” y declararlas como “propiedad social y de interés nacional y al servicio del bienestar de la población”. Además de denominarlo de un modo muy cursi, constituye sin lugar a dudas una confiscación de la propiedad intelectual y, por ello, de la propiedad privada (que comprende por igual la de bienes tangibles como intangibles, que sean susceptibles de apropiación particular), que bien se sabe, está protegida constitucionalmente. Y por esta misma razón está prohibida la pretendida participación del trabajador en las regalías por esas mejoras e invenciones, decididas unilateralmente por parte del Estado, dado que, siendo aquéllas objeto del derecho privado, mal puede el Estado establecer parámetros sobre una co-creación en la que no ha tenido participación. Tal decisión estaría sujeta en todo caso a la relación contractual (de derecho privado) entre el trabajador y su patrono, en la cual el Estado es totalmente ajeno y, aunque sea ésa la verdadera voluntad de este gobierno, el Estado no puede arrogarse la figura de “padrecito”.
Por último, de acuerdo a la noticia de ND, el proyecto establece que los trabajadores ejercerán una gestión directa y democrática en procesos que definen la administración de un negocio (definición, formulación y ejecución del plan y el presupuesto, así como el control y evaluación de sus resultados), con lo cual estaría violentándose, de nuevo, la propiedad privada. Se le confiere a los trabajadores con esta norma  uno de los atributos fundamentales de la propiedad como lo es el derecho de disponer del bien propio como mejor se le antoje (la disposición es, de hecho, el atributo más importante del derecho de propiedad), cuando su contraprestación ya está remunerada a través del salario y su relación subordinada a las decisiones de la patronal. Un comité de trabajadores no tiene el derecho a inmiscuirse en la administración y gestión de un negocio para el cual sólo presta un servicio regido por una contratación de estricto carácter laboral y en caso alguno societario (como lo sería de tener derecho a participar en la toma de decisiones de una empresa de la cual no son propietarios). Así mismo, la legislación vigente ya plantea de todas formas esa participación de los trabajadores a través de los sindicatos y de la contratación colectiva (que deja en manos de las partes – patrono y sindicatos – todo lo concerniente a las condiciones particulares de esa contratación). De nuevo, este gobierno desea endilgarle al Estado la odiosa figura del “padrecito”.
Debe acotarse, por último y seguramente mucho más grave, que establecer legalmente como deber de la clase trabajadora en los centros de trabajo, incluir aspectos sobre la seguridad y de la defensa de la nación en caso de agresión extranjera y de la población en caso de desastres naturales, constituye una peligrosa y perniciosa militarización de la población civil. Si bien los ciudadanos estamos obligados a defender al país, lo cual es una verdad de Perogrullo, la función de defensa y seguridad nacional está claramente atribuida al Estado, a través de la única milicia aceptada constitucionalmente y conforme a las más básicas reglas democráticas: la Fuerza Armada Nacional. Hay un claro elemento fascista (aunado al culto a la personalidad del caudillo) en la formación de grupos civiles (sea en los centros laborales u otros) con funciones decididamente castrenses, que, bajo los mismos argumentos que prohíben la institucionalización de un modelo socialista, la creación de estos comités de trabajadores para la seguridad y defensa de la nación estarían al margen de la Constitución vigente y, desde luego, de la vocación democrática venezolana.
Se advierte pues, un claro ánimo de socializar al Estado venezolano, cosa que, según la Constitución vigente y a la voluntad popular libremente expresada en las urnas el 2 de diciembre de 2007, este gobierno no puede hacer. No puede transformar la economía y las instituciones demócrata-liberales en unas socialistas, como lo dijo recientemente la ministra Marian Hanson. Por eso, repito la pregunta que titula este artículo; ¿Qué parte del NO no entendieron?

Caracas, 26 de marzo de 2012 

martes, 13 de marzo de 2012

El anaquel de las utopías


        El futuro no está lejos. De hecho, llegamos a él hace unas décadas, sólo que no nos habíamos percatado. Y puede que ese malestar, expresado como resentimiento, sea esa incapacidad para comprender la contemporaneidad. Pero el mundo, nos guste o no, cambió mucho en muy corto plazo. Y algo es seguro, no hay vuelta atrás. Sólo queda adaptarse a las nuevas realidades lo mejor posible. Pero para desgracia de algunos pueblos, sus líderes, en vez se ser faros para encausar sus países hacia el desarrollo, son sólo espejos que intentan inútilmente anclarlos en el pasado.
            La globalización no es una ideología o una imposición infame de las naciones más desarrolladas. Es sólo el resultado de la explosión tecnológica, cuya profundidad es tal que bien podríamos llamarla apropiadamente una revolución. Es pues, un hecho. Por ello, no hay modo de rechazarlo. Hoy por hoy, las fronteras existen apenas para impedir, ciertamente sin mucho éxito, el cruce de inmigrantes ilegales. El tiempo y el espacio que en otras épocas distanció el flujo entre los pueblos, incluso por causas bélicas, ahora simplemente no existen. La comunicación para bien o para mal tiene lugar al instante y también sus efectos.
            En 1991 se materializó finalmente el triunfo del liberalismo democrático sobre las demás ideologías. La URSS – y con ella, el modelo socialista, último de los regímenes totalitarios – cayó, no porque fuese abatida por alguna potencia superior, sino por el fracaso contundente de sus postulados. El socialismo, a pesar del duelo de tantos alrededor del mundo, está muerto y enterrado. En su lugar, fracasadas además las otras formas de gobierno (unas mucho antes, como el absolutismo, y después, el fascismo y el nacionalsocialismo), sólo resta el liberalismo democrático.
            Creer que el futuro nada tiene que ver con la globalización efectiva del mundo es un error. El futuro es precisamente ese inflamante flujo de información que ha ido liberando a los pueblos, no sólo de gobiernos tiránicos sino además, del atraso y de la miseria. No estará hecha toda la tarea pero se ven luces. Actualmente, la Primavera Árabe parece mostrarse, en principio, como un movimiento encausado a liberar esos pueblos del subdesarrollo medieval en el que aún viven. Esperemos que este desdichado ensayo socialista venezolano acabe pronto, sin tanto dolor como en el mundo árabe.
            En el futuro, éste que ya llegó, no hay cabida para eso que los demagogos llaman pueblo, vale decir esa masa ignorante, marginada por los mercaderes de la política para mantenerlos cautivos con sus falsas promesas de desarrollo. Hay cabida en cambio para ciudadanos, que no se dejan esclavizar y que, por el contrario, exigen de sus líderes más que delirios de un pasado remoto, olvidado en el anaquel de las utopías.  

                                                                                                                   Caracas, 13 de marzo de 2012

viernes, 9 de marzo de 2012

De cómo la expropiación puede ser un asalto al Estado de derecho


Se sabe, el Estado goza de la facultad para expropiar bienes particulares, cuando éstos sean requeridos para fines de utilidad pública o interés social. Sin embargo, vistas las expropiaciones llevadas a cabo por este gobierno, cabe aclarar muchas cosas sobre una institución que, en virtud de la limitante que impone a la propiedad de los bienes particulares, debe ser comprendida siempre como una excepción y por ello, interpretada de modo restrictivo. Empecemos pues citando la Constitución vigente: Artículo 115: Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.
Nadie discute que los bienes sean susceptibles de expropiación. Otra cosa sin embargo son las causas que justifican la expropiación (que de paso, son inherentes al proceso expropiatorio). Veamos esto. En primer lugar, la Constitución consagra el derecho a la propiedad privada como un principio general de derecho (esta es pues, la regla general), que puede limitarse, desde luego, pero, dado el carácter excepcional de los límites a la propiedad particular, sólo en función de causas muy claras. Son éstas la utilidad pública y el interés social. Entonces, en una discusión seria sobre la expropiación no importa si el bien a expropiarse es un edificio, un terreno, un auto, una licuadora o un comercio, sino las causas ontológicas que motivan la expropiación. Es verdad que el Estado puede ejercer esa facultad pero no puede ejercerla caprichosamente.
Todo bien particular está sujeto a limitaciones, como impuestos, permisos, licencias y otras cargas que amerite el interés general. Sin embargo, sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes, como se lee en la norma constitucional antes citada sin cortapisas ni posibilidades para interpretaciones amplias. Si ha de expropiarse un bien particular, debe declararse la utilidad pública y el interés social que la justifique. Su importancia es tal que resulta sustancial al procedimiento expropiatorio, sin la cual se viciaría todo el acto.
Importa pues, definir que es utilidad pública e interés social. Y no son éstos aquello que a cualquiera se le pueda ocurrir, como por ejemplo, la necesidad de un sector de poseer vivienda propia. Si lo vemos desde un punto de vista amplio, puede definirse como la utilidad, conveniencia o bien de los demás ante los menos, de la sociedad ante los particulares, del Estado sobre los súbditos. Debe constituir el alma de las leyes y el criterio del gobierno[1]. Este gobierno no obstante ha desnaturalizado la institución hasta degenerarla en un acto vindicatorio de un sector hacia otro. No hay en la mayoría de las expropiaciones realizadas por este gobierno una legítima utilidad pública o un genuino interés social. Hay un notorio cariz político-ideológico, que disfraza de interés social la ilegal e ilegítima transformación del modelo liberal consagrado en la Constitución a uno socialista[2].
La utilidad pública y el interés social son necesariamente genéricos, teniendo como tal a la indeterminación del sujeto beneficiado con la declaratoria de utilidad pública e interés social. Dicho con un ejemplo, la construcción de una autopista o una vía ferroviaria que beneficiaría a los habitantes de una localidad es de utilidad público e interés social. No obstante, despojar a un constructor de lo que es suyo para regalarlo a unas personas sin vivienda constituye una desnaturalización perversa de la facultad expropiatoria y por ello, contraria al derecho. Y la Constitución es cristalina al respecto, sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.
Algunos dirán – bajo una falsa concepción de utilidad pública e interés social – que ofrecerle vivienda digna a los ciudadanos es en efecto de utilidad pública e interés social. Y nada tendría de malo si se expropia un terreno con vocación habitacional para edificar viviendas de interés social y venderlas posteriormente a quienes cumplan los requisitos establecidos para su adquisición. Pero expropiar un inmueble – por ejemplo un desarrollo habitacional – para ofrecerle vivienda a unos damnificados, por duro e inhumano que pueda parecer, es contrario a la justicia y al derecho. Dicho de un modo más simple, con la demagogia del mítico héroe británico Robin Hood se estaría robando al rico para darle al pobre. Comprendemos que eso es inaceptable y esencialmente injusto.
Veamos esto detenidamente. Si yo expropio a “A” para darle vivienda a “B”, no estoy atendiendo al interés público, sino a la necesidad de un grupo, que podría adquirir una vivienda digna como el resto de los ciudadanos, vale decir, comprándola en el mercado primario o secundario o al Estado, si éste desarrolla complejos habitacionales a bajos costos para gente de menores recursos. Esto se traduce en un privilegio que, por imperio de la Constitución vigente, es contrario a la ley (y a la justicia). El sector más pobre gozaría de privilegios por el sólo hecho de ser pobres y la pobreza no otorga privilegios ni prebendas. Si el Estado despoja a unos propietarios para favorecer con casas a precios reducidos – e incluso, regaladas – a unas que no poseen casa propia, estaría violentando el derecho de propiedad porque, de regalar  - o vender a precios muy bajos – casas que se le han quitado a otros, estaría igualmente obligado a ofrecérselas consecuentemente a todos los venezolanos, sin importar su condición social. Se privilegia a un sector cuando se le conceden beneficios que a los demás no.  
Algo semejante ocurre con las expropiaciones de bancos, de comercios, de industrias y de haciendas. No hay utilidad pública o interés social si se le quita a un particular su fundo, industria o comercio para que el Estado se arrogue la propiedad y produzca lo mismo que ya venía produciendo. Carece de sentido haberle expropiado a una empresa cualquiera que se dedique al retail de alimentos, para citar un ejemplo, si el Estado va a continuar realizando el mismo giro comercial. No hay interés público porque lo que en verdad constituye el interés público, léase la venta de alimentos, ya lo venía realizando el propietario original. Lo mismo ocurre con las casas. El Estado estaría despojando al dueño de un desarrollo bajo el pretexto de ofrecer viviendas a los que no las poseen. No obstante, eso es lo que en efecto, hacía el dueño del desarrollo.
Podemos decir pues, que la mayoría de las expropiaciones realizadas por el gobierno de Chávez son inconstitucionales, porque no satisfacen una de las características esenciales al proceso expropiatorio, como lo es la causa de utilidad pública o interés social. Así lo prevé el artículo 115 de la Constitución y todo acto contrario a ésta es por definición nulo de nulidad absoluta.
Sabemos, por supuesto, que las expropiaciones en este período revolucionario tienen un doble propósito: amedrentar al particular, amenazándole con despojarlo de lo que es suyo y le pertenece, e ir socializando la economía del país, apropiándose de los bienes que a juicio del régimen no deben pertenecer a los particulares[3]. Debemos recordar una vez más que éste gobierno (que es esencialmente temporal) carece del derecho para modificar los principios socio-económicos estructurales sobre los cuales se cimienta la sociedad venezolana. Máxime cuando sobre ese particular se consultó al soberano y éste se pronunció negativamente, haciendo del tema un asunto vetado. Las leyes que aplican la reforma constitucional rechazada popularmente son nulas, contrarias al derecho y por supuesto, una violación a la manifestación popular libremente expresada a través del voto. Son pues, un golpe de Estado continuo, porque violan sistemáticamente no sólo la Constitución vigente, sino también las estructuras aceptadas en el contrato social. Pero es éste tema para otro debate.


[1] Guillermo Cabanellas. Diccionario enciclopédico de derecho usual.  Editorial Heliasta. 2da edición actualizada y ampliada. Buenos Aires, Argentina. 1989.
[2] Cabe señalar, e insistir, que realizada la consulta al soberano, éste negó la reforma y por ello, quedó vetada la socialización de la economía venezolana.
[3] Debemos comprender que las limitaciones impuestas constitucionalmente a la propiedad no implican en modo alguno la socialización de la economía. De hecho, ésta es contraria a derecho, en cuanto la misma Constitución no prevé esa forma de gobierno para Venezuela.